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Reino Unido espió ilegalmente a sus ciudadanos durante más de 10 años

Un tribunal acaba de confirmar que las principales agencias de seguridad e inteligencia del país recopilaron detalles biográficos, contenidos de emails, ubicaciones y actividades financieras de miles de personas

Un tribunal acaba de confirmarle a todos los ciudadanos británicos que fueron espiados ilegalmente durante más de una década. Las tres principales agencias de seguridad e inteligencia del país estuvieron recopilando información privada que incluía detalles biográficos, actividades financieras, localizaciones GPS y correos electrónicos. Sin ninguna autorización judicial se invadía y quedaba expuesta la intimidad de las personas.

Edward Snowden ya echó un jarro de agua fría sobre las agencias de seguridad británicas. Sus revelaciones entre 2013 y 2015 sacaban a luz un espionaje masivo e indiscriminado que violaba derechos fundamentales de las personas. Fue en 2015, una vez las prácticas ya se habían hecho públicas, cuando las autoridades inglesas decidieron cambiar las leyes y aprobaron la creación de un polémico organismo que regulaba algunas de estas actividades justificando que una vigilancia era necesaria para que se garantizase la seguridad. Pero nunca reconocieron que estas prácticas se dieran antes.

El tribunal emite ahora un fallo que es histórico. Para empezar, porque prueba que las publicaciones de Snowden eran ciertas. Después, porque condena un espionaje que se salía del marco de la legalidad.  

Según el fallo, desde 1998 a 2015 las agencias de seguridad llevaron a cabo dos tipos de vigilancia intrusivas que nunca se reconocieron. Una se conoce con las iniciales BCD, que comprende el seguimiento de las páginas web a las que acceden los ciudadanos y el contenido de los correos electrónicos que envían. La otra se llama BPD y consiste en obtener datos de actividades financieras o de las comunicaciones y viajes que realiza la gente.

El artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos quedaba hecho trizas. Se incumplió el principio que aseguraba la privacidad individual que toda sociedad democrática debe amparar. Ahora grupos pro derechos civiles han celebrado la sentencia pero manifiestan una preocupación: que todo lo sucedido quede impune y que el espionaje, con las nuevas leyes, vaya a más y a peor.

[Vía The Verge]

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