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600 cuerpos de desaparecidos a cambio de 2.400 megavatios: la lucha contra una hidroeléctrica en Colombia

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Fuente: Hidroituango
 

El proyecto Hidroituango ahogará varios municipios de Colombia con asesinados por encontrar. Las masacres cometidas por los paramilitares podrían haber ayudado a vaciar la zona y hacer el proyecto rentable mientras se ocultaba la verdad tras sus muertes

astrid otal

13 Abril 2018 06:00

“La paz aquí no ha llegado”.

En la región del norte de Colombia, en varios pueblos dentro del cañón del río Cauca, la guerra sigue en boca de los lugareños. No saben dónde están sus muertos. El territorio, de laderas inclinadas y bosque tropical, estuvo bajo dominio de las FARC en el conflicto. El plomo y la saña de los paramilitares que daban caza a la guerrilla aún reverbera.

A esa zona, de campesinos que vieron saltar por los aires sus vidas a manos de los grupos armados, se les quiere dejar bajo el agua. La central hidroeléctrica en construcción más grande del país, levantada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), atrapará a parte del Cauca, la segunda arteria fluvial más importante de Colombia donde se arrojaron muchos los cadáveres y se cavaron en los alrededores demasiadas fosas comunes.

Cerca de 600 desaparecidos forzados, de familias que lloran sin tener los cuerpos, se perderán para generar 2.400 megavatios. El gran embalse abarca 79 kilómetros de largo y afectará a doce municipios. Entre ellos, Sabanalarga, Briceño, Valdivia y Toledo. Está previsto que la inundación comience este julio. La empresa les dice que el megaproyecto es progreso, pero el proyecto está rodeado de dudas. Hubo más de 60 masacres sin esclarecerse sobre todo en la década de los 90 y principios de los 2000.

Algunas de esas matanzas ocurrieron en la finca La Carolina, a poco más de una hora en coche del río. Es propiedad del ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, investigado por presuntos lazos con el paramilitarismo. En su perímetro asesinaba impunemente el grupo armado los 12 Apóstoles.

“El pilar del proceso de paz era la verdad”, expresa a PlayGround Isabel Cristina Zuleta, portavoz del movimientos Ríos Vivos.

El pasado mes de marzo acudió al Parlamento Europeo. Bancos como el BBVA y Santander, e instituciones internacionales, financian esta presa llamada Hidroituango. Les habló de cunetas y de la importancia del río para la gente.

I. "Yo veía arrojar los cuerpos"

En Ituango, uno de los municipios pegados al río, se eleva el Puente Pescadero. Por la ventana de la cocina, José, con nueve años, veía cómo la guerrilla y los paramilitares se deshacían de sus víctimas. Tiraban cuerpos o partes: las manos, la cabeza, a cachos las piernas.

A la puerta de su hogar también llamaron un día, hace 16 años. Las FARC habían asesinado a su hermano mayor, a punto de entrar en la veintena. Su padre, frío en el porche. La familia nunca supo qué sucedió ni encontró al hermano.

Puente Pescadero deforestado para comenzar la inundación de la presa el próximo julio

La guerrilla imponía sus normas. Prohibido salir a deshoras, hablar con el ejército o los paramilitares o vender la coca o cosechas a otros que no fueron ellos. José, que se oculta detrás de un nombre ficticio, cree que la condena vino por vender pescado a todo el mundo. El hermano trabaja en una empresa, pero para ganarse un dinero extra lanzaba su caña a la corriente.

“Mi madre todavía llora”, nos dice en una conversación telefónica. Si en julio comienza el llenado, el Puente, su hogar y su sustento desaparecerán.

Peores fueron los paramilitares en el territorio. Entraban en las veredas, unos poblados dispersos, y disparaban antes de huir. A Rocío, una vecina de El Aro que prefiere el anonimato, la aplastaron contra el suelo en la masacre del 97. Estaba embarazada de seis meses. Perdió al bebé.

Álvaro Uribe, expresidente y entonces gobernador de Antioquia, deberá responder a preguntas por su responsabilidad. Un helicóptero oficial del departamento pudo haber sobrevolado el lugar ese día y haber consentido presuntamente la carnicería. La matanza en el Aro es una de las pocas que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Nos gustaría saber si los paramilitares y la construcción de la represa están conectados”, señala Zuleta, de Ríos Vivos.

