PlayGround utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación. Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.

C
left
left

Now

156 plantas de reciclaje han ardido en solo seis años: ¿azar o un gran negocio?

H

Arganda del Rey
 

En 2017, ardieron al menos 57 plantas de reciclaje en España. Dentro del gremio creen que hay un negocio ilegal: quemarlos para escabullirse de lo que cuesta descontaminarlos y reciclarlos

astrid otal

22 Abril 2018 11:40

Sucede frecuentemente. En España, arden plantas de gestión de residuos. Ha habido una proliferación de incendios en plantas dedicadas al reciclaje en los últimos años. Existe la sospecha de que muchos de estos fuegos no sean casuales.

El pasado enero, a raíz de una denuncia presentada por EQUO, la Fiscalía de Medio Ambiente notificó que iba a investigar qué hay detrás de tantos fuegos.

“Debe estudiarse caso por caso, pero llaman la atención”, dice Juantxo López de Uralde, coportavoz de la formación política.

En 2016 hubo 32. En 2017, ardieron 57. Este año ya van 7. BlogSOStenibilidad, página que los contabiliza, avisa que la lista no es exhaustiva porque se basa solo en los incendios que aparecen en prensa. Desde 2012, 156. Pero podrían ser más.

Plantas de reciclaje que han ardido en España desde 2012. Fuente: Stephen Lyne

Aparte de los accidentes -que suceden-, dentro del gremio sospechan que algunos colegas los prenden intencionadamente. "Te pagan por tratarlos y, en vez de eso, los quemas. Todo es beneficio: al día siguiente no tienes residuos", critica Daniel Septien, de Gestores de residuos autorizados en España.

Las empresas gestoras cobran de supermercados, industrias, administraciones u otras compañías para que se los lleven. "Después, nadie hace un seguimiento real. La opinión pública no es consciente de todos los residuos que generamos. Del gran negocio", apunta Salustino Luque, de EQUO Córdoba, donde han tenido varios siniestros.

La trama criminal

Saltaron las alarmas después de que se diera un caso extremo. De madrugada, un viernes a finales de agosto de 2016, los vecinos de Chiloeches (Guadalajara) se despertaron con una nube negra. "Yo salí a las 6.00 de la mañana a trabajar y pensé que se avecinaba una tormenta", recuerda Augusto Barcenilla, de Ecologistas en Acción.

En el polígono a escasos dos kilómetros de la población, se había incendiado una planta que acumulada ilegalmente 20.000 toneladas de disolventes, aerosoles y otros residuos peligrosos. Carecía de autorización ambiental desde 2014 pero había seguido operando. El Seprona de la Guardia Civil y técnicos de la Junta de Castilla La Mancha la tenían bajo lupa. Habían pedido a los dueños que se ocuparan de los productos. Les habría costado 1,2 millones de euros, según un informe del Servicio de Medio Natural de la Comunidad Autónoma. Pero prendió.

Todavía no se ha aclarado si fue provocado, pero luego se descubrió un buen pastel. El juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara imputó a 19 personas. Entre ellos, César Urrea, exalcalde del PP de Chiloeches y Matilde Basarón, exdirectora general de Calidad e Impacto Ambiental del antiguo Gobierno de María Dolores de Cospedal entre 2011 y 2015. También está salpicado Sergio González, viceconsejero de Medio Ambiente que dimitió del siguiente Ejecutivo socialista tras publicarse que había tenido relaciones empresariales con el Grupo Layna. El juez los tiene citados para esclarecer qué sabían y por qué no actuaron para paralizar el presunto entramado.

La planta acumulada ilegalmente 20.000 toneladas de residuos peligrosos. A KUK Medioambiental le hubiera costado 1,2 millones de euros ocuparse de ellos. Pero prendió.

Incendio en Chiloeches. Fuente: Twitter Lorena García

La empresa KUK Medioambiental era la propietaria de la planta. Desde marzo de 2015 hasta marzo de 2016 el Grupo Layna alquiló sus instalaciones. En la nave entraban residuos peligrosos -como pinturas, productos industriales- que debían descontaminarse. En lugar de eso, se encubrían mezclándolos con escombros para hacerlos pasar como residuos de Construcción y Demolición. Los camiones, entre 8 y 10 diarios, se cargaban e iban a los vertederos de Las Mulas y Salmedina. Con el gerente de este último, el Grupo Layna “mantenía una estrecha relación”, según aparece en el auto, y también se le ha imputado por tres delitos medioambientales. Más de 50.000 toneladas repletas de toxicidad se habrían volcado a la zona.

