PlayGround utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación. Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.

C
left
left
Artículo "Estoy en la lista negra de los que hay que matar" Now

Now

"Estoy en la lista negra de los que hay que matar"

H

 

Hablamos con Raúl Ramírez, líder campesino hondureño y compañero de los dos hombres asesinados el martes

21 Octubre 2016 06:00

El pasado martes por la noche, dos campesinos fueron asesinados en plena calle del departamento de Colón, Honduras. Salían de una reunión en la comunidad de La Confianza cuando cuatro sicarios con pasamontañas les acribillaron con armas de gran calibre.

Se trata de José Ángel Flores, presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y Dilmer Dionicio George, dirigente de la misma organización.

Ambos lideraban la lucha que los campesinos de esta región mantienen con terratenientes locales desde la década de los noventa. Ambos gozaban, también, de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras dos años de amenazas.

Sus muertes se suman a una lista creciente de ataques mortales contra activistas medioambientales, líderes indígenas y campesinos, entre las que destaca Berta Cáceres, asesinada el pasado marzo.

Hablamos con Raúl Ramírez, secretario general del MUCA, que toma el relevo de sus compañeros fallecidos.

¿Cuál es el motivo de estos asesinatos?

José Ángel fue un hombre que denunciaba los horrores que se cometen. También denunció que hay infiltrados paramilitares en nuestras reuniones. Lo perseguían. Fue asesinado por sicarios que corren por la zona, infiltrados en el movimiento campesino.

Karla Zelaya, portavoz de su organización, dijo a la prensa que hay testigos que identificaron a los encapuchados y los relacionan con los terratenientes. ¿Quién cree que ha pagado a los sicarios?

Eso debe investigarse y corresponde a la fiscalía.

Desde la muerte de la compañera Berta Cáceres cada vez más creemos en la existencia de la lista negra


¿Desde cuándo han detectado infiltrados paramilirates en sus reuniones?

Desde que ocupamos las tierras. Estas grandes empresas tienen el crimen organizado en distintas regiones de Honduras para darle muerte a dirigentes campesinos como José Ángel y Dílmer.

Según las cuentas del MUCA, ya son 150 los campesinos asesinados en el valle del Aguán desde 2009. También aumentan las muertes contra activistas y líderes indígenas en Honduras.

Desde la muerte de la compañera Berta Cáceres, cada vez más creemos en la existencia de la lista negra.



José Ángel Flores.

¿A qué lista se refiere?

Se compone de dirigentes de campesinos y también populares de la región de Aguán. Sabemos que hay más de 23 líderes en ese listado, incluyendo a mi persona. Estoy en la lista de los que los paramilitares tienen que matar. 

El pasado junio, un ex soldado que no quiso identificarse denunció la existencia de una lista negra en el ejército hondureño, en la que constaba el nombre de Berta Cáceres. ¿Cree que puede tratarse del mismo documento? 

Luchamos por la tenencia de la tierra, por la protección del medio ambiente y en contra de la explotación de minera. Es por esto por lo que nos persiguen, porque estamos con el pueblo.

Ofrecen dinero. Y cuando uno no acepta es cuando buscan cómo asesinarlo


El conflicto por la tierra en el valle del Aguán empezó en 2009, cuando ustedes decidieron ocupar unas 11.000 hectáreas de fincas cultivadas de palma africana. Alegan que estas tierras les pertenecen.

En 1991 se aprobó una ley que permitió vender las propiedades a los terratenientes, y en 1992 nuestras tierras fueron mal vendidas.

En la década de los ochenta, el gobierno les donó estas tierras como cooperativistas beneficiarios de la reforma agraria, pero durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) ustedes las adquirieron y se endeudaron con el Estado.

Sí. Los campesinos queremos que se investigue ese trato sobre la tenencia de la tierra en la región del Aguán.

Luego de que tomáramos las tierras, el Banco Mundial empezó a prestar dinero a las grandes transnacionales para que pudieran comprarla y para que puedan pagar guardias, policía nacional y militares que resguarden sus propiedades. Pero no tienen documentos que lo acredite. Utilizan la fuerza para usurpar las tierras que nos pertenecen como campesinos.



¿Cómo fue el proceso de compra y endeudamiento?

El gobierno se comprometió a darnos 4.000 hectáreas y nos colocó en un área a más de 3.000 familias, dándonos un préstamo para la adjudicación de las tierras por valor de 560 millones. Tenemos un plan de pago, tenemos que recaudar 20 millones de lempiras año por año (unos 800.000 euros). Somos cuatro asentamientos, lo cual significa que nos cobran 20.000 lempiras (unos 800 euros) al día por vivir aquí, por los intereses de esa deuda.

