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Artículo La declaración de la DUI: ¿suicidio de la autonomía catalana o soberanismo real? Now

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La declaración de la DUI: ¿suicidio de la autonomía catalana o soberanismo real?

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Analizamos los posibles escenarios que podrían producirse si Puigdemont declara definitivamente la declaración unilateral de independencia catalana

clara gil

06 Octubre 2017 06:00

La DUI, la declaración unilateral de independencia, ha pasado de ser un término recogido en la hoja de ruta independentista a una realidad que ya rozamos con los dedos. Más de dos millones de personas acudieron a votar el pasado domingo un referéndum ilegal y desacreditado por el Gobierno central. En total, un 42% del censo electoral dejó clara su postura: el Sí ganaba con un 90% de los votos.

El presidente del Govern, Carles Puigdemont, aseguró que los catalanes "se habían ganado el derecho a un estado propio" y que era cuestión de días declarar la independencia catalana. Sin embargo, han pasado más de 48 horas desde la votación y el Parlament catalán sigue sin declarar la DUI.

El Govern había convocado un pleno extraordinario que debía tener lugar el próximo lunes donde se esperaba que se proclame, de forma unilateral, la República Catalana. Un pleno que, pese a no estar publicado, ha tumbado hoy el Tribunal Constitucional tras admitir a trámite el recurso del PSC.

Horas antes de suspenderse, el Vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguraba que "todavía queda tiempo para negociar". La respuesta desde Madrid no se ha hecho esperar. Rajoy no cede en su pulso y advierte a Puigdemont que cese su plan independentista. Mientras tanto, la aplicación del artículo 155 está sobre la mesa.

Un pulso que puede desembocar en varios escenarios especulativos: desde la suspensión de las competencias catalanas y del estatuto de Cataluña a la indepedencia real de Cataluña. Analizamos los distintos escenarios.

Declaración de la DUI y entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad

Puigdemont asegura que están esperando al recuento total de los votos. Según el President queda todavía por escrutar el voto del extranjero y un 3% de los colegios electorales. Esquerra republicana y la CUP, forzaron un pleno extraordinario previsto para este lunes y donde se esperaba que Puigdemont declarase la República Catalana.

Ahora, la suspensión del Tribunal Constitucional supone un nuevo revés para los partidos independentistas que, de momento no se han pronunciado. Tan solo el Conseller de Presidencia, Jordi Turull, comentaba a través de Twitter su perplejidad ante la decisión del Constitucional. "El pleno no está convocado. Al menos un servidor no tiene constancia de ello".

 





Ya sea por estrategia o por un fallo técnico, el pleno del lunes no estaba oficializado. Pese a ello el Tribunal Constitucional lo ha suspendido por la vía exprés. A la espera de que el Govern aclare cuáles serán los próximos pasos a seguir, la posibilidad de declarar una República Catalana en los próximos días sigue en pie.

Pero algunos partidos se impacientan.

"Todavía no está claro el procedimiento ni los pasos a seguir. Si fuera por nosotros el pasado miércoles ya habríamos declarado la República. Los catalanes dejaron clara su postura el pasado domingo y tenemos un compromiso con ellos que no podemos obviar.", explican desde la CUP. El partido aseguró esta semana que el lunes se declararía la República. No quisieron entrar en detalles de cómo se haría, ni dónde ni si sería el propio Puigdemont quien la declarase.


Si se aplica la DUI en los próximos días  entraría en vigor la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional. Carles Puigdemont sería el Jefe de la República Catalana y se votaría una Constitución mediante un referéndum popular.



Las asociaciones civiles de ANC y Ómnium también mantienen la postura de declarar la República. "Está en la hoja de ruta que llevamos años diseñando. Millones de catalanes salieron el domingo para votar jugándose la cara. La respuesta del Gobierno central está clara: represión policial y cero diálogo. Los siguientes pasos a seguir, tal y como se ha pactado, son la declaración de la independencia y la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad", mantienen desde la ANC.

La Ley de Transitoriedad, suspendida también por el Tribunal Constitucional y cuya aprobación el 7 de septiembre suscitó una gran polémica, sería el nuevo marco legal de la futura República en caso de declarar la independencia.

"Desde un punto de vista jurídico y legal no habría un vacío. Se aplicaría la Ley de Transitoriedad que derivará en la votación de una constitución, aprobada por referéndum popular, y posteriormente la convocatoria de elecciones donde se votará al nuevo gobierno de la República", explican desde la asociación Drets. Durante la transición, Carles Puigdemont sería el Jefe de Estado.

La aplicación de los artículos 155 y 116

Desde el Gobierno central la opción de aplicar los artículos 155 y 116 está sobre la mesa. El discurso del Rey Felipe VI dejó clara su postura y apeló al cumplimiento de la Constitución española. Hoy, el Presiente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido a Puigdemont que "la única vía posible es que no declare la independencia el próximo lunes".

Los escenarios, aunque solo pueden ser especulativos, pasarían por impedir la celebración del próximo pleno, algo que ya han hecho, o por la detención de los máximos representantes del Govern. Es decir, tanto el presidente catalán, Carles Puigdemont, como el Vicepresidente, Oriol Junqueras, podrían enfrentarse a penas de cárcel. 

