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Una ley en Francia obliga a los albañiles a hablar francés en las obras públicas

La "cláusula Molière" ha sido aplicada en las regiones de Francia dominadas por los conservadores. Hasta Marine Le Pen la ha criticado, aunque por razones muy distintas a los tintes xenófobos que conlleva la medida, según los sindicatos y otros candidatos presidenciales

Bajo el nombre de "cláusula Molière", en referencia al dramaturgo francés del siglo XVII, las regiones controladas por la derecha en Francia han determinado que quienes trabajen en obras de licitación pública deberán hablar francés. Sí o sí.

La medida lleva aplicándose desde hace más de un año pero no ha sido hasta las últimas semanas que la totalidad de las regiones en las que gobierna el Partido Republicano de François Fillon la han instaurado. El pasado lunes, París fue la última región en sumarse a la polémica. En la lista hay también una región gobernada por los socialistas, Centro-Valle del Loira.

Los conservadores han justificado la ley por motivos de seguridad. Según ellos, las situaciones de emergencia en las obras exigen que todos los trabajadores hablen el mismo idioma para evitar daños mayores. Sin embargo, la mayoría de formaciones políticas y los sindicatos señalan que detrás de la cláusula hay una clara intención nacionalista y proteccionista, enmarcada en el principio de "preferencia nacional" que defiende el Frente Nacional de Marine Le Pen. Incluso hay quienes le atribuyen tintes xenófobos.

La norma es un hachazo a la libre movilidad de trabajadores de la Unión Europea. Hasta ahora, centenares de empresas se habían beneficiado de este principio que les permitía desplazar a trabajadores de diferentes nacionalidades de un país a otro, para esquivar costes laborales. Los requisitos establecían que cualquier compañía tendría que pagar, al menos, el salario mínimo a cualquier trabajador en el país de destino, pero podría mantener las cotizaciones sociales del país de origen. Así, por un trabajador rumano destinado en Francia, una empresa se ahorraría el 36% de cotizaciones sobre el salario que tendría que pagar si emplease a un francés.

A pesar de que los sindicatos, los empresarios, los socialistas y la formación En Marche!, liderada por Emmanuel Macron, han rechazado la medida por su xenofobia y por su acercamiento a las tesis del Frente Nacional, la propia Marine Le Pen también se ha mostrado crítica con la decisión. La candidata populista ha cargado contra los conservadores por no tener la suficiente valentía de desobedecer la directiva europea sobre movilidad laboral y ha señalado que, con esto, lo único que hacen es esquivarla.

Por la parte de la izquierda radical las críticas han sido parecidas. El candidato de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon ha tildado la medida de hipócrita, aunque ha reconocido que, en caso de que él ganase las elecciones rechazaría a los extranjeros que se despalzan para "robar el pan a los franceses".

El gobierno socialista también ha criticado la cláusula y, a través de su primer ministro, Bernard Cazeneuve, la ha tildado de inconstitucional. Sin embargo, el gobierno no puede hacer nada contra una regulación regional hasta que un tribunal no se pronuncie sobre su constitucionalidad.

En 2016, alrededor de 150.000 trabajadores europeos extranjeros trabajaban en las obras públicas de Francia.

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