El estado tiene una ley con la que puede expropiar si los campesinos no pagamos la tierra, pero es injusto, porque las tierras nos pertenecen por la reforma agraria.

¿Con qué empresas tienen el conflicto?

La corporación hondureña Dinant es la que tiene más poder aquí. Tiene la planta extractora, se apropia de de 15.000 a 18.000 hectáreas de tierra sin estar adjudicadas legalmente. Han logrado convencer a campesinos para infiltrarlos a su favor en el movimiento, para desunirnos. Pero no lo han logrado, porque lo hemos detectado y denunciado.

Lo que a ellos les interesa es que nos muramos de hambre y puedan desalojarnos


¿Cómo les convencen?

Ofrecen dinero. Y cuando uno no acepta es cuando buscan como asesinarlo.

¿A usted le han ofrecido dinero?

José Ángel y yo buscamos mejorar la situación de la deuda del MUCA, que son más de 560 millones de lempiras (24 millones de dólares). Nos está hundiendo a las familias, no podemos ni pagar los intereses del 6%. Yo quería suavizar esta deuda para que las familias podamos seguir adelante y tengamos educación, salud y alimentos. Cada uno de nosotros vivimos con un dólar diario.

¿Y cómo intentaron sobornarle?

Contactamos con algunas empresas para que nos ayudaran a negociar, pero estaban confabuladas con esas corporaciones y nos estaban ofreciendo expropiación estratégica y el 5% de las ganancias que diera la explotación minera y una hidroeléctrica.



Velatorio de José Ángel Flores. Imagen de HRN.

Estaban pagando por vivir en su tierra, y en el momento en que ocuparon las tierras, empezaron las muertes.

Sí. Pagamos durante 2013 y 2014, pero el año pasado no fuimos capaces de pagar esos intereses porque el precio de la fruta se fue abajo. Estamos aguantando hambre. Por eso desde el MUCA estamos intentando que el gobierno nos mejore la deuda, una estructura financiera que podamos asumir. O que nos condone una parte, o que nos dé una amnistía hasta que resolvamos el estado financiero de la empresas del MUCA.

¿Temen que el Estado les eche?

No, porque ahorita con el compañero José Angel estábamos en reuniones para dirigir estrategias y dialogar con el gobierno.

¿Cómo ve la situación, ahora que lo han asesinado?

Puede haber algunos atrasos, tenemos que pensar y hacer la denuncia. Pero no vamos a parar. Estamos listos y queremos que se dialogue porque estamos jugando con la vida. Desde los dos puntos de vista.

José Ángel sabía que en cualquier momento podía caer


¿Qué quiere decir?

No podemos quedarnos con los brazos cruzados porque entonces nos morimos de hambre. Hay que seguir luchando. El gobierno firmó acuerdos con nosotros. Nos iba a dar salud, vivienda, proyectos de desarrollo alternos. Nos ubicó y no nos recibió más.

Hemos hecho denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ellos han considerado que la deuda del MUCA es una violación de nuestros derechos humanos. Por estar viviendo ahí y tener que pagar la deuda, nos estamos quedando sin los servicios que el Estado nos tendría que proporcionar como ciudadanos.



¿Por qué cree que el gobierno no les recibe?

Dice la ley que si una empresa tiene déficit financiero, el gobierno tiene que buscar una solución para esa empresa, pero no lo ha hecho. Hemos mandado notificaciones al Ministerio de Finanzas diciéndoles que nos hemos declarado en quiebra, les hemos dicho por qué, pero ni así responden. Lo que a ellos les interesa es que nos muramos de hambre y puedan desalojarnos.

Parece un callejón sin salida, y no parece que pueden mostrar miedo.

Claro que no, y aquí estamos, estamos listos. No vamos a dejar de luchar por lo que nos corresponde como campesinos.

Sus familias, ¿tienen miedo?

Nuestras compañeras tienen miedo, los hijos también. Nos dicen: "Papi, debería retirarse. Usted ya no puede estar en esto, no puede hacer más declaraciones, puede ser apuntado con su vida".

La familia dice muchas cosas, pero estamos listos para todo. Así como estaba listo José Ángel. Él sabía que en cualquier momento podía caer. Esperamos que nos siga dando fuerzas para seguir luchando.



share