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España exige matrimonios de la misma nacionalidad para reunificar refugiados

La ONG Oxfam denuncia que es el país que más trabas pone para que las familias puedan encontrarse de nuevo.

Más de un año es el tiempo que tienen que esperar los refugiados que llegan a España para poder reunirse con sus familias. Esto, a pesar de que sean niños —el 25% del total de los que han llegado a España, según ACNUR— o del principio de extensión familiar. Este permite que una persona residente en España que ya ha adquirido protección internacional pueda iniciar los trámites para traer a sus familiares.

En cuatro años, entre 2011 y 2015, tan solo 1.190 personas (un 4% de quienes lo solicitaron) consiguieron asilo en nuestro país a través del mecanismo de la extensión familiar. Más de 28.073 personas tuvieron que poner en riesgo su vida para poder reunirse con su familia. En 2015, España concedió 327 visados por razones familiares. La cifra contrasta con los 79.000 que concedieron el resto de los gobiernos europeos. Con estos datos en la mano, la ONG Intermón Oxfam denuncia que nuestro país es que mayor trabas plantea para la reunificación familiar.

Los motivos de esta larga espera están en la legislación española que regula la situación de asilo. España exige que los matrimonios sean de la misma nacionalidad para poder solicitar la extensión familiar. Además, no incluye a hijos mayores de edad ni a otros parientes, como los abuelos. La única excepción que incluye es la de "dependencia económica".

Desde la ONG denuncian la rigidez de la normativa, que no tiene en cuenta los vínculos reales ni las unidades familiares. También critican la inexistencia de un reglamento que acompañe a la Ley de Asilo. Este reglamento debería haberse desarrollado hace 7 años. Mediante este, las embajadas tendrían que tramitar los visados a los parientes que se reagrupen y se verían obligadas a atender las solicitudes de asilo.

España exige que los matrimonios sean de la misma nacionalidad para poder solicitar la extensión familiar. Además, no incluye a hijos mayores de edad ni a otros parientes, como los abuelos.

La ausencia del reglamento permite ahora mismo a las sedes diplomáticas "desentenderse de la situación". Estas vuelcan todo el peso de la burocracia en los refugiados que, además de tener que enfrentarse a las consecuencias traumáticas de huir de una guerra, se ven perdidos en un país en el que no conocen ni el idioma ni la legislación.

Por ello, la ONG exige al Gobierno español que modifique, en primer lugar, la defición de unidad familiar para incluir a otros miembros más allá de cónyuges e hijos menores y que entienda la dependencia desde una visión que no sea exclusivamente económica.

También solicita la agilización de los procesos burócraticos, que pasa por el desarrollo del reglamento que debería acompañar a la Ley de Asilo para establecer un protocolo claro sobre el procedimiento a llevar a cabo por embajadas y consulados.

Por último, Oxfam demanda al Ministerio de Interior mayor "claridad y transparencia" en las cifras de refugiados que piden asilo. El último informe publicado por el Ministerio data de 2015. Según la ONU, el número de personas desplazadas en el mundo ya asciende a los 65,5 millones. Se trata de un nuevo récord desde que se contabilizan los flujos migratorios.

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