PlayGround utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación. Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.

C
left
left

Now

Lazos entre política y la industria agroquímica: España vela por los pesticidas

H

Getty
 

Fertiberia, la compañía de fertilizantes en la que trabajó la actual ministra Tejerina, la levantó un empresario imputado en la Púnica, investigado por financiar presuntamente al PP y al que premió el rey emérito

astrid otal

22 Febrero 2018 06:00

A principios de esta semana, El diario publicaba que el Gobierno español desaprobaba que Europa redujera los niveles tóxicos en los fertilizantes agrícolas porque perjudicaría a la industria agroquímica española. La Comisión Europea plantea rebajar los límites de cadmio hasta los 20 microgramos/kg en los próximos 12 años. La sustancia es un contaminante medioambiental tipificado como cancerígeno.Pero el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España defiende que el límite del cadmio se quede en 75 microgramos/kg.

A la cabeza de este Ministerio se encuentra Isabel García Tejerina, ex alto cargo de la empresa Fertiberia entre 2004 y 2012, año en el que salta al Gobierno de Rajoy. Estos lazos han sido criticados por Greenpeace y la noticia ha pesado especialmente en Huelva, tierra en la que Fertiberia causó inmensos daños. Desde la década de los 60 hasta 2010, contaminó su suelo y su marisma con vertidos de fosfoyesos, el residuo que queda de la fabricación de fertilizantes. Ahora están pendientes de que la compañía se ocupe de descontaminar el área.

Dentro de Andalucía, Huelva, Cádiz y Sevilla forman un triángulo mortal. Según los datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, la región concentra una mayor mortandad por cánceres y eleva las probabilidades de padecer enfermedades respiratorias. La Junta de Andalucía ha achacado las estadísticas a que sus ciudadanos fuman más y a otros hábitos de vida.

I. Abrazos a la industria de fertilizantes: el caso de Huelva

“Todo es un ovillo de intereses empresariales. Nos dejaron con más de 120 millones de toneladas de residuos vertidos a escasos 400 metros de la ciudad de Huelva. La zona tóxica abarca 1.200 hectáreas, igual que la superficie de la urbe”, explica Juan Manuel Buendía, secretario del colectivo ecologista local Mesa de la Ría.

Entre los más afectados, los vecinos del barrio Pérez Cubillos, uno que acoge a las rentas más humildes y que está más próximo al área tóxica. En Huelva preocupan los guiños a la empresa porque Tejerina aprueba la solución ofrecida por Fertiberia para descontaminar la marisma. Temen que al igual que con el cadmio, no se elimine el resto de problemas que ha causado la industria.

“En la actualidad, la ministra respalda la medida de enterrar las balsas de fosfoyesos ilegales con una capita de tierra de 30 centímetros. Es lo que más barato le sale a la empresa donde trabajó y una condena para nosotros. Las balsas amenazan con colapsar y romperse, una catástrofe ambiental que alegamos en la Declaración de Impacto Ambiental", apunta Buendía.

Fertiberia produce el 75% de fertilizantes en España pero es mucho más. Pertenece al Grupo Villar Mir, levantado por Juan Miguel Villar Mir. El nombre de este empresario de 86 años apareció en los papeles de Bárcenas por donar 300.000 euros al Partido Popular presuntamente a cambio de contratos. En su declaración en ese juicio afirmó que había financiado a las secciones sindiciales UGT y CCOO de Fertiberia. La cifra que se conoce es de 120.000 euros a ambos. En los momentos del pago, dirigía FIA-UGT Luciano Gómez, que está imputado en el caso de los ERE de Andalucía.

Hace apenas unas semanas, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a Villar Mir junto a su yerno, Javier López Madrid, ex consejero delegado de la compañía, en la trama Púnica por la adjudicación fraudulenta de obras en el metro de Madrid. López Madrid es el famoso compi yogui de Letizia Ortiz y Felipe VI.

