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"Insuficiente" y de "mínimos": así es el Pacto de Estado contra la violencia de género

Las 200 nuevas medidas acaban de acordarse pero siguen sin ir a las raíces del machismo estructural

6 meses de trabajo y 66 comparecencias de expertos han hecho falta para que la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados ratificara ayer por unanimidad el informe del Pacto de Estado contra las violencias machistas. El viernes, las 200 propuestas elaboradas por la subcomisión se someterán a la aprobación de la Comisión de Igualdad. Ese día, los grupos parlamentarios que deseen podrán presentar sus votos particulares ante aquellas cuestiones que consideren necesarias dentro del Pacto de Estado.

200 medidas, cerca de 1.000 millones de inversión y 5 años por delante son las cifras que resumen este Pacto contra las violencias machistas.

Definido como histórico, el acuerdo busca atajar el grave problema del terrorismo machista que afecta a España. En lo que va de año se han registrado según cifras oficiales 32 asesinatos de mujeres en España y, según las estadísticas oficiales de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 904 mujeres han sido asesinadas desde 2003. Por hacer una comparativa, entre 1968 y 2010 se contabilizaron 856 víctimas mortales por el terrorismo de ETA.

El Pacto, considerado "insuficiente" y de "mínimos" por algunas formaciones políticas, se aprobó tras ocho horas de debate en el que se revisaron asuntos como la partida presupuestaria o el concepto de violencia de género.

Entre las medidas aprobadas se contemplan propuestas destinadas a atajar la violencia de género desde la educación. Asignaturas obligatorias para prevenir la violencia machista desde el colegio o que carreras relacionadas con el ámbito sanitario, judicial, educativo o policial tengan materias centradas en la violencia de género que permitan a estos profesionales detectar y tratar de manera temprana esta problemática.

Dentro de las 200 propuestas también se incluyen medidas destinadas a ampliar la protección de las mujeres. Se cambiarán los criterios que acreditan a una mujer como víctima de violencia de género y se incluirán en ellos a aquellas mujeres que no han denunciado. Además, se pretende otorgar una prestación de desempleo durante seis meses que permita a las supervivientes comenzar de nuevo.

A nivel penal, se plantea suprimir el atenuante de confesión en el caso de los delitos de violencia de género y se mejorará la tipificación de delitos de género en la red. Las injurias y calumnias que sufren muchas mujeres en Internet dejarán de considerarse un delito leve.

En el caso de los hijos, se ha acordado regular la prohibición de las visitas a la cárcel al maltratador por parte de los menores, que los huérfanos tengan derecho a pensiones inmediatas y las personas que obtengan la patria potestad tengan prioridad para acceder a viviendas de protección .

Tras el debate de ayer lunes, la mayoría de críticas de los grupos parlamentarios iban destinadas a dos de los puntos más conflictivos del debate: la partida presupuestaria y la inclusión de las diversas violencias machistas en el Pacto.

"Esperábamos que fuera más claro, valiente y atrevido a la hora de proteger a las mujeres de las distintas violencias", afirmó ayer la diputada de Compromís, Marta Sorlí. “Se trata de un pacto de mínimos pero es un buen principio", añadió.

Una opinión similar tiene la secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos, Sofía Castañón. “ Entendemos que el contenido supone muchos avances que nosotras celebramos pero es insuficiente para hablar de un Pacto de Estado institucional, político y social”, explica Castañón a PlayGround. Desde la formación morada celebran medidas como mayor financiación de la sociedad civil que trabaja en estos ámbitos o la habilitación del título de víctimas más allá de la que teníamos hasta la fecha pero creen que falta feminismo en el enfoque.

Lamentamos que el texto no comprenda una visión feminista de la violencia que se ejerce contra las mujeres en este país y que no estemos hablando de violencias machistas. Si entendemos que las violencias que sufrimos las mujeres son una cuestión de Estado y por lo tanto es un problema estructural que tiene un origen en el patriarcado y el machismo, necesitamos que las medidas partan de ahí”, incide.

