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20-S en Cataluña: si no es un golpe de estado, se le parece mucho

Registros en casas particulares, detenciones de altos cargos y asedio policial en sedes de partidos políticos: así está siendo el antidemocrático ataque del Estado a las instituciones catalanas

víctor parkas

20 Septiembre 2017 17:00

Todavía no eran las nueve de la mañana, y allí estaban: en la Consejería de Economía. Y también en la de Asuntos Sociales. Y en la de Exteriores y Gobernación. ¿L'Administració Oberta de Catalunya y la sede de Indra? Allí los tenías.

La Guardia Civil había preparado una macro-operación contra las instituciones catalanas, y la estaba llevando a cabo.

El primer detenido de la jornada –vendrían más– ha sido Josep Maria Jové, secretario general del departamento de Economía. Maria Jové, interceptado por la policía cuando se dirigía al trabajo, es también mano derecha de Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno Catalán.

Y no, todavía no eran las nueve, pero el mambo ya había empezado: la Òmnium Cultural, ANC y las CUP llamaban, desde sus redes sociales, a movilizarse frente al Departamento de Economía.


Mientras la gente se agolpaba por decenas en Rambla de Catalunya, en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián se dirigía a Mariano Rajoy. “En estos momentos están deteniendo cargos catalanes por sus ideas”, decía el diputado independentista. “Le pido que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas; le pido que deje de hacerlo con nocturnidad y alevosía”.

“Que sepa que por cada uno que detenga, habrá cien que se pongan en su lugar”, añadía.

“Nos marchamos a apoyar a nuestros amigos”.

“Esto ya es una lucha por los derechos civiles”, terminaba.



Rufián ha bajado el micro, ha abandonado el hemiciclo, y sus compañeros de partido le han acompañado; en la bancada popular, se oían gritos de “no volváis”.

 



Cuando Mariano Rajoy ha intervenido en el pleno, ha sido para decir que “creo que estamos actuando con sensatez, moderación y proporcionalidad”.

Mientras, la gente seguía agolpándose a las puertas del Departamento de Economía. Entre los manifestantes estaba Joan Tardà, diputado de ERC, que ha tildado la operación emprendida por el Gobierno Español como un “atentado a la democracia”.

La gente grita, precisamente, “democracia”. Y también “esto es un golpe de estado”.

Desde la Fiscalía, se confirma que la operación policial responde a una orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En un comunicado emitido por dicho órgano, se dice que “la causa se abre por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, siendo una veintena las personas con condición de investigadas”.

La causa se abre, de acuerdo; pero, ¿qué causa? “La causa está declarada secreta”.

 



A macro-operaciones, macro-protestas: los trabajadores de la Consejería de Exteriores y Gobernación cortan Vía Laietana, a la vez que otra multitud se agolpa en la de Asuntos Sociales.

El asedio de la Guardia Civil no se limitaba a las consejerías: la entidad privada y sin ánimo de lucro fundació.cat –la entidad gestiona los dominios .cat– ha recibido la visita de dos agentes de paisano que han instado a los trabajadores a detener su actividad. Más tarde, llegaban refuerzos con la intención de empezar un registro tan pronto como llegue el secretario judicial.

La acción se ha repetido en la sede del Instituto de Estudios Económicos.

Casas particulares, como la del ex-regidor de CiU Joan Ignasi Sánchez, también están siendo sometidas a registro por parte de la Guardia Civil.

¿La reacción de la oposición? Inés Arrimadas, de Ciudadanos, decía en Catalunya Radio que “es normal que la justicia actúe”. Ada Colau, por su parte, hablaba de “escándalo democrático”.

 



Con la envergadura del asedio creciendo de forma exponencial, el presidente catalán Carles Puigdemont daba inicio a un gabinete de crisis a las 10:30 de la mañana; antes de que éste arrancase, se hablaba de más de una decena de detenciones.


Entre los detenidos, además de Maria Jové, se encuentran los altos cargos Lluís Salvador i Tenesa, y Juan Manuel Gómez (Economía y Hacienda); David Palanca Serrano (Asuntos Exteriores); Francesc Sutrias (Patrimonio); Josué Sallent Ribes y David Franco (CCTI); Xavier Puig Farré (Tecnología y Comunicaciones); Pau Furriol Fornells y Mercedes Martínez Martos, por estar vinculados con una nave que supuestamente contiene material electoral.

En Madrid, era detenida Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de Servei de la Generalitat.

Las manifestaciones siguen en pie, también frente al domicilio de Joan Ignasi Sánchez; la más intensa y numerosa, sin embargo, es aquella que tiene lugar en la sede de Economía. Allí, los coches de guardia civil son empapelados con carteles de –sí, otra vez– “democracia”.

 



A la vez que la Guardia Civil se dispone a registrar la empresa tecnológica T-Systems, Rafael Hernando del PP avala la actuación, porque “el Estado de Derecho es más fuerte que aquellos que se sitúan fuera de la ley”.

Albert Rivera lo secunda, ya que el ejecutivo catalán “se está saltando la democracia”.

En medio de todo el mambo, la Generalitat recibe una notificación: el Ministerio de Hacienda (español) se hace con la plena gestión presupuestaria del Govern (catalán).

La Guardia Civil rodea la sede nacional de las CUP, con los militantes dentro. A su vez, agentes de la sociedad civil rodean a la Guardia Civil. Sí: otra manifestación más.

Puigdemont, en rueda de prensa, por fin lo dice.

“El estado ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado el estado de excepción”.

 

cataluña españa independentismo

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