Cuando acaba el acuerdo entre KUK y Layna en marzo, los residuos se van amontonando. Se cree que KUK no tenía tan buenos contactos en vertederos como Layna. Ambos están encausados y el juez los define como un “grupo criminal”. El Grupo Layna hace llegar a PlayGround que puso una denuncia cerca de dos meses antes de las llamas para alertar de negligencias y niegan los delitos que se le imputan. El Grupo sugiere que fueron trabajadores porque "siete de ellos presentaron su dimisión en bloque" tras acabarse la relación con KUK Medioambiental.

“Nos hemos quedado con montones de chatarra malolientes. La zona del incendio sigue sin estar descontaminada y nos preocupa cuando llueve porque la arrastra más. A pesar de que la Junta retiró miles de toneladas de residuos calcinados, aún quedan. Dice que debe ocuparse KUK, pero la empresa nunca los quitará. Hay robos de chatarra. El lugar no está correctamente cerrado. No sabemos dónde acaba”, denuncia Augusto, de Ecologista en Acción.

En Chiloeches se cuentan al menos otros seis incendios en naves. En la región, a una hora del municipio y apenas tres meses antes del siniestro detallado, se había vivido la pesadilla de Seseña.

No hacen faltan cerillas

“Almacenar sin criterio es peligroso porque es puro material de combustión. ¿Qué está sucediendo dentro de las instalaciones? Nadie lo sabe. Menos mal que el viento dispersó el humo y respiramos menos humo”, recuerda Salustiano Luque, de EQUO Córdoba.

Hubo 70 llamadas de los vecinos alertando de la columna de humo. El pánico era lógico. Toneladas de balas de plástico y cartón se abrasaron en la planta de reciclaje de la empresa Recicor XXI, del Grupo Barea, el pasado octubre en Córdoba. Los informes de los bomberos y la Guardia Civil decretaron luego que el incendio fue accidental, pero un año antes se habían detectado irregularidades que no habían sido del todo subsanadas.

¿Qué está suciendo dentro de las instalaciones? Nadie lo sabe

Esa misma planta había sido denunciada en 2014 por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) por “malas prácticas”. Entre 2011 y 2012 también había acumulado 100.000 toneladas de residuos procedentes de la central térmica de Puente Nuevo, muy próxima. Detectaron que los dejaban sobre el suelo sin ninguna impermeabilización.

“Todo el mundo quiere suavizar las cosas para no perder empleos, pero esto está siendo grave. En todas partes”, señala Luque.

En Zaragoza, Valencia, Sevilla, Murcia, Pontevedra y sigue.

En Arganda del Rey - "donde llegaron los residuos hospitalarios del Ébola”, recuerda Cloti Cuéllar, coportavoz del mismo partido pero en Madrid- preocupa que en sus 15 polígonos industriales se asienten más compañías gestoras de residuos. La explosión de Requimsa, una planta de residuos como disolventes, dejó una treinta de heridos y daños a las naves colindantes el pasado mayo. Había sufrido otro incendio en 2014.

“Encontramos un documento de la última inspección hecha en 2015 y firmada en 2016. Se ve que se habían identificado desviaciones, algunas relevantes. La pregunta es ¿hubo un seguimiento de si se corregían esas desviaciones? Y si no se hizo nada, ¿por qué no?”, se cuestiona Cuéllar.

Se teme que las restricciones anunciadas por China, donde acababa un alto porcentaje de nuestros plásticos y cartones, lleve a un aumento de los incendios por no poder darles salidas.

“Deberíamos reducir la producción de residuos. Evitar la política de usar y tirar de la que participamos. La gente tiene que saber que todavía gran parte no se recicla, sino que acaba en vertederos o incineradoras”, sostiene Luque.

En 2017, el Tribunal Europeo también llamó la atención al Gobierno de España por no cerrar 61 vertederos ilegales ni tomar medidas para evitar que broten. Verter ahí cuesta menos y los gestores que lo hacen se pueden permitir poner luego tarifas más bajas.

Apenas se producen inspecciones porque "hay pocos inspectores", apunta Fernando Follos, consultor ambiental.

“Nuestro sector sigue siendo muy opaco hasta en lo básico. No se sabe dónde terminan los residuos porque el gestor no lo suele decir. Dice posibles destinos a la administración pero no dónde para. Mucha parte del negocio es qué se hace con los desechos y si tienes un buen contacto con un vertedero das pistas a los otros”, señala Daniel Septien, del gremio.

"El control es documental, de papeles. Debería comprobarse que es real lo que aparece en los papeles. La investigación parece que siempre es a posteri cuando en un río aparecen peces muertos y se tira del hilo", añade.

share