“Nos gustaría saber si los paramilitares y la construcción de la represa están conectados”

La fiscal Patricia Hernández aseveró en 2011 que “el principal obstáculo para este proyecto fue la presencia de la guerrilla”. La presa se proyectó en 1997. Hernández quería investigar si se había dejado que los paramilitares vaciaran la región de guerrilleros e inocentes. No pudo seguir tirando del hilo porque la sacaron del departamento y la movieron lejos, a Caquetá, departamento colombiano del sur.

La policía intentó desalojar al municipio Sabanalarga la semana pasada. Es uno de los que sumergirá el agua

“Se ha dicho que es el proyecto más rentable del país. Aquí no queda casi gente. Son pocos a los que tienen que indemnizar”, sostiene Rocío en una llamada telefónica.

Los paramilitares también realizaron una limpieza social. En la finca La Carolina se ensañaban con las prostitutas, los mendigos o los que llevaban el cabello largo. La lista de reproches al Estado por abandonarles es inmensa.

II. "Ahora nos quitan el río, ¿qué les dejaré a mis hijos?"

“Las FARC hicieron cosas terribles e imperdonables, pero cumplieron un función social”, recuerda Zuleta.

La guerrilla ponía orden. Llevaba a raya a los ladrones y disuadía los conflictos cotidianos. Muchas jóvenes de su generación, violadas por sus padres o tíos, avisaban a la guerrilla para que interviniese o se unieron a las filas para huir. Con la firma de paz hace dos años, las FARC se marcharon pero no entró el orden gubernamental.

“Cualquiera quiere mandar. La inseguridad es mayor porque organizaciones criminales han rellenado el vacío”, reconoce Rubén, vicepresidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos.

El caos mueve a la gente. La espanta. Por otra parte, los vecinos temen por su sustento porque la presa corta el río del que viven que les da de comer. La mayoría son barequeros, extraen oro del agua de manera artesanal como lo hacían sus padres y antes sus abuelos.

La mayor parte de la población es barequera, extraen oro del río de forma arsenal como hacían sus abuelos

“De barequero no tenía sueldo fijo, pero a veces en una semana ganaba un millón de pesos colombianos (30 euros) y a la siguiente 200 pesos, entonces compensaba la una por la otra. No nos faltaba para comer. Ahora nos quitan el río, ¿qué les dejaré a mis hijos?”, lamenta Rubén.

En la actualidad, trabaja labrando la tierra. “De todo un poquito, lo que haya que hacer”, comenta. Pero la expropiación de terrenos a los dueños de las fincas les deja sin trabajo. Nadie les contrata. Sin alternativas, cada vez más gente comienza a plantar coca.

“Caigo enferma de pensar que me tengo que marchar. Somos gente de campo, barequeras, ¿qué vamos a hacer en la ciudad? Unos que se fueron para Medellín ya murieron. El desarraigo y las enfermedades de allá matan”, cuenta por teléfono Milena, presidenta de la Asociación de Afectados.

A ella ni siquiera Empresas Públicas Medellín la indemnizó. La compañía da unos 18 millones de pesos (5.200 euros), aunque puede variar. Sin embargo, muchas mujeres a las que no se les censó y barequeros no recibirán nada. Desde la compañía nos señalan que todo el mundo de la zona ha sido indemnizaba "y muy bien".

"Hay gente que aparece ahora y que no son habitantes. Empiezan a migrar de diferentes lados para recibir el dinero. Tienen que demostrar con documentos que tienen derecho", sentencian. También remarcan que es imposible que queden muertos en el río porque la velocidad de la corriente hace años que los habrá arrastrado. Ni una palabra respecto a las fosas comunes.

Milena subraya que hubo discriminación y que, además, a los barequeros no les avisaron del día del censo que se hizo en el Puente Pescadero. A los que no acudieron se les excluye de recibir dinero. El testimonio de Milena coincide con otras barequeras.

El muro de hormigón ya está levantado. La deforestación realizada se va a llevar por delante 1.296 hectáreas del bosque tropical seco. La semana pasada la policía intentó desalojar a los vecinos del municipio Sabanalarga. La vida de los campesinos de doce municipios peligra. Los muertos de las masacres se llorarán sin saber dónde están.

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