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El exjefe de la policía de Venezuela, imputado por "violaciones a los derechos humanos"

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Después de 80 muertos en tres meses de protestas, la Fiscal General vuelve a la carga y apunta a un alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana 

PlayGround

30 Junio 2017 13:12


Apenas han pasado diez días desde que fue destituido por el presidente Nicolás Maduro como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y ya se ha convertido en el primer representante del oficialismo al que la Fiscalía apunta como responsable de la violencia institucional.

En un claro pulso al Ejecutivo de Maduro, el Ministerio Público apuntó a Antonio José Benavides Torres, ahora gobernador del Distrito Capital, "por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días", informó BBC Mundo. 

Las protestas empezaron a principios de abril, después de que el Tribunal Supremo anulara los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y se quedara con el control del legislativo. Desde entonces, han muerto al menos 81 personas en las marchas y en varios vídeos se ha demostrado el uso ilegal de armas de fuego contra manifestantes desarmados. El pasado miércoles, murieron 5 personas en distintas manifestaciones alrededor del país.

La Fiscal General Luisa Ortega se ha convertido desde el chavismo crítico en una de las voces más potentes de Venezuela, al estar totalmente desconectada de la oposición tradicional.

Como represalia por sus constantes críticas al gobierno, se le congelaron las cuentas y se le impidió salir del país a la espera de que el Ejecutivo decida si la denuncia o la destituye de su cargo. El pasado martes, el Supremo decidió que la Fiscalía compartirá el poder de la acusación penal con la Defensoría del Pueblo, en un movimiento que Ortega calificó como "desmontaje progresivo del Ministerio Público". 

La acusación a Benavides demuestra que el órgano acusador no se arruga ante el cerco del gobierno y que sigue siendo un polo de independencia ante un gobierno que cada vez más cobra más tintes autoritarios.

En su denuncia, la Fiscalía afirmó que "se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones".

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