200 medidas, cerca de 1.000 millones de inversión y 5 años por delante son las cifras que resumen este Pacto contra las violencias machistas.

Podemos y otros grupos políticos piden que se incluyan en el Pacto de Estado todas las violencias recogidas en el Convenio de Estambul, acuerdo que España ratificó en 2014.

“No puede ser que al final estemos entendiendo a efectos prácticos de las medidas que se plantean tan solo una definición de violencia, cuando lo que intentamos es superar ese marco de 2004, la violencia en el ámbito de la pareja o ex pareja”, explica la secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI de Podemos.

“Todas las mujeres que sufren violencia no pueden ser consideradas unas menos que otras, entendiendo la enorme diferencia entre una agresión, la violencia económica, un asesinato o la mutilación genital. Lo que decimos es que, precisamente, todas deben encontrar garantías y medidas por parte del Estado que no las dejen a la intemperie”, añade.

“Ha faltado feminismo y ha faltado que realmente tuviese peso lo que dice la calle desde hace mucho tiempo, plataformas como el 7N que demandan recursos, que hablemos de violencias machistas en plural y que entendamos este problema en su conjunto, como algo estructural”, incide Castañón. “ Porque los parches son urgentes y necesarios pero no podemos quedarnos allí, tenemos que ir a las raíces”. 

Por su parte, desde las diversas asociaciones de mujeres que forman parte de esa sociedad civil coinciden en la escasez del dinero destinado a la lucha contra las violencias machistas como uno de los principales puntos negros del Pacto de Estado.  “Me parece positivo que se dote económicamente a los acuerdos del Pacto, sin embargo, creo que es insuficiente”, explica Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

“Se han aprobado 1.000 millones para 5 años, lo que significa 200 millones por año. 200 millones al año para toda España, para fuerzas y cuerpos de seguridad, sanidad, educación, justicia, medios de comunicación...creo que es fácil entender por qué es poco dinero”, resume Gonzalo. Por poner un ejemplo, en los presupuestos generales de 2017 se ha aprobado que 1.824 millones de euros se destinen solo este año a la modernización del Ejército.

 

“Lamentamos que el texto no comprenda una visión feminista de la violencia que se ejerce contra las mujeres en este país y que no estemos hablando de violencias machistas.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas también se muestra crítica con la financiación del Pacto de Estado.   “Es absolutamente insuficiente para prestar una atención de rigor a la cuestión fundamental que hay en este momento en este país que es que se están matando mujeres con toda la impunidad. Asesinadas”, denuncia Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. “Porque esto se llama aquí y en cualquier sitio terrorismo de género. El primer problema que tiene un país, aunque no lo parezca”, incide Pérez del Campo.

“Intentar solucionar esto con 200 millones al año es una auténtica vergüenza. Igual que es una vergüenza que todo se arregle con un minuto de silencio. El minuto de silencio hay que hacerlo, pero no es más que un símbolo”, añade la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Por el momento, habrá que esperar al viernes donde se votará en comisión con los votos particulares de cada grupo. Allí, los partidos incluirán todo lo que ellos consideran necesario para establecer un Pacto de Estado. Mientras, lejos de los pasillos del hemiciclo, las asociaciones de mujeres como Themis exigen que “el pacto contenga medidas concretas que sirvan para que las mujeres confíen en la administración de justicia. Una justicia que responda y ayude a estas mujeres a resolver y salir de la violencia”.

“Es necesario garantizar la seguridad de las víctimas en la medida que es posible”, mantienen desde la  Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.

“Se hizo con ETA y se hizo muy bien y hay que hacerlo con las mujeres igual. Además, hay que ayudar a que se recuperen del trauma que han sufrido durante la convivencia con el maltratador. Eso exige centros de recuperación integral que no hay, no casas de acogida que solo sirven para esconderse”, apostilla Ana María.

 

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