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Los privilegios fiscales de la Iglesia pueden suponer una ayuda estatal prohibida

Un Tribunal de la UE pone en riesgo los privilegios de la institución en España

Favorecer a una determinada actividad económica en detrimento de sus competidoras va contra la legislación europea y hoy, el Tribunal de Justicia europeo se lo ha recordado a España.

El tirón de orejas del tribunal europeo ha sido en forma de sentencia. Los magistrados han respondido con esta negativa a la petición de un colegio religioso de Madrid que solicitaba al estado español la devolución del impuesto sobre construcciones después de que el centro escolar ampliase su edifcio.

El colegio, que pertenece a la Congregación Escuelas Pías de Betania, exigía el pago de 24.000 euros. Esta cantidad corresponde al impuesto municipal sobre obras, construcciones e instalaciones. La congregación pretende eludir el pago del tributo alegando al acuerdo de España y la Santa Sede, un acuerdo firmado en 1979, antes de la entrada de España en la Unión Europea.

El Tribunal ha fallado en su contra y no se ha quedado corto en los motivos. En primer lugar, porque considera que la eduación impartida en el colegio no está subvencionada por el estado, sino por el cobro de las matrículas de sus alumnos. En segundo lugar, porque la ampliación del centro constituye "una actividad económica" y no una "ayuda destinada a la enseñanza".

En este punto, los magistrados recuerdan a la Congregación que la normativa europea prohíbe incentivar a una actividad económica y no al resto de sus competidores. Es decir, si se concede la devolución del impuesto al colegio religioso se está perjudicando al resto de centros escolares que no tienen los mismo privilegios fiscales.

Frente al acuerdo de España y la Santa Sede, que permite a la Iglesia Católica beneficiarse de exenciones fiscales, los magistrados recuerdan que el impuesto sobre obras entró en vigor en 1985, cuando España ya formaba parte el bloque comunitario. Además, la devolución del importe supondría también una disminución de las arcas públicas.

Ahora le corresponde al juez determinar si se trata de una "ayuda a la educación" o de una "actividad económica".

La Congregación ya había solicitado anteriormente la devolución del impuesto a la agencia tributaria española. Su petición fue desestimada porque, según establece Hacienda, la "exención no era aplicable" ya que no tiene una finalidad estrictamente religiosa.

El juez nacional tendrá la última palabra, pero todo apunta a que la Congregación acabe sin ver los 24.000 euros.

Además de los privilegios y exenciones fiscales que disfruta la Iglesia Católica, la institución recibió a través de la casilla que se marca de forma voluntaria en la declaración de la renta, un total de 250 millones de euros.

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