Actualidad

La caída del magnate Tolo Cursach, símbolo de la corrupción policial en Baleares

Todo comenzó con una denuncia sobre el amaño de unas oposiciones a la Policía Local…

'Tolito' lo tenía claro: "Yo voy a ser uno de ellos", decía un joven Cursach, sobrino del toallero del Club de Tenis de Mallorca, a alguien que le conoce desde crío. Por ellos se refería a los altos cargos, a los magnates de la isla, a la alta sociedad mallorquina que pasaba los fines de semana jugando a póker en una sala del recinto.

Entonces, Tolo Cursach solo era un chaval de 13 años de origen humilde que recogía pelotas en el Club de Tenis de Mallorca, epicentro de la élite mallorquina. Nadie pensó que llegaría a ser el mayor magnate del ocio en Mallorca.

Cincuenta años después, es el propio Cursach quien jamás imaginó que acabaría en la cárcel. El desencadenante: una denuncia interpuesta en 2012 por el amaño de los exámenes de la Policía Local de Palma que acabaría destapando una trama de corrupción Policial y política donde, presuntamente, Cursach movía los hilos.

"El intocable", como muchos le llaman, ingresó en prisión el pasado 3 marzo junto a su mano derecha, Tolo Sbert. Los dos empresarios se enfrentan a 16 supuestos delitos: cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores, delito contra los trabajadores, falsedad documental, estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicio, tenencia ilícita de armas y narcotráfico, entre otros.

Han tenido que pasar 50 años para que, lo que supuestamente era conocido por todos los que hemos vivido en la isla, llegara a investigarse. Cualquiera podría preguntarse qué ha pasado para que la justicia tardara tanto tiempo en reaccionar. La respuesta está en la hemeroteca y en el desfiladero de políticos de distinto color, como Maria Antònia Munar o Jaume Matas, que se han lucrado a base de mordidas, concesiones amañadas, favoritismos y blanqueo de capitales. La caída de Cursach es una radiografía más de la corrupción que ha imperado impune en Baleares desde hace años y que ahora, parece, comienza a destaparse salpicando a su paso a polícías, empresarios y altos cargos políticos.

El auge del sobrino del toallero

Quienes nacimos en Mallorca después de los 80 hemos escuchado desde críos las historias que corrían sobre el magnate. Que si movía droga, que si tenía a los políticos comprados, que si era un mafioso… Pero siempre se quedaban ahí, en historias que circulaban entre adolescentes a la entrada de la discoteca Tito's, propiedad del magnate y uno de los clubs nocturnos que mayores cajas registra, mientras nos servían garrafón por 1.000 pesetas la copa y donde nos agolpábamos como borregos. La sala tenía aforo para 700 personas pero ha llegado lo habitual era que superase las 2.000. 

Tolo siempre fue por delante del resto. Tenía un talento especial para los negocios, don de gentes y buen olfato para saber quién movía el dinero y quién tenía poder. Un apasionado del tenis que llegó a preparse profesionalmente para jugar, pero también un gran aficionado al póker y a las apuestas que terminarían siendo su pase a los grandes negocios.

"Siendo un crío se ganó a las altas esferas que jugaban al póker en el antiguo Club de Tenis de Mallorca. Allí acudían capitanes de Policía y banqueros. Fueron ellos los que financiaron su primer negocio, la discoteca Alexandra's, en Palma", explica un amigo del magnate que lo conoce desde la infancia y que, como la gran mayoría de fuentes que aparecen en este artículo, pide confidencialidad.

Y es que Tolo Cursach sigue siendo Tolo Cursach incluso dentro de prisión. El juez Penalva, que instruye el caso, y el Fiscal Miguel Ángel Subirán, han pedido permiso para llevar armas de fuego por las contínuas amenazas recibidas desde que se iniciara la investigación. La petición les fue denegada en un principio, pero finalmente la documentación aportada hizo que la Dirección de la Guardia Civil aprobara la solicitud por considerar que "sí existe riesgo para su integridad física".

El sobrino del toallero del Club de Tenis acabó siendo prácticamente su dueño. Y no solo del club, sino de los municipios de Calvià y Palma. Allí expandió su imperio, a principios de los años 70, a costa de eliminar a la competencia y de comprar a los políticos para que hiciesen la vista gorda en la licencias de sus negocios. El caso más emblemático es el de BCM (por las siglas del magnate Bartolomé Cursach Mas), una de las mayores discotecas de Europa, situada en el municipio de Calvià, en Magaluf conocido por su turismo de bajo coste inglés y el balconing. La discoteca operaba desde 1989 sin licencia.

