Giras

¿El principio del fin del P2P?

Descargar contenidos de la Red sin ánimo de lucro, ¿representa o no un delito? Si todo es del color del cristal con que se mira, parece que tanto la RIAA como algunos de los más poderosos agentes de la industria audiovisual española vienen de comprar sus lentes -¿aquejados de presbicia?- en la misma feria. En los últimos días hemos sido testigos de movimientos tácticos a ambos lados del charco que parecen señalar una creciente coincidencia en los planteamientos de los grupos de presión de uno y otro lado al respecto de cómo tratar de vigilar el tráfico de contenidos protegidos por las siempre revueltas aguas del peer to peer.De acuerdo a una información publicada por The Wall Street Journal de la que se han hecho eco medios de prestigio como Billboard o Rolling Stone, la Recording Industry Association of America ( RIAA) ha decidido poner fin a un lustro de estrategia punitiva (durante el que han llegado a demandar a más de 35.000 usuarios finales de tecnologías P2P sin que esto haya significado una reducción en los niveles de piratería) para comenzar a trabajar en colaboración con las empresas proveedoras de Internet (ISP) en nuevos métodos de control que pasarán por identificar y contactar -y, llegado el caso, penalizar- a los usuarios que de manera reiterada se dediquen a subir a la Red música protegida por algún tipo de copyright. La RIAA seguirá adelante con los procesos pendientes, pero ha accedido a no interponer nuevas demandas tras haber llegado a conclusiones satisfactorias las conversaciones que durante el pasado otoño a venido manteniendo con las principales compañías proveedoras de servicios de Internet. De acuerdo a su nuevo plan de actuación conjunta, los propietarios de los derechos de propiedad de los materiales descargados de forma ilegal deberán notificar esos movimientos a las empresas ISP, que a su vez deberán ponerse en contacto con los usuarios infractores para apercibirles de las posibles sanciones que podrán ser de aplicación en el caso de que hagan caso omiso a esas notificaciones y reincidan en su comportamiento un determinado número de veces. La RIAA deja así de ser fiscal para convertir a las compañías proveedoras de Internet en policías de sus clientes.

Un modelo de control similar mediante un sistema de avisos y penalizaciones parece estar a punto de ser adoptado en España. Los operadores -agrupados en Redtel- y el sector audiovisual -representado por la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, defensora de los intereses de entidades como la SGAE, P ROMUSICAE, FAP o ADICAN- que consideran como medida más urgente -estiman que a resultas de esa acción se reduciría la piratería hasta en un 70%- la implantación de un sistema de avisos para quienes realicen mayores descargas de contenidos protegidos. Los avisos se complementarían con la aplicación de una serie de medidas punitivas -como la reducción progresiva de la velocidad de descarga, aunque sin llegar al corte de la conexión como ya ocurre en Francia a resultas de la ley guillotina impulsada por Nicolas Sarkozy- contra los reincidentes. Parece ser que los operadores son partidarios de que estas medidas de castigo sean sólo temporales, visión que choca con los deseos de una Coalición que preferiría instaurar algo parecido al carnet de conducir por puntos que podría llegar a “inhabilitar” a quienes realicen un uso masivo del P2P.

De acuerdo a las empresas proveedoras de Internet, estas medidas de control podrían favorecer la implantación de un nuevo sistema de tarifas planas a la medida de las capacidades de descarga de los internautas, de manera que pasarían a pagar más los clientes que más volumen de datos se descargan, mientras que las tarifas para aquellos usuarios que hagan uso limitado de la Red se abaratarían. Aunque aún no se haya hablado de ninguna fecha concreta para la aplicación de estas medidas, responsables de telefónica han reconocido que ya está estudiando la puesta en marcha de un sistema de tarifas planas a la carta. ¿Conseguirán acabar estas medidas con el tráfico P2P?

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