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5 asesinatos de líderes sociales en una semana en el país del gran proceso de paz

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Tan solo en octubre, 24 defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. El 90% de los crímenes de esta cacería quedan impunes

silvia laboreo

25 Octubre 2017 06:00

José Jair Cortés sabía que lo iban a matar. Lo sabía cuando recibió las primeras amenazas de muerte y cuando se acercó a las autoridades para denunciarlas. Lo sabía desde el momento en que le dieron un chaleco antibalas y un celular como única medida de prevención. Y cuando finalmente un grupo de desconocidos lo asesinó en la vereda Restrepo, en Tumaco, muy cerca del lugar donde hacía tan solo dos semanas se habían producido 7 asesinatos de campesinos.

José Jair Cortés se dedicaba a denunciar las actividades de grupos paramilitares y los excesos de la policía en las protestas de campesinos en esta zona cocalera, aún a sabiendas del riesgo que corría su vida.

También sabían que los iban a matar Liliana Astrid Ramírez Martínez, Eliécer Carvajal, Liliana Patricia Cataño Montoya y Miguel Pérez. Los cinco líderes sociales que han sido asesinados en tan solo una semana en Colombia. El último, Miguel Pérez, acribillado a balazos este domingo.

Cinco nombres que sirven como prueba de la violencia sistemática que sufren los activistas en un país inmerso en un proceso de paz. Unos crímenes que no han dejado de aumentar desde la firma de los acuerdos de la Habana en agosto del 2016. Según datos de Indepaz, en lo que llevamos de año han sido asesinadas 125 personas en Colombia. Tan solo en octubre, 24 personas han muerto por defender los Derechos Humanos. Y muchos son los que se preguntan ¿Cuántos más van a morir?

El caldo de cultivo perfecto para el asesinato de activistas

“Una cifra escandalosa”, así define Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz, el número de activistas asesinados en Colombia en lo que llevamos de año. Esta organización ha sido la encargada de elaborar junto con CINEP, CCJ y IEPRI un informe en el que recopila todos los atentados contra la vida que han tenido lugar en Colombia entre 2016 y primer semestre de 2017.

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En estos dos años se ha producido un aumento significativo de la violencia contra líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas y defensores del territorio, sobre todo desde que se firmaron los acuerdos de paz. Y aunque el Gobierno colombiano se empeña en calificar estos asesinatos como casos aislados, lo cierto es que todos presentan similitudes inquietantes. “Por ejemplo, las horas en los que son asesinados los defensores. Casi siempre se producen los asesinatos a primeras horas de la mañana y de la noche, casi siempre dentro de sus casas, alrededor de ellas o cuando vuelven al acabar la jornada. Eso significa que se ataca al defensor cuando no está en ejercicio de sus funciones. Y es ahí cuando la investigación dice que no han sido asesinados por su trabajo sino por otras causas”, denuncia Carlos Guevara, coordinador de comunicación de Somos Defensores, una organización que lleva 18 años defendiendo a los defensores sociales.

Las zonas también coinciden. La mayoría de los asesinatos se presentan en departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Cauca o Valle del Cauca, zonas rurales y cocaleras donde se ha producido un vacío de poder tras la retirada de las FARC. En estos territorios donde el Estado colombiano solo ha enviado tropas pero todavía no han llegado los planes y la inversión social, y donde además las autoridades locales se muestran tibias y a menudo corruptas, la violencia y la impunidad son el pan de cada día.

En estos dos años se ha producido aumento significativo de la violencia contra líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas y defensores del territorio, sobre todo desde que se firmaron los acuerdos de paz.

La baja intensidad del conflicto colombiano ha permitido que salgan a la luz actividades relacionadas con la minería ilegal, el tráfico de armas o el tráfico de personas o drogas. Actividades ilícitas contra las que luchan gran parte de los líderes asesinados. “El proceso de paz ha generado que no exista ya una guerra entre las FARC y el Estado, pero sigue existiendo una cultura contra insurgente por parte de muchas personas, especialmente pequeños poderes locales que ven amenazado su monopolio”, explica Leonardo González, de Indepaz.

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“A eso hay que sumar la existencia de grupos armados paramilitares ligados en gran medida al narcotráfico que tienen lazos muy grandes con algunos políticos y miembros de la fuerza pública”, incide González. Para el investigador, es obvio que si alguien quiere exportar marihuana o cocaína tiene que contar con la complicidad de la policía para sacar la droga de la selva colombiana. “Estos intereses chocan frontalmente con los de los líderes indígenas, afrodescendientes o campesinos que defienden su territorio o con líderes políticos pertenecientes a organizaciones sociales como Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos”, añade.

La lentitud del Estado, la corrupción de la justicia y la manipulación de los medios de comunicación


Más de 200 activistas muertos en tan solo 2 años solo pueden explicarse por un motivo: la falta de voluntad política de un estado paquidérmico que ha permitido que estos asesinatos queden impunes. “Las autoridades investigan quién disparó el arma homicida pero no dirigen sus esfuerzos en identificar las estructuras criminales que están detrás y dentro del Estado”, opina Reynaldo Villalba, abogado defensor de los Derechos Humanos y miembro de CAJAR. “Además”, continúa Villalba, “se niegan a reconocer que el paramilitalismo sigue vigente en el país y su responsabilidad a la hora de frenar y eliminar los asesinatos que produce”.

“En estos cuatro años de Gobierno tenemos una cifra de 544 defensores de derechos humanos asesinados y solo en 28 de estos casos se ha llevado a la cárcel al autor material de los asesinatos”, explican Carlos Guevara de Somos Defensores. “Eso significa un nivel de impunidad altísimo, cerca del 90%”, añade. Una impunidad que provoca que se repitan estos crímenes una y otra vez y que el mecanismo de protección colombiano quede corto ante tal volumen de violencia. “El Gobierno dedica 200 millones de dólares al año para proteger a 7.000 u 8.000 personas en riesgo, la mitad de ellos funcionarios públicos. Es decir, se está gastando el dinero para proteger a sus propios funcionarios pero se está dejando a mucha gente de la sociedad civil fuera”, cuenta Guevara.

Más de 200 activistas muertos en tan solo 2 años solo pueden explicarse por un motivo: la falta de voluntad política de un estado paquidérmico que ha permitido que estos asesinatos queden impunes.



¿Qué futuro les espera a los defensores de los derechos sociales en Colombia?

Pero, ¿cómo afecta esta impunidad a los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno?

“Imagina un campesino que durante estos años ha tenido miedo porque estaba en una zona en guerra. Llega la paz y las cosas están un poco más tranquilas, pero de repente las personas que lo acompañan en ese proceso de paz y le ayudan a entender cómo van a ser estos cambios son asesinadas. Ese es el impacto”, denuncia Carlos Guevara.

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"Se tiende a ver como un hecho más en 53 años de conflicto pero es mucho peor. Que asesinen a un líder es un golpe a la comunidad, a sus luchas y a su plan de vida", explica Leonardo.

Por eso, para mantener con vida a los defensores sociales y que la sociedad colombiana confíe en esta paz, es de vital importancia que se cumplan los Acuerdos de la Habana. "En los acuerdos de paz se contempla la protección de los líderes sociales pero no se está haciendo nada. Es muy preocupante porque estos compromisos no son grandes pasos sino lo mínimo para establecer un cambio real y una verdadera democracia", explica Reynaldo Villalba.

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