El juez Penalva, que instruye el caso, y el Fiscal Miguel Ángel Subirán, han pedido permiso para llevar armas de fuego por las contínuas amenazas recibidas desde que se iniciara la investigación. La petición les fue denegada en un principio, pero finalmente la documentación aportada hizo que la Dirección de la Guardia Civil aprobara la solicitud por considerar que "sí existe riesgo para su integridad física"

El establecimiento debía insonorizarse y trasladar unos aparatos de aire acondicionado que no figuraban en el proyecto técnico si quería seguir abierto. Cursach se comprometió a subsanar las deficiencias pasada la temporada alta. Nunca lo hizo. A pesar de eso, recibió la licencia definitiva para poder operar durante el mandato del alcalde socialista Francisco Obrador, e incluso se le devolvió el aval que había depositado como garantía de que subsanaría los errores. Por el municipio ha pasado PSOE y PP. Nadie hizo nada hasta que en 2014 se destapó el pastel por la denuncia de un empresario de la competencia. Cayó la cabeza del entonces inspector jefe de la Policía de Calvià, Pepe Navarro.

Cursach era imparable. En los 90 llegó a acumular más de 30 locales y era dueño de las principales discotecas de la isla: Tito's, BCM, Pachá Palma, Riu Palace y Megapark. Sin embargo, había algo que "Tolito" no lograba conseguir: el Club de Tenis de Mallorca, símbolo de la élite, trampolín de sus negocios y del que era prácticamente el dueño le declaró "persona non grata" después de los rumores sobre cómo el magnate "eliminaba a su competencia" y del cierre temporal de su local BCM en 1992 tras haber encontrado droga en su interior. Fue un golpe duro para el rey de la noche. Aquellos a los que quería pertenecer, despúes de la fortuna y el poder adquirido, no le aceptaban en su círculo.

Como revancha, cambió de estrategia. Quería hacerse respetar. Quería demostrar que a Tolo Cursach nadie lo rechaza. A finales de 2002 controlaba el equipo de Fútbol del Mallorca tras prestar 10 millones de euros a su presidente ejecutivo, Mateo Alemany, para pagar a los jugadores. Se quedó como garantía con parte de los derechos sobre Eto'o y Franco y las fotografías posando junto a los políticos de turno, que ahora desfilan ante el juez. También compró el grill gigante del Asadito, polígonos, solares de oro y hoteles. Inició inversiones en Brasil y el Caribe donde tenía pensado mudarse antes de entrar en prisión. En el Polígono Son Valentí, prácticamente de su propiedad, construyó el Megasport, un gimnasio de lujo que en su día frecuentaban los altos cargos, mujeres de la alta sociedad pintadas como puertas y donde se zanjaban asuntos políticos como el amaño del concurso del hospital Son Espases durante la presidencia de Jaume Matas.

También lo intentó con el Atlético de Baleres, con una marca de ropa "Smash" y con una areolínea que llegó a tener hasta cuatro aviones que no llegaron a funcionar.

"No enfades a Tolo"

Mientras su fortuna crecía, lo hacían también los rumores y las denuncias de empresarios de la competencia que se veían afectados por las contínuas coacciones. Su modus operandi, denunciado por más de una veintena de empresarios y que ahora estudia el juez, era el de contratar a policías para acosar a la competencia a base de de inspecciones y denuncias diarias. También los contrataba como personal de seguridad, además de "matones a sueldo", según han declarado varios testigos protegidos del juicio, para propinar palizas y forzar el cierre de la competencia.

Fueron pocos los diarios que se atrevieron a denunciar la situación. El Mundo publicaba un vídeo en el que puede verse como los "seguratas" encadenaban mesas para cerrar el paso a la calle donde se sitúan el resto de bares que no eran propiedad del magnate en Calvià. Acoso, amenzas como "No hagas enfadar a Tolo" o "Hay una tumba sin nombre para tí" eran algunas de las tácticas que utilizaba la mano de derecha de Cursach, Tolo Sbert, también acusado y en la cárcel desde el pasado 3 de marzo, para conseguir que la competencia cerrase.

"Tolo (Cursach) nunca se ensuciaba. Para eso estaba su mano derecha, Tolo Sbert, que hacía todo el trabajo sucio por él", explicaba en el juicio uno de los empresarios afectados. También está acusado Antoni Bergas, el director de relaciones institucionales del grupo Cursach que dejó su trabajo de exinspector de la Policía local de Palma para trabajar con el magnate.

