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"El Tribunal Constitucional se ha convertido en un brazo político del Gobierno"

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El Tribunal Constitucional acaba de anular la Ley de ruptura del Parlament catalán pero esta es solo la última decisión de una larga lista que demuestra que el órgano lleva 30 años al servicio de los políticos de turno

clara gil

10 Septiembre 2017 06:04

Dos instituciones han copado las portadas mediáticas en los últimos días. El Tribunal Constitucional y el Parlamento catalán. De pasada, algún medio ha publicado que el Banco de España da por perdidos 42.590 millones de dinero público de los 56.865 que aportó el Estado al rescate bancario. La atención mediática es comprensible. Una institución como el Parlamento de Cataluña se va a pasar por el forro las impugnaciones del Tribunal Constitucional.

¿El motivo?: el Parlamento Catalán aprobó el pasado miércoles una ley para que los catalanes voten el próximo 1 de octubre si quieren ser independientes.

¿El problema?: el Estado Central no lo contempla como un Referéndum legal y pretende evitar a toda costa que se viole la Constitución.  

Para ello, el TC ha acordado este martes anular la Ley de ruptura que aprobó el Parlament el pasado jueves. Antes de ello, el órgano ya anuló la Ley de Referéndum de urgencia y advirtió que iba a apercibir personalmente a los 948 alcaldes catalanes, a cerca de 62 altos cargos de la Generalitat, a los responsables de los Mossos y a los medios de comunicación públicos catalanes. Para que no se hagan los suecos cuando llegue el momento.

Por si quedan dudas, el Constitucional les avisa de que, en caso de no acatar la prohibición, se enfrentan a responsabilidades incluso penales. Y por si las moscas mandó, el pasado miércoles por la noche, a agentes de la Guardia Civil a registrar una imprenta donde, supuestamente, se estaban imprimiendo papeletas para registrar a todo aquel que entraba y salía de la imprenta. El pasado viernes, los agentes, entraban en la redacción del semanario El Vallenc, en la localidad tarraconense de Valls.


Cinco años para revocar la Ley de Amnistía Fiscal. Cinco minutos para tumbar la Ley del Referéndum

Algo que ha llamado la atención es la celeridad con la que el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la Ley del Referéndum. El órgano se reunió de urgencia tras recibir las cuatro impugnaciones formuladas por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra el contenido de la norma, contra el decreto de convocatoria y contra el nombramiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

Para otras materias como el matrimonio homosexual, el aborto o la Ley de Amnistía Fiscal- aprobada por el Ministro de Economía, Cristóbal Montoro, en 2012 y cuyas consecuencias les ha costado a los españoles unos 10.000 millones de euros- el Constitucional se tomó su tiempo. Hasta cinco años en el caso de la revocación de la Ley de Amnistía Internacional que dio "carta blanca" a evasores como el exvicepresidente económico del Gobierno y posterior responsable de Bankia, Rodrigo Rato, o la familia Pujol, entre otros muchos.

Tampoco en el momento de la revocación de la normativa, el Constitucional quiso dictar consecuencias para los evasores. La amnistía solo afectaba a las rentas no declaradas de 2008, 2009 y 2010 y esos tres ejercicios están prescritos y fuera del alcance de la administración.

Para intentar entender las dobles velocidades que reinan en sus pasillos debemos comprender quiénes conforman el Tribunal Contitucional.  

Son 12 miembros, el Presidente y 11 magistrados más, de los que tan solo dos son mujeres. Entran en el ránking de los sueldos más altos de las intituciones públicas. Ganan unos 120.000 euros al año. Algo menos que el presidente del TC, que se lleva 130.000 euros y al que tan solo le superan el Rey y el Presidente del Supremo en tema salarial. El presidente actual es Juan José González Rivas, conocido por sus posturas afines al programa político del PP.

Pese a los suculentos sueldos no debemos olvidar que tan solo son 12 personas y claro, el trabajo se les acumula. Según apunta José Antonio González, abogado laborista del Colectivo Ronda, la media de recursos de amparo que admite a trámite el Tribunal Constitucional es de ocho al año. Sí, ocho al año. Entre los miles de recursos no admitidos a trámite se encuentra el de Juana Rivas, la madre que se negó a darle a sus hijos a su ex pareja, que cumplió prisión por violencia de género. Al final, por no conseguir el amparo de la ley a tiempo, tuvo que dárselos.

