El canon digital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (también) es ilegal
Ves una película pero la ves pirateada. Tu padre, sin embargo, se compra el DVD. Como tú la has visto pirateada, el autor de la película deja de recibir un dinero que le corresponde. Entonces, a tu padre, que sí que compra el DVD, le dicen que tiene que pagar más por su copia —un canon— para cubrir el dinero que gente como tú impide que llegue a quienes se han matado por hacer la película.
Esta historia parece vieja y, en efecto, lo es. En 2006, el Gobierno del PSOE estableció que, para compensar a las industrias culturales, los consumidores legítimos de sus productos, lo que sí pasaban por caja, tendrían que pagar más por cada copia, para mantener todo a flote. En 2010, sin embargo, vino un tribunal europeo y dijo que esto era ilegal porque se aplicaba indiscriminadamente.
Sin tiempo a que la respuesta del tribunal fuese recurrida, llegó el PP al Gobierno y, amparándose en esta ilegalidad, decidió cambiar la ley del canon.
El PP estaba confiado de ganar unos cuantos votos si daba un golpe a las sociedades que manejaban los derechos de autor. Con más o menos razón, entonces no había un solo bar en España donde no se quisiera ver a los miembros de la SGAE entre rejas. Y lo consiguieron: el PP dijo que iba a aguarles la fiesta.
El PP estableció que el canon solo podía financiar hasta 5 millones de euros en concepto de compensación a las industrias culturales
El nuevo Gobierno cambió la ley y dijo que la industria cultural seguiría cobrando un canon pero dando un fuerte bocado a sus ingresos. Esta vez, el canon no lo pagarían los compradores de productos culturales como tu padre, sino que lo pagaríamos todos. El canon iría incluido en una partida especial de los Presupuestos Generales del Estado y esa partida tendría una cuantía tope de 5 millones de euros.
José Ignacio Wert y José María Lassalle, arquitectos de la Ley de Propiedad Intelectual impulsada por el PP
Las gestoras de derechos de autor se quejaron, porque el tope impedía que recibieran el dinero que obtenían con la ley anterior. En cierto sentido, con el anterior canon, sus ingresos no tenían límite, podrían multiplicarse hasta el infinito por todas las copias que se vendieran. La justicia consultó la reclamación de las gestoras a Bruselas y Bruselas ha dicho, después de tres años, que la propuesta del PP también es ilegal.
En primer lugar, porque hace cubrir a toda la ciudadanía el gasto de los consumidores de productos culturales. Y sí, hay gente que ni lee, ni va al teatro o ve películas. Y luego, porque al hacer pagar a todos, también hace pagar a las personas jurídicas. Es decir, a las empresas que en el primer canon estaban exentas de pagar. Tiene sentido si, entre esas empresas, están también las que necesitan el canon para sobrevivir.
La lucha entre los políticos y el sector cultural carece de sentido en un escenario donde apenas nadie compra copias de DVDs
Con este pronunciamiento de la UE, La compensación a los autores ha quedado en el aire y está en manos de quien gobierne a partir de las elecciones del 26 de junio. (Si alguien gobierna).
El pronunciamiento de la Unión Europea sobre el canon, sin embargo, llega para una ley que se hizo en 1992, y que fue reformada en 2006 y más tarde en 2012. No obstante, en 2016, ni tu padre compra DVDs. El hábito de consumo de productos culturales ha cambiado totalmente y un canon sobre las copias privadas de películas, libros o CDs no tiene demasiado sentido.
El pronunciamiento de la UE no es más que una protección de los derechos de autor de acuerdo al modelo de mercado vigente hace 10 años. Sin embargo, ha prometido una nueva norma adaptada a los tiempos. ¿Costará más la suscripción a Netflix y a Spotify? Solo el tiempo lo dirá. Quizá dentro de 3 años, cuando la UE se vuelva a pronunciar.