Acostumbrado a salirse con la suya y a conseguir lo que quería, Cursach se jactó siempre de su buena relación con los políticos. El auto del juez Penalva recoge testimonios de extrabajadores que aseguran que el empresario les "obligó" a votar a Unió Mallorquina para favorecer a Maria Antonia Munar, expresidenta del Parlamento Balear, que actualmente cumple condena por fraude a la administración y revelación de secretos con la venta amañada de un solar público de can Domenge a un empresario, en Palma, por 30 millones, a la mitad del valor real. También por malversación de fondos en el "caso maquillaje".

Su modus operandi, denunciado por más de una veintena de empresarios y que ahora estudia el juez, era el de contratar a policías para acosar a la competencia a base de de inspecciones y denuncias diarias. También los contrataba como personal de seguridad, además de "matones a sueldo", según han declarado varios testigos protegidos del juicio, para propinar palizas y forzar el cierre de la competencia

Cursach, Jaume Matas y el caso Son Espases

Especial atención merece la relación entre Cursach y el expresidente Jaume Matas. Además del famoso "caso Palma Arena" y el "caso Noós", con el que se vieron salpicados la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, Matas acumula otras siete causas delictivas entre las que figura la acusación de amaño del concurso del hospital Son Espases.

En la legislatura de 2003-2007, cuando el expresidente gobernaba junto a Unió Mallorquina (el partido de Maria Antonia Munar), Matas le hizo llegar a la ex consejera de Sanidad Aina Castillo en el gimnasio Megasport un sobre con la adjudicación de la obra pública a manos de la constructora OHL. Se trata la obra pública más cara de la historia de Baleares, que costó 635 millones de euros. Actualmente tiene gran parte de las plantas cerradas y acudir a urgencias puede suponer esperar hasta 7 horas.

Matas puso entonces a Cursach en el punto de mira por primera vez . Acostumbrado a permanecer en las sombras, el magnate tuvo que comparecer en 2015 por el "caso Son Espases".

Durante la vista, varios testigos aseguraron que Jaume Matas le dio un chivatazo a Cursach un año antes de que se construyera el hospital. Con la información privilegiada, el magnate compró 150.000 metros de terreno colindante por 13 millones de euros. Aparentemente, el plan de Cursach era especular con los terrenos, vendiéndolos más caros y construir un geriátrico frente al hospital.

Sin embargo, la inversión resultó fallida porque el magnate no pudo construir nada por la negativa del entonces concejal de urbanismo Javier Rodrigo de Santos. Sería la primera vez que de Santos se cruzaba en los planes del magnate.

 

Tras recibir dos negativas de un concejal de urbanismo, Cursach—explican fuentes cercanas al caso— consiguió demostrar que su adversario se había gastado 50.000 euros en prostíbulos que había cargado al ayuntamiento de Palma

En 2007 Cursach recibió su segundo no y un gran golpe bajo que le haría parecer vulnerable. El empresario quería ampliar la licencia del Megapark, su templo de cerveza, alcohol, drogas y música a todo volumen al aire libre y meca de los turistas alemanes. Por segunda vez, el entonces ex concejal de urbanismo Javier Rodríguez de Santos, uno de los pesos pesados del PP y condenado por abuso de menores y finaciación irregular de la caja b del PP, le negó la ampliación de licencia. De Santos no lo sabía, pero su negativa le iba a salir muy cara.

Cursach reunió a los padres de los menores abusados por de Santos, según confirman fuentes cercanas al caso, para que le denunciaran. Además se destapó que el ex concejal de urbanismo se había gastado 50.000 euros en prostíbulos y casas de alternes que había cargado al Ayuntamiento de Palma.

También Margarita Nàjera, la ex alcaldesa socialista de Calvià, se vio involucrada en los negocios con Cursach. Nájera, que también acumula varias causas delictivas, le concedió a Cursach la licencia- ilegal- del parque acuático Western Park de Calviá, en suelo residencial. La arquitecta fue la hermana de la propia Nájera. Allí también construiría una piscina gigante con una licencia para cambiar el césped, aunque le obligaron a devolver unos delfines y unos leones marinos que había comprado para meterlos dentro.

La caída de un coloso en una "Sicilia sin sangre"

Durante más de 40 años, el empresario vio cómo su poder y su fortuna no paraban de crecer. Lo que nadie imaginaba es que la denuncia de un funcionario, que demostró el amaño de los exámenes de la Policía Local de Palma, iba a llevarle a la cárcel.

La causa se remonta a 2012. El entonces ex director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Eduard Calvo, mandó por email las preguntas del examen a dos policías. Cuando el propio juez Penalva comenzó a investigar el caso, se destapó una trama de corrupción policial que ha supuesto la caída de tres comisarios e intendentes, Antonio Vera, Juan Mut y Antonio Morey, los máximos responsables de la cúpula de los agentes municipales de Palma y la detención de 25 policías locales acusados , entre otros delitos, de conseguir favores sexuales y drogas a cambio de no realizar inspecciones; de palizas a prostitutas y de tener negocios paralelos donde utilizaban la coacción y su poder para conseguir beneficios económicos a cambio.

