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La polémica ley que provoca que los comedores escolares tiren toneladas de comida

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Una madre ha lanzado una iniciativa para que cambie la regulación

Rafa Martí

16 Febrero 2016 06:00

“La comida no se tira.”

“Hay que comérselo todo.”

“Hay gente que no puede comer.”

Intentas inculcar esto a tus hijos día sí, día también. ¿Pero cómo debe ser la frustración cuando tus hijos van al colegio y ven todo lo contrario, cuando la comida se tira?

Esto es lo que le pasó a Cristina Romero. En una reunión de padres con la empresa que servía la comida en el comedor escolar de su hijo, en la provincia de Girona, le dijeron que todos los meses había una gran cantidad de comida que terminaba en la basura.

Comida que los niños veían en el cubo de la basura al terminar su turno de comedor.

Indignada con la situación, pidió más información. Desde la empresa de catering le dijeron que la comida terminaba desechándose en cumplimiento de la ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta ley dice que los alimentos preparados no se pueden manipular (reaprovechar) a no ser que cumplan con una serie de características de higiene.

Como parece lógico, el objeto de la ley es evitar que los alimentos tengan riesgo microbiológico al reaprovecharse. Sin embargo, la mayoría de esta comida está en buen estado y las pautas de higiene son casi imposibles de cumplir.

La normativa dice que la comida, desde su elaboración hasta el consumo, debe mantenerse por encima de los 65ºC (los platos calientes) y por debajo de los 8ºC los fríos.

Para el catering es difícil garantizar el cumplimiento de la norma una vez la comida sale de la escuela. Si optan por no tirar la comida tienen que responsabilizarse de los recipientes en los que irá, si se mantendrán las temperaturas, quién la manipulará y en qué condiciones se volverá a servir. La mejor opción, para evitar problemas legales, es tirar todo el excedente.

Además, si el catering quisiera reaprovechar la comida, tendría que hacerse cargo de los costes adicionales, sin ningún tipo de ayuda o subvención pública. Por lo que, en sentido económico, para ellos es más barato tirar la comida.

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) explicó a Cristina que tienen una guía de higiene para el reaprovechamiento del excedente de comida, para así facilitar que se cumpla con la ley. Pero la guía es solo una recomendación, no una obligación legal, ya que nadie quiere hacerse cargo de los costes que supone reaprovechar la comida.

La situación no es un caso aislado. 

Una empleada de un comedor escolar en Fuenlabrada dice: “Trabajo en un comedor escolar y es impresionante la cantidad de comida en buen estado que se tira”.

Otra, en Gipuzkoa: “Trabajo en un comedor escolar y es una pena toda la comida que sobra”.

Y otra, en Barcelona: “En los comedores escolares no se dispone de medios para reaprovechar la comida. Para cumplir con la normativa el personal de cocina tendría que aumentar su tiempo... Si algo no sobra en las cocinas de colegios es tiempo...”




Cristina comenzó una campaña para que la comida sobrante de los comedores escolares se aprovechase y se repartiera en comedores sociales. Actualmente está detrás de una recogida de firmas en Change.org para pedir que cambie la regulación que permite que se tire la comida.

La petición está dirigida al Ministerio de Sanidad. Desde los caterings señalan que debería ser este organismo quien cambiara la regulación. Sin embargo, al ponernos en contacto con el ministerio, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) nos dijo que el tema era competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de quienes todavía no hemos obtenido una respuesta.

Cristina dice que los ayuntamientos "no se implican mucho". Hasta el momento, se conoce que el Ayuntamiento de Santa Coloma (Barcelona) se ha puesto de acuerdo para remediar el desperdicio de comida. Anteriormente ha habido otras iniciativas, como en 2014, cuando el parlamento de Canarias intentó modificar esta ley. Sin embargo, el proyecto no salió adelante.

La campaña de Cristina cuenta ya con 70.000 firmas para presentar la carta. Cristina dice que si llegase a 500.000, presentaría una Iniciativa Legislativa Popular.

Desde que Cristina lanzó su iniciativa, la propia empresa de catering de la escuela de su hijo cambió el procedimiento interno. Para ella eso fue la primera victoria. También han surgido otras iniciativas desde los padres, las propias escuelas, las empresas que dan el servicio de comedor y desde organizaciones de beneficiencia.




Es el caso de dos escuelas de Reus (Tarragona), que se han coordinado con las empresas de catering y las instituciones locales para donar el excedente de comida. Son los propios alumnos los que se la llevan a casa en fiambreras. Lo hacen cumpliendo las pautas higiénicas que establece la ley, asumiendo su propia responsabilidad.

Pero estas iniciativas privadas siguen sin el apoyo de las instituciones, que no facilitan que se reaproveche la comida, sino todo lo contrario: que los niños vean cubos de basura llenos de comida que podría estar en sus neveras.





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