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Piratería digital

La UE presenta un proyecto para proteger los derechos intelectuales

Con motivo del Forum e-G8, presidido estos días por el presidente francés Nicolas Sarkozy, se ha llegado a un acuerdo para desarrollar un proyecto a nivel europeo que unifique y extreme las políticas de acción frente a la piratería. Sarkozy ha defendido frente al resto de representantes europeos la validez de la denominada Ley Hadopi, que en estos momentos es de aplicación en su país, la cual permite a las empresas gestoras de la red desconectar a un usuario infractor tras recibir tres modificaciones. Siguiendo este modelo, el Comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha presentado a los países miembros un avance en la materia que en los próximos meses podría ser aprobado por la Comisión Europea.

Dicha medida gira en torno a dos puntos. Por un lado, la necesidad de una mayor cooperación entre las empresas que suministran la conexión y las sociedades de gestión de derechos de autor en relación al intercambio P2P o los servicios de streaming (tanto musical como audiovisual). Por otro lado, ese proyecto marco insiste en la posibilidad de que los propios teleoperadores tengan la potestad para inhabilitar webs que “faciliten la piratería”. Según Barnier, las compañías son las mejor preparadas para conocer de primera mano las actuaciones de sus clientes internautas y detectar las violaciones que éstos cometen contra el copyright, basándose para su juicio en los puntos del acuerdo contra la piratería internacional ACTA que aún sigue a expensas de firmarse.

Las primeras voces en contra no se han hecho esperar. Las asociaciones de internautas han denunciado que esta nueva ley lo único que pretende es controlar el uso que los ciudadanos hacen de Internet, pese a que Barnier sostiene que “la intención no es criminalizar a nadie”. En el frente contrario, la asociación de sellos independientes IMPALA, se ha expresado a favor de la propuesta de la Comisión Europea, afirmando que la nueva política, en el caso de aprobarse, sería “un buen punto de partida para hacer de Europa un mejor lugar para la música”. La polémica está servida.

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