 

"El plazo necesario para aplicar el artículo 155, aunque no podemos decirlo con certeza ya que nunca se ha llevado a cabo en España, sería como mínimo de 6 días.", explican desde la asociación Drets. "Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara (147 de 2013) lo más probable es que se haga por la vía exprés y se suspenda de facto la autonomía catalana sin pasar por ninguna de las Cámaras".


Así lo dispone el Código Penal. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional es uno de los supuestos que el Código Penal, en su artículo 472 y se castiga como delito de rebelión y prisión (de 15 a 25 años) para los "jefes de estado". También para quien ejerza "un mando subalterno", de 10 a 15 años y por la mera participación en el mismo se castiga con entre 5 y 10 años de cárcel. También podrían ilegalizarse los partidos independentistas.

El famoso artículo 155 de la Carta Magna y que se ha repetido, junto a la DUI, hasta la saciedad en los últimos días supondría el suicidio del Estatuto Catalán y el final de sus competencias. El procedimiento supone en primera instancia pedir a Puigdemont que cese de sus actividades. En el caso de recibir una negativa, el Gobierno central debe acudir al Senado para que intercede. Si de nuevo se produce una negativa, el Gobierno deberá presentar una serie de medidas que la cámara del Senado tiene que aprobar, para, finalmente aplicar el artículo 155.


Aplicar el artículo 155 conllevaría a la nulidad de la Generalitat y del Estatuto Catalán. El delegado de Gobierno, Enric Millo, sería el nuevo presidente y se convocarían elecciones.


"El plazo necesario, aunque no podemos decirlo con certeza ya que nunca se ha llevado a cabo en España, sería como mínimo de 6 días", explican desde la asociación Drets. "Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara (147 de 2013) lo más probable es que se haga por la vía exprés y se suspenda de facto la autonomía catalana".

En ese escenario, las comptencias catanalas quedarían anuladas y pasarían a depender del Gobierno central. El delegado de Gobierno, Enric Millo, pasaría ser la máxima autoridad, es decir, el nuevo presidente. "El siguiente paso sería convocar nuevas elecciones, aunque la Constitución no lo contempla", mantienen desde Drets.

Otro posible escenario sería declara el Estado de Excepción (artículo 116). El Gobierno central podría utilizar a todas las fuerzas del Estado (Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía autonómica). La diferencia aquí es que necesitaría la mayoría de los votos del Congreso, algo que en estos momentos el Partido Popular no tiene.

 ¿Hay cabida al diálogo?

El discurso del president Puigdemont de ayer estuvo plagado de ambigüedad. Junqueras también ha asegurado que el Govern está abierto al diálogo. El Govern no desmiente que se estén llevando a cabo conversaciones mediante interlocutores como el arzobispo de Barcelona. Gran parte de la sociedad civil y de la comunidad internacional ha pedido diálogo entre las partes. La propia alcaldesa de barcelona, Ada Colau, dejaba clara su postura a través de las redes sociales: "Ni DUI ni 155. necesitamos diálogo".

Sin embargo, la entrevista que Rajoy ha concedido hoy a la agencia de noticias EFE cierra la puerta a cualquier tipo de negociación. "La mejor solución, y creo que eso lo compartimos todos, es la vuelta a la legalidad, que es que todas aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo liquidar la ley y situarse fuera de ella, vuelvan a la legalidad", ha dicho Rajoy.

Ayer tuvo lugar una Comisión excepcional en el Parlamento Europeo para debatir sobre la polémica catalana. Tan solo el partido de los Verdes urgió al Gobierno español a permitir la proclamación de un referéndum pactado como el de Escocia. La respuesta, tanto de la Unión Europea como de la comunidad internacional ha sido muy tibia. Condena de la violencia y represión policial del pasado domingo, que dejó a 844 heridos, y apela a ambas partes al diálogo, pero siempre bajo el cumplimiento de la ley.




La declaración unilateral de la independencia, de momento, no tiene apoyos internacionales. El Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona, Clemente Polo, advierte de las consecuencias negativas de salir de la Unión Europea. Tanto a nivel económico, como a nivel político. "El proceso de adhesión de una República Catalana exigirá iniciar unas negociaciones prolongadas y el apoyo de todos los Estados miembros, incluida España", sostiene.



Paralelamente, el líder de Podemos Pablo Iglesias, ha propuesto formar una mesa de negociación para mediar entre Moncloa y Govern. También la Iglesia Católica y más concretamente los arzobipos de Madrid y Barcelona, mantienen reuniones con ambos presidentes en un intento de "calmar las aguas".

"La propuesta de diálogo llega tarde y mal. Durante años se ha intentado llegar a un acuerdo, a dialogar, a negociar. Nadie la ha respaldado. Solo cuando han visto que millones de catalanes están dispuestos a desobedecer es cuando se ha invocado al diálogo. No creemos que ahora vaya a cambiar nada con el Gobierno central", mantienen desde la asociación Drets.




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