Historias

Los okupas llegan a Airbnb

¿Y si de pronto alguien decide okupar Airbnb? Esto es lo que acaba de suceder en California

El problema más habitual al que se enfrentan los anfitriones de Airbnb es encontrarse su casa destrozada por un fiesta salvaje. Pero Cory Tschogl, una terapeuta de personas con problemas de visión que vive en el área de San Francisco, está en una situación más delicada: su huésped ha dejado de pagar el alquiler, no abandona la casa y amenaza con demandarla. Es decir, se ha convertido en okupa.

El inquilino, que se hace llamar “Maksym”, la contactó el pasado mes de mayo a través de Airbnb pidiendo alquilar su apartamento de Palm Springs del 25 de mayo al 8 de julio. En los alquileres largos, Airbnb cobra un mes por adelantado, por lo que Tschogl recibió un pago correspondiente a 30 días. Pero desde el principio algo no iba bien. Tschogl ha explicado que, un día después de entrar en el apartamento, el huésped se quejó de dos cosas peculiares: no le gustaba el agua del grifo y no le gustaba la puerta de entrada al complejo. “Tuve un mal presentimiento. Pidió un reembolso y yo accedí, sin ni siquiera cobrarle la tasa de limpieza. Pero entonces cambió de opinión y decidió quedarse”, ha dicho Tschogl a SFGate.

Tanto Tschogl como Airbnb pidieron al inquilino que abandonara el apartamento. Sin éxito. Tras cruzar diversos mensajes de texto, la mujer decidió que lo mejor sería dejar que el huésped se quedara hasta el final de su reserva. Y entonces llegó otro contratiempo. El 25 de junio, cuando el huésped debía pagar la parte restante del alquiler, Airbnb no pudo cobrar el dinero. Tres días más tarde, en el último día de su reserva, Tschogl le escribió un mensaje avisándole que si no abandonaba la propiedad cortaría la electricidad.

Maksym respondió con otra amenaza. Le dijo que ocupaba el apartamento de forma legal y que un corte en la electricidad pondría en peligro el trabajo que realiza desde casa, que le reporta entre 1.000 y 5.000 euros al día. “Sonaba a chantaje. Amenazó con demandarme, diciendo que su hermano había tenido que ir al hospital por culpa de una úlcera que le había provocado el agua del grifo. Dijo que estaba ocupando mi domicilio de forma legal, y que tenía derechos”, le dijo Tschogl a Business Insider. En cierto modo, tenía razón: cuando Tschogl contrató a un abogado descubrió que, en California, cuando alguien alquila una propiedad durante 30 día pasa a ser considerado arrendatario mensual. Esto significa que para echarlo debería requerirse un proceso de desalojo, que puede alargarse entre tres y seis meses, y costar entre 2.500 y 4.000 euros en tasas legales.

Durante todo esto proceso, Tschogl asegura que pidió ayuda a Airbnb en numerosas ocasiones a través de llamadas telefónicas y mensajes, sin que le hicieran demasiado caso. Sólo cuando su caso ha llegado a los medios de comunicación le han asegurado que recibiría todo el dinero correspondiente a los 44 días de reserva. “Airbnb ha hecho que todo el proceso fuera mucho más complicado de lo que tendría que haber sido. Estaban prácticamente ausentes. No había número de teléfono o e-mail directo. Las respuestas a los e-mails tardaban entre 24 y 48 horas en llegar”, ha dicho al SFGate.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la nueva economía colaborativa. La falta de regulación de los mercados que genera no solo puede incurrir en la competencia desleal —como han denunciado los taxistas de Barcelona en relación a Uber—, sino que pueden dejar desprotegido al usuario. Airbnb y otras plataformas similares utilizan sistemas de puntuación para valorar a los usuarios y requieren el número de tarjeta de crédito para poder registrarse. Pero el motor de su modelo de negocio es la confianza en los demás. Y a medida que aumente la popularidad de este tipo de plataformas, más posibilidades habrá de toparse con alguien dispuesto a abusar de ella.

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