Más de diez mujeres, cuya identidad ha sido protegida por seguridad, narran ante el juez el calvario sufrido en los locales de alterne en los que trabajaban y que eran visitados casi a diario por los agentes implicados en la trama, que supuestamente obtenían sexo, alcohol y, en ocasiones, hasta droga gratis a cambio de avisar de inspecciones y archivar actas de infracción.

Uno de los establecimientos de alterne se abría a las cinco de la tarde "solo para políticos", según narra una testigo, que asegura que todas las jóvenes que trabajan en el local "sabían que se entregaban sobres con dinero a políticos, agentes locales y guardias civiles". Las mujeres afirman que algunos de los empresarios organizaban fiestas privadas en fincas, en las que tenían que acostarse con los asistentes, "alcaldes de Mallorca, jefes de policía y cargos políticos". Una testigo relata que en una de las ocasiones había una menor de edad que fue obligada a prostituirse.

El principal implicado es un subinspector. Él era quien decidía qué establecimientos tenían patente de corso y a cuáles inspeccionar hasta agotarlos y conseguir su cierre. El policía daba instrucciones desde los clubes de alterne, donde estaba instalado y pasaba horas estando de servicio, según recoge el auto del juez. Se le toleraban excesos porque "estaba muy metido en el Partido Popular, aportaba o sufragaba gastos", según declaró un testigo protegido que explicitó que su conexión con el PP era José María Rodríguez.

El juez implica a políticos del ámbito local que tenían responsabilidades en el Ayuntamiento, salpicando de lleno al actual presidente del PP de Palma. José María Rodríguez es un histórico dirigente del partido, que intentó ser alcalde de Palma. Fue consejero de Interior en el Gobierno de Jaume Matas y logró alcanzar la Delegación del Gobierno en Baleares. Un cargo al que se vio obligado a renunciar en 2012 cuando el juez José Castro le imputó en una pieza separada del caso Palma Arena que investigaba facturas falsas vinculadas a la publicidad de las elecciones autonómicas de 2007.

El juez Penalva acusa a Rodríguez  de ser "el artífice en la sombra" del organigrama policial corrupto que se pretendía crear "mediante turbias maniobras". Según se desprende de las declaraciones de los testigos recogidas en el sumario, Rodríguez se reunía en la sede del PP palmesano con el entonces concejal de Turismo, Álvaro Gijón, (que declarará este viernes por el amaño del concurso de la ORA) y algunos de los agentes investigados en la trama para diseñar una nueva estructura policial en la que "únicamente se incorporarían personas afines al PP".

Esas inspecciones y denuncias se producían de manera sistemática a la competencia de Tolo Cursach. El juez está investigando ahora que "la creación de este grupo de policía corrupto" habría sido idea de Tolo Cursach

Otro de los testimonios recogidos en la causa apunta que los empresarios que no se sometían a las finalidades de Rodríguez eran presionados a través de grupos policiales "a base de inspecciones y de denuncias injustificadas". A Gijón se le acusa de haber aprobado un decreto de ocupación del espacio urbanístico que benefició a los locales de Cursach y de poner paradas de bus y taxi frente a sus negocios.

Esas inspecciones y denuncias se producían de manera sistemática a la competencia de Tolo Cursach. El juez está investigando ahora que "la creación de este grupo de policía corrupto" habría sido idea de Tolo Cursach. Los agentes investigados cobraban un sueldo extra de 500 euros por ocuparse de la seguridad de los bares de Cursach y por sancionar a su competencia. Estos presuntos cohechos no eran algo puntual sino habitual, establece el juez, ya que los agentes cobraban un sueldo fijo del grupo Cursach, según revela el documento judicial.

También investiga otros supuestos 15 delitos, entre ellos homicidio. La muerte de uno de los trabajadores de Cursach en la propia finca del magnate por una sobredosis podría haber sido "provocada" y no accidental. Uno de los testigos del juicio asegura que Cursach dijo "A este dale medicina", refiriéndose al empresario fallecido que, según el testigo, tenía en su posesión fotos del rey de la noche acompañado por tres menores. También se le juzga por pedofilia y por actuar como "una red criminal y pseudomafiosa".

La caída del coloso abre una grieta en los más de 40 años de omertá sustentada por policías, empresarios y políticos que ahora tendrán que dar explicaciones.

Tags:

¿Te ha gustado este contenido?...

Hoy en PlayGround Vídeo:

Ver todos los vídeos

Hoy en PlayGround Video



 

cerrar
cerrar