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Hasta 35 menores siguen viviendo en el albergue de Guatemala investigado por trata

Hogar Seguro Virgen de la Asunción debería estar cerrado después de que 40 niñas fallecieran el pasado 8 de marzo a causa de un incendio

PlayGround denunciaba el pasado miércoles la situación de violencia y desamparo que vivían los más de 700 menores de edad en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, bajo la tutela del estado. La Procuraduría de derechos Humanos (PDH) y la Fiscalía estaban investigando una posible trata de personas dentro del centro. Más de 60 menores se escaparon el pasado año del refugio tras denunciar abusos sexuales y malos tratos por parte de los trabajadores.

Los exfuncionarios, que fueron puestos a disposición judicial, están acusados de los delitos de "homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad", según las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.

La situación, ya de por sí alarmante, empeoró el pasado 8 de marzo cuando se produjo un incendio en el interior del centro que, de momento, ha causado la muerte de 40 niñas. El presidente, Jimmy Morales, apareció en los medios de comunicación para denunciar la situación y asegurar que se investigarían las causas del incendio. Es la primera vez que el presidente hace declaraciones sobre el albergue. Algo que llama la atención teniendo en cuenta que la principal responsable es su mujer, Hilda Patricia Morales, que ostenta la cartera de la Secretaría Social de la Primera Dama, donde se integra la Secretaría de Benestar Social encargada de gestionar el albergue.

Decenas de familiares de las víctimas denunciaron que tardaron hasta tres días en saber si sus hijas estaban entre las fallecidas.

El centro debería estar cerrado pero todavía hay 35 menores viviendo

El presidente Jimmy Morales anunció el cierre temporal del centro tras el incendio y el traslado de los menores a sus casos y a otros refugios que no dependen del Estado. Sin embargo, según ha denunciado Unicef en su informe, el pasado martes hasta 35 menores seguían viviendo en Hogar Seguro. Según explican desde Hogar Seguro se debe a que estos menores son "de carácter conflictivo".

Se han producido tres detenciones: la del director del centro, Santos Torres; la del secretario de la Secretaría de Bienestar Social: Carlos Rodas y su mano derecha y subdirectora de la Secretaría: Anahí Keller. Hace tan solo 4 meses que estaban en el cargo. El pasado noviembre sus homólogos fueron obligados a simitir tras la fuga masiva de menores del centro. PlayGround intentó contactor con ellos en varias ocasiones pero nunca obtuvo respuesta.

El incendio, ahora bajo investigación, se produjo presuntamente por una de las menores que, cansada de aguantar las vejaciones del centro, decidió quemar una colchoneta para poder escapar. Las niñas, que se encontraban encerradas bajo llave en el pabellón, fueorn socorridas por los jóvenes que dormían en el pabellón contíguo que intentaron forzar la puerta. De nada sirvió. Hasta 40 menores han muerto calcinadas. De las 13 supervivientes, 9 han sido trasladas a Estados Unidos y 4 permanecen ingresadas en hospitales nacionales.

Las pruebas médicas han indicado que hay hasta 9 menores embarazadas. La Fiscalía investiga ahora si el ambarazo se produjo dentro del centro, ya que las niñas entraron sin estarlo.

Los menores reubicados en sus hogares han sufrido malos tratos y abusos por parte de familiares

Otra de las principales preocupaci´ones es la reubicación de los menores. Si bien muchos han sido trasladados a otros centros de protección, una gran mayoría ha vuelto a sus hogares. La situación es bastante crítica teniendo en cuenta que un elevado número de menores ha sido víctima de abusos y malos tratos dentro de su hogar.

Teniendo en cuenta que la destinación presupuestaria del Gobierno de este año para la Secretaría de Bienestar Social es de 160 millones de quetzales (unos 20 millones de euros) las organizaciones no gubernamentales hacen hincapié en una solución alternativa que no ponga a los niños en riesgo.

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