En Huelva, por la parte que les toca, a Juan Miguel Villar Mir le llaman el marqués de los fosfoyesos. Casi un mes después de que el Tribunal Supremo confirmara la obligación de Fertiberia de paralizar los vertidos a la marisma en 2011, el rey Don Juan Carlos le concedió el título nobiliario por su “destacada y dilatada trayectoria”.

En Huelva llamaban a Villar Mir el marqués de los fosfoyesos. Casi un mes después de que se prohibieran los vertidos tóxicos, el rey Don Juan Carlos le concedió el título nobiliario

En la provincia, a los márgenes de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, se ubicó el área conocida como Polo Químico. Fertiberia en realidad encaja dentro de un entramado empresarial. A Franco se le ocurrió en 1964 fomentar la instalación de industrias químicas para explotar la riqueza de la zona. Aunque en 1991, adolecida la región, autoridades, sindicatos y empresarios firmaron unos acuerdos que establecían que no aterrizaría ninguna compañía de metales más para la recuperación del área, los acuerdos se hicieron trizas.

Fertiberia vertió en esta zona de Huelva durante décadas. A solo 400 metros de la ciudad. Fuente: Greenpeace y Mesa de la Ría, 2011

Dos años más tarde, la compañía estadounidense Freeport-McMoRan compra la refinería de cobre Atlantic Cooper, establecida desde los 70. En vez de rebajarse la actividad química, de repente repunta, todo con la complicidad de la Junta de Andalucía . Sucedió que entre las compañías se empezaron a querer mucho.

La fundición de cobre de Atlantic Cooper dejaba como regalo residuos de ácido sulfúrico. Fertiberia y Foret, otra planta de fertilizantes que operó hasta su cierre en 2010, le compraban el ácido sulfúrico a Atlantic Cooper para disolver la roca fosfórica, a partir de la cual se obtiene el fertilizante. Por su parte, las dos empresas de fertilizantes generaban como residuos los fosfoyesos.

Esos fosfoyesos, inservibles, Fertiberia los arrojaba al ecosistema de Huelva. Aunque no todos. Una parte la empresa los vendía como producto para corregir la acidez del suelo y viajaban a las tierras de cultivo del Bajo Guadalquivir, en el entorno de Doñana. En 2009 se acaba este negocio. La Guardia Civil descubre trazas tóxicas de uranio, cobre, cadmio, arsénico y plomo -entre otros- en fosfoyesos usados en 70.000 hectáreas dedicadas al girasol, arroz, remolacha y algodón del Bajo Guadalquivir. En teoría, los fosfoyesos debían estar libres de todas estas sustancias. Este caso está en los juzgados. Fertiberia niega su responsabilidad.

“Lo que sabemos es que en Huelva tenemos unas marismas que lloran. Bruselas dictaminó que los vertidos no eran inocuos sino tóxicos, peligrosos y ligeramente radiactivos. Queremos dejar de enfermar y que el Gobierno mire por los ciudadanos y no por la industria”, dice Julio Barea, de Greenpeace.

"Bruselas dictaminó que los vertidos [de Fertiberia] no eran inocuos sino tóxicos, peligrosos y ligeramente radiactivos"

Desde que los tribunales le prohíben verter los fosfoyesos a la marisma, Fertiberia no compra la roca fosfórica a OCP (Empresa Nacional de Fosfatos de Marruecos) para tratarla en Huelva. A OCP de Marruecos le compra la sustancia procesada y Marruecos se queda con los residuos de fosfoyesos. Marruecos es uno de los mayores exportadores de fosfatos del mundo. Sin embargo, la mina más rica no está en el país, sino en El Aaiún, en el Sahara Occidental.

“Estamos comprando a una empresa que expolia los recursos al pueblo saharaui”, señala Buendía, de la Mesa de la Ría.

A través de una tubería, OCP vierte los fosfoyesos a la costa. La sustancia blanca tóxica desemboca en el océano Atlántico.

