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"Muchos proxenetas encarcelados hoy saldrían de prisión con la nueva ley"

México discute las consