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"Probablemente, la ley antiaborto más retrógrada que se podía aprobar"

Texas aprueba su controvertida ley antiaborto, y la indignación popular se dispara

Al final, nada ha servido para detener el disparate. Ni las movilizaciones ciudadanas, ni las quejas de parte del arco político —incluidas propuestas de ley “satíricas” como esta, dirigida contra la masturbación—, ni el clamor de abogados especializados y entidades médicas que pedían el veto de la propuesta por considerarla inconstitucional. Tampoco el aviso lanzado por el Tribunal Supremo de EEUU, que el pasado verano rechazaba en una sentencia las restricciones impuestas por el gobierno de Texas a las clínicas y los médicos que practican abortos en ese Estado.

Al final, a pesar de ese amplio frente de oposición, Texas ha aprobado su nueva ley del aborto. Esa ley promovida por el republicano Greg Abbot, gobernador del Estado, para “establecer estándares más altos que reflejen nuestro respeto por la santidad de la vida”, en sus propias palabras.

Greg Abbot, gobernador del Estado de Texas, ha defendido la ley, una de las más restrictivas legislaciones sobre el aborto en EEUU, aludiendo a la necesidad de “establecer estándares más altos que reflejen nuestro respeto por la santidad de la vida”

El Estado de Texas, políticamente controlado por una mayoría republicana, ya contaba con una de las legislaciones antiaborto más restrictivas de todo EEUU. Con la nueva ley, Texas apuesta por recortar los derechos de las mujeres a nivel reproductivo aún más.

La nueva norma, conocida como la “Senate Bill 8”, introduce mayores restricciones a la práctica del aborto con posterioridad al primer trimestre de la gestación. Por ejemplo, se prohibe la evacuación quirúrgica por 'dilatación y evacuación' (DyE), un procedimiento que Abott ha descrito en Twitter, erróneamente, como “despedazar a bebés, miembro a miembro”.

La realidad es que el DyE es el método de preferencia para el aborto en el segundo trimestre. Es usado en el 95 por ciento de los casos de aborto inducido en el segundo término, según el Guttmacher Institute. La prohibición del DyE busca, esencialmente, prohibir el aborto a partir de la semana 13. La ley no alude a posibles excepciones para el caso de incesto, mujeres violadas o riesgo de salud para la madre.

De la mano de esa prohibición, llega la persecución: cualquier persona (médicos, familiares, amigos...) que facilite o asista en modo alguno en la práctica de cualquiera de los procedimientos ahora prohibidos puede enfrentarse a cargos criminales con penas de hasta dos años de cárcel.

La normativa prohibe el aborto inducido por el método llamado de 'dilatación y evacuación' (DyE). La realidad es que el DyE es el método de preferencia para el aborto en el segundo trimestre. Es usado en el 95 por ciento de los casos

Medidas como esas no gustan a casi nadie. Pero en el centro del clamor popular se encuentra otro asunto, uno de los puntos que, desde el principio, más habían avivado la polémica: las mujeres deberán oficiar un “funeral” para sus restos fetales o embrionarios.

Más exactamente, deberán elegir entre enviarlos al crematorio o darle sepultura en el cementerio de su elección. En ambos casos, la mujer deberá correr con los gastos del procedimiento elegido.

La ley no establece distinción entre el aborto natural y el voluntario. La normativa se aplica a cualquier tejido embrional o fetal producto de un embarazo ectópico o aborto, ya sea espontáneo o provocado. Tampoco contempla ningún tipo de excepción por motivos religiosos: sea cual sea la confesión o las creencias de la abortante, el feto deberá ser enterrado o cremado.

La ley también introduce una prohibición a la donación de tejidos fetales en el caso de aborto. Hasta ahora, la mujer abortante podía decidir si quería o no donar esos tejidos, que se han demostrado esenciales para la investigación médica, la creación de vacunas o el tratamiento de una amplia gama de enfermedades. Ahora, la totalidad de esos tejidos deberán ser obligatoriamente enterrados o cremados.

La nueva ley establece la obligatoriedad de cremar o dar sepultura a los restos fetales o embrionarios, sin establecer distinción entre el aborto espontáneo y el voluntario

La intención de la nueva legislación parece clara: restringir el derecho de la mujer a acceder a un aborto legal y seguro, elevando las restricciones legales, las cargas económicas y el estigma social asociado al aborto y la pérdida del bebé. Multiplicar el coste económico, emocional y psicológico de un trance ya de por sí traumático. Ponérselo cada vez más difícil a la mujer, para que cada vez menos mujeres contemplen el aborto como una opción legítima.

El Center for Reproductive Rights, organización independiente que lleva más de dos décadas luchando por para promover la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental, ya ha avisado de que van a seguir peleando contra la nueva ley en los tribunales, por considerarla inconstitucional.

Cabe recordar que el Estado de Texas no está solo en esto. Indiana y Lousiana promulgaron una ley similar en julio del año pasado. Arkansas y Georgia ya cuentan con estatutos parecidos. Ohio, Carolina del Sur y Mississippi están considerando adoptarlos.

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