OPC de Marruecos vierte los fosfoyesos, el residuo blanco, al Atlántico a través de una tubería. Las imágenes se tomaron con Google Earth y abarca el periodo de 2004 a 2016

II. España, a la cabeza del uso excesivo de agroquímicos

Más allá de de los fertilizantes, sus residuos e incluso de Fertiberia, a España se le critica el abuso de agroquímicos en el campo. El país encabeza el listado de los que más utilizan dentro de la Unión Europea. Entre 2011 y 2015, se esparcieron, cada año, cerca de 73.000 toneladas de productos químicos en los campos, según publicó El Confidencial. Bajo la lupa se encuentran muchos plaguicidas e insecticidas de los que se desconoce si pueden acarrear efectos negativos para la salud humana.

Naciones Unidas publicó un informe el año pasando alertaba que los plaguicidas se habían “promovido de manera agresiva” en el mundo y que preocupaba la exposición crónica por “vincularse al cáncer, a la enfermedad de Alzheimer, a trastornos hormonales, a problemas de desarrollo y a esterilidad”.

La industria de agroquímicos facturó en España 1.100 millones de euros en 2016. “Todos los días ingerimos esta clase de ingredientes que no vienen en la etiqueta”, critica Luís Ferreirim, de Greenpeace.

Marieta Fernández, científica de la Universidad de Granada, recuerda que los plaguicidas organoclorados se tuvieron que prohibir totalmente en España porque se acumulaban en el organismo y se relacionaban con efectos nocivos sobre la salud, incrementando el riesgo de cáncer, malformaciones genitales y otras patologías. Era el DDT, lindano, Metoxicloro o Hexaclorobenceno. Pese a que se dejaron de comercializar, este miércoles Ecologistas en Acción y Pesticide Action Network Europe revelaban en su informe Ríos hormonados que algunos de estos pesticidas perduran en las aguas superficiales. En 2016, detectaron 46 sustancias plaguicidas y el 70% se habían prohibido hace años. Además, 26 de las sustancias encontradas fueron identificados como disruptores endocrinos.

Como sustitutos a los insecticidas prohibidos, en la actualidad mayormente se usan los plaguicidas organofosforados que no se acumulan en el cuerpo porque son metabolizados y eliminados a través del sudor o la orina. Pasan entre 4 y 20 horas dentro de nosotros. “Tenemos menos publicaciones científicas acerca de estos plaguicidas pero que no se acumulen no les impide generar algún efecto adverso en la salud”, señala Fernández.

“Estos compuestos tardan entre 20 o 30 años en manifestar un efecto negativo en el organismo. Luego a la ciencia le cuesta otros 20 años comprobar que son los responsables. Para cuando se retiran del mercado, ya es tarde. A la industria se le debería exigir que compruebe los efectos de todas las sustancias a priori, no a posteriori”, expresa la científica.

Que haya sospechas ni siquiera garantiza que los Estados actúen. El pasado noviembre, la Unión Europea autorizó el glifosato por cinco años más. La OMS ha calificado al glifosato como producto “potencialmente cancerígeno”.

La industria agroquímica se escuda en que son necesarios para mantener la producción de alimentos. Pero los lazos entre gobernantes y el lobby no son un secreto desde hace años. WikiLeaks reveló en 2009 que Josep Puxeu, entonces secretario de Medio Rural y Agua en el Ministerio de Medio Ambiente de España, había hablado con Monsanto y la Embajada de EEUU para defender los transgénicos en Bruselas. Francia y la Comisión Europea habían propuesto limitar el cultivo de estas variedades. En especial, se quería prohibir el maíz transgénico MON810.

Siempre según la filtración de WikiLeaks, Puxeu habría pedido a mantener la presión en Bruselas. La embajada de EEUU consideraba que "si España cae, el resto de Europa le seguirá" en su posición en contra de la agricutura biotecnológica. Por el momento, su reinado se mantiene.

share