En la teoría, el Tribunal Constitucional es el garante último tanto de los derechos fundamentales y libertades públicas, como de la supremacía de la Constitución. En la práctica, se ha convertido en el brazo político del Gobierno de turno.

"En los primeros años de la Transición, el Tribunal Constitucional tuvo un papel relevante a la hora de defender y hacer cumplir derechos como la libertad de expresión. Veníamos de una dictadura y necesitábamos un árbitro que velara por los derechos de los ciudadanos", explican desde el colectivo de juristas Drets. "En los últimos 30 años el Tribunal Constitucional se ha convertido de forma completamente descarada en un brazo político del Ejecutivo", mantienen desde el colectivo, el único que interpuso una querella a la reforma del Tribunal Constitucional de 2015.


La Reforma del 2015 que concede al TC competencias extraordinarios contrarias a la Constitución

La reforma del 2015, aprobada por la vía urgente, permitía a los miembros del Tribunal Constitucional exceder sus competencias. Tres de los magistrados se negaron a la reforma por considerarla contraria a la Constitución. El propio Consejo de Europa criticó la reforma por conceder al órgano competencias propias del poder Judicial. Pese a ello, la reforma se llevó a cabo. Ahora el TC tiene la potestad de suspender cargos públicos, imponer sanciones y y anular de oficio actos contrarios a sus fallos.

Aquellos que debían velar por el cumplimiento de los derechos y por la Constitución son elegidos a dedo, por el Gobierno de turno, conviertiendo al órgano que debería ser un órgano de imparcialidad en una engranaje judicial al servicio del Gobierno. Teniendo en cuenta nuestro historial parlamentario, PP y PSOE llevan 30 años repartiéndose el pastel.

"Estamos ante una reforma de la Constitución encubierta porque según la Constitución el Constitucional no forma parte del Poder Judicial y, por lo tanto, si se tiene que ejecutar sus decisiones tiene que pedir ayuda a los jueces y tribunales, tal como recoge la Constitución española", aseguran desde el colectivo Drets.

Y ahí reside otro de los puntos clave de nuestro sistema democrático. La reforma de la Constitución. Redacta en 1978 por un grupo de hombres "los Padres de la Constitución", la reforma de la misma ha sido una contínua controversia. Pese a que los tiempos cambian, la Carta Magna tan solo se ha modificado en dos ocasiones. La última en 2011 para imponer un corsé en el déficit presupuestario y calmar así a los mercados y al Banco Central Europeo. Se hizo por la vía urgente y sin referéndum.



"El Tribunal Constitucional es una muestra más de la falta de democracia del sistema español"

La reforma de la Constución quizás habría evitado llegar al escenario actual en el que se encuentra Cataluña y el Estado Central. "Hace tiempo que el referédum catalán dejó de ser una cuestión legal para convertirse en un tema político", explica el colectivo Drets.

Entre medias, querellas, amenazas, medidas cautaleras y la advertencia del Constitucional de cargarse si es necesario a todos los funcionarios públicos que haga falta para impedir la celebración del 1-O. En este contexto la legalidad, la división de poderes y la imparcialidad del TC han quedado completamente en evidencia.

"La suspensión del referéndum en cinco minutos es un muestra de la disfunción democrática del ordenamiento jurídico", asegura el abogado y periodista Hibai Arbide. "La torpeza del PP está haciendo que un problema gestionable se convierta en un problema muy difícil de gestionar". La estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy es amenazar a los más de 2.000 alcaldes con sanciones penales si participan en el 1-O y para ello cuenta con la artillería del Constitucional, Tribunales Superiores y Fiscalías. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció ayer que "no pondrá en peligro a sus funcionarios públicos" y por ello no permitirá que se abran los colegios electorales.

"Lo de Cataluña es una muestra más de que en España la división de poderes no es real y que el Tribunal Constitucional es un brazo político más del Ejecutivo", mantiene Arbide. "La extralimitación de poderes del TC español es similar a la que se da en países como Polonia o Hungría, más cercanos a un régimen autoritario que a uno democrático", sostiene. "El TC es una muestra de la falta de democracia real del sistema español", conluye.


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