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La verdad tras de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España

Detrás del supuesto motín de los internos del CIE de Aluche hay un largo historial de denuncias de violaciones de los derechos humanos

CIE CIE

Entre las 9 y las 10 de la noche del martes, un grupo de inmigrantes se alzó en protesta contra las condiciones en las que viven en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Los primeros informes contabilizaron 39 internos. Estos fueron los que se plantaron en el tejado del CIE a los gritos de “libertad” y “dignidad”. Pasaron toda la noche bajo la lluvia y, alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, terminaron la protesta, después de hablar con la Policía.

La información que circula sobre el suceso es confusa. Algunos medios y fuentes policiales dicen que ha habido un motín por parte de los internos. Otras fuentes policiales han dicho que la situación se descontroló ante la falta de personal. El martes en Madrid se jugaba un partido de la Champions League y numerosos efectivos fueron destinados a la seguridad del evento y al control de los hinchas del Legia Varsovia.

También ha trascendido un email, según la agencia EFE, en el que la Unión Federal de Policía alertó al mando de Operaciones que se estaba gestando un motín. El documento partía de informes de personal del centro, que a su vez había obtenido información de los internos a cambio de minutas. El email describía que 90 argelinos planeaban escapar del CIE tomando como rehenes a personal laboral.

Desde que se iniciase la protesta, la policía ha suspendido todas las visitas. Los internos tampoco han podido comunicarse a través de sus teléfonos móviles, una medida que se permitió a partir de 2015

La información es imposible de contrastar porque nadie ha podido hablar con los internos. Desde que se iniciase la protesta, la policía ha suspendido todas las visitas. Los internos, según confirma Dayana Contreras de SOS Racismo, tampoco han podido comunicarse a través de sus teléfonos móviles, una medida que se permitió a partir de 2015.

“Parece que ha sido una protesta pacífica en la que los internos han querido visibilizar su situación reclamando libertad y dignidad”, apunta Contreras. En esta misma línea se ha manifestado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que ha defendido los CIE como herramienta para una “política migratoria responsable”.

“Nos preocupa si realmente han dejado la protesta de manera voluntaria o puede haber algo más. Y, sobre todo, qué tipo de represalias pueden caer sobre ellos”, ha añadido Contreras. La Policía ha dicho que serán expulsados de España. Sin embargo, Contreras dice que, “más bien, haberse manifestado no les va a servir para que impidan su deportación”. En principio, todos los internos en los CIE están allí para ser expulsados del país.

Los CIE, un pequeño Guantánamo

A pesar de la confusión, lo que parece claro es que la dura situación que se vive en los CIE (hay 8 en toda España) ha sido el detonante de sucesos como el de ayer. Según coinciden activistas y organizaciones por los derechos humanos, un CIE es una especie de pequeño Guantánamo: una cárcel para personas cuyo único delito es no tener papeles y donde no hay garantías de cumplimiento de los derechos humanos.

Los CIE son centros cuya finalidad es retener a inmigrantes que esperan la deportación. Estos llegan a los centros desde puntos fronterizos (donde son aprehendidos nada más llegar al país) o después de ser detenidos sin poder demostrar su arraigo o trámite de papeles. El plazo máximo que una persona puede pasar en uno de estos centros es de 60 días. Concluido el plazo, es puesta en libertad o es deportada.

En muchos casos, según explica el abogado y miembro de la plataforma Tanquem els CIE en Barcelona, Andrés García Berrío, los internos son personas que llevan años en España, que tienen hijos en el país, que están en trámites para conseguir los papeles o en proceso de conseguir contratos de trabajo. El sistema los manda al CIE ante la duda, sin darles un tiempo previo en el que puedan demostrar su arraigo. “Esto sucede, en todo caso, en el plazo de 60 días que pasan dentro del CIE. No tienen ningún margen”, apunta García Berrío.

Grupos activistas han denunciado falta de asistencia sanitaria, carencia de traductores y malos tratos, además de algunos casos de tortura y palizas

En esos 60 días (o menos) que los internos pasan en los CIE, las condiciones de vida son deplorables: hay carencias de asistencia sanitaria, faltan traductores que permitan que los internos puedan comunicarse y hay malos tratos. La plataforma a la que representa García Berrío y otros activistas han denunciado numerosos casos de internos que han muerto después de no tener asistencia sanitaria o de no poder contar, por falta de traductores, dolencias que han terminado siendo fatales.

Además de esta falta de recursos, los activistas han documentado violaciones de los derechos humanos, como palizas o torturas. Berrío apunta a que es imposible tener pruebas físicas sobre esto por el blindaje de los centros. A ellos no pueden entrar periodistas y la única organización con acceso es la Cruz Roja para realizar una labor asistencial, pero no de denuncia.

A través de las visitas a los internos y siguiendo un protocolo para confirmar la veracidad de sus relatos (sobre todo, que no sean contradictorios y que sean confirmados por otros), los activistas han interpuesto numerosas denuncias. El caso de los CIE españoles ha llegado incluso a las Naciones Unidas.

Una herramienta inhumana e ineficaz

Las estadísticas más recientes hablan de que al final de estos 60 días se deporta a un 41% de los internos. Es decir, el resto no tendría por qué haber pasado nunca por ahí. “Realmente, para nosotros nadie tendría que estar en un CIE, porque nadie debería ser deportado”, señala el abogado.

 “Más allá de una reivindicación idealista, el CIE representa una política ineficaz. Las personas deportadas apenas representan el 1% de las personas que se van del país por propia voluntad. Nosotros trabajamos por el cierre de los CIE por razones humanitarias, pero además por una reformulación de la política migratoria, que regule los flujos de personas que sí quieren irse del país”, continúa García Berrío.

La preocupación sobre los CIE no solo ha despertado el rechazo de activistas por los derechos humanos o de partidos políticos de izquierdas. La Universidad Pontificia de Comillas desarrolló un estudio en 2015 junto a una abogada del bufete Garrigues, Amalia Rodríguez Sendín, sobre la situación de los 8 CIEs españoles. El informe apunta a que los internos son retenidos por infracciones administrativas. También señala que en los centros se vulneran los derechos fundamentales y los califica de “auténticas cárceles”.

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