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¿Censura o no? Lo llames como lo llames, no dice nada bueno de una democracia

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Arte PG
 

Siendo casos muy distintos, el secuestro de un libro, la retirada de una obra y el encarcelamiento de un rapero son acontecimientos que dejan mucho que desear de un país del siglo XXI

Rafa Martí

22 Febrero 2018 18:14

Un juez había secuestrado Fariña, Ifema había retirado de Arco una obra que reconocía a los políticos catalanes como presos políticos y se confirmaba la sentencia de prisión para el rapero Valtonyc. Los sucesos indican, al final, que España es un país que deja mucho que desear en el ránking de libertades. Sin embargo, los tres sucesos, aunque comparten puntos en común, presentan matices. Veamos.

Primer caso.

Fariña es un libro del reportero Nacho Carretero. En un pasaje del libro, en concreto en un párrafo, el periodista describe cómo un exalcalde del PP estaba vinculado con el narcotráfico. Textualmente, dice esto: “Aquel junio de 1991 Orbaiz Picos se ofreció al cartel de Cali para traer 2000 kilos de cocaína. Lo hizo a través de Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove por AP en 1983 y 1991 (este último año ganó con mayoría absoluta, después de haber sido acusado de narcotráfico, aunque duró dos días en el cargo), quien aceptó la propuesta y se puso en contacto con Manuel González Crujeiras «o Carallán», al que ya conocemos de su épica como colaborador de «Sito Miñanco». Diez años más tarde, en 2001, Garzón los procesó a todos”.

Puede haber matices en cada uno de estos casos, pero, en el fondo, todos tienen un punto en común: una cultura censora y autoritaria

Bea Gondar fue condenado, pero luego absuelto por el Tribunal Supremo por un error en el juicio. Resulta que uno de los testimonios tenía defectos de forma. Ya que la sentencia sobre su caso era la del Supremo, el exalcalde afirmó que el párrafo de Carretero vulneraba su derecho al honor. La juez que ha "secuestrado" el libro, por tanto, lo hace cumpliendo el procedimiento judicial. Su decisión no es muy diferente a la que tendría el editor de un periódico que recibe un burofax por un reportaje que contiene imprecisiones sobre acusaciones de delito. El propio editor del medio es quien "secuestraría" la publicación para no meterse en un lío. En efecto, Bea Gondar tuvo relaciones con el narco, si bien la justicia lo absolvió por aquella acusación —aunque más tarde lo condenaría por otra similar: blanqueo de capitales procedentes del narco—.

¿Es deseable entonces que un juez secuestre una obra que ya ha sido publicada hace dos años, de sobra conocida, para proteger el derecho al honor del exalcalde? A efectos prácticos desde luego que, ya que su decisión ha provocado lo contrario de lo que pretendía: que Fariña haya vendido en un solo día 10.000 ejemplares por Amazon y el honor de Bea Gondar quede cuestionado por miles de personas que no conocían su existencia. Igualmente, una juez que secuestra publicaciones pone en duda las garantías a la libertad de expresión en una democracia, donde el derecho al honor se desvirtúa cuando se usa interesdamente por parte de cargos (o excargos) públicos para cubrir sus vergüenzas.

Segundo caso.

Valtonyc es un rapero balear que ha sido condenado a 3 años y medio de prisión por letras políticas. Más que políticas, por letras que incitan a cargarse a los borbones o que ensalzan a grupos terroristas como ETA y el GRAPO, lo que, según los tribunales, supone una ofensa a las víctimas. Aunque, al fin y al cabo, son letras. Nadie ha muerto por una letra de Valtonyc ni la monarquía se ha tambaleado más porque un rapero más —uno más— escriba contra ella. La sentencia es desproporcionada y supone una vulneración, desde un tribunal, a la libertad de expresión. En este caso, sí podemos hablar abiertamente de censura, cuando obras artísticas que pueden producirse y difundirse sin un comité de censura previa son castigadas posteriormente con penas de cárcel.

Tercer caso: la performance de Arco.

Se trata de un conjunto de fotografías de políticos catalanes encarcelados a raíz del referéndum del 1 de octubre, descritos como presos políticos. Ifema, contra la voluntad de Arco, decide eliminar la obra de la exposición porque podría centrar el debate fuera de lo que es puramente artístico (curioso argumento cuando ese, precisamente, es el objetivo del arte). Ifema es un consorcio participado por la Cámara de Comercio de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Determinar si hay presiones políticas para la retirada de la obra de Santiago Sierra o si ha sido la decisión personal y desafortunada del director de Ifema es, por ahora, un misterio. Claro que al fin y al cabo es Ifema quien decide que una obra aparezca en una exposición que ella aloja. El Museo del Prado o el Reina Sofía, que también cuentan con participación pública, son libres de decidir qué obras se exponen en sus galerías, basados en diferentes criterios que no se someten a consulta de todo el país. ¿Es entonces deseable que un consorcio que aloja una feria de referencia se inmiscuya en una obra artística que denuncia un problema político latente como es el de los representantes catalanes encarcelados? Como ocurre con Fariña, la decisión de Ifema solo ha conseguido que se hable de Arco por la política y no por el arte, como pretendía, y que, además, la obra de Sierra se haya vendido por 80.000 euros.

La censura siempre se impone desde un poder, no necesariamente político o público, hacia diferentes formas de expresión, obedeciendo intereses de ese poder

La observación detallada de estas historias ofrece matices y diferencias en cada uno de estos casos; sin embargo, en el fondo todos tienen un punto en común: una cultura censora y autoritaria. El sistema capitalista se ha encargado de arrinconar la censura a la esfera de lo público: es decir, solo se puede considerar censura lo que se prohibe/castiga desde un tribunal, o lo que interviene directamente un gobierno, lo que sucede menos. Que una editorial destierre un libro de un agitador porque no le conviene, que un sitio de crowdfunding elimine una campaña por presiones o que una plataforma online como HBO se deshaga de una serie de Kevin Spacey por su mala prensa, que un servicio de alojamiento de dominios borre páginas web que incumplen sus normas o que una feria de arte rechace una obra como la de Sierra son decisiones legítimas y libres, como recordábamos aquí. Pero por ser privadas no deberían escapar a la definición de censura:

"Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir".

La censura siempre se impone desde un poder, no necesariamente político o público, hacia diferentes formas de expresión, obecediendo intereses de ese poder. Lo que un estado democrático del siglo XXI debería hacer es renovar su código penal para que las ofensas subjetivas a determinados colectivos no condicionen las expresiones artísticas. Y, luego, garantizar que todas las formas de expresión tengan canales para llegar al público. No se trata de que un periódico monárquico publique proclamas republicanas, ni que uno republicano defienda a la monarquía. Se trata de que ambos coexistan sin monopolios sobre qué es lo que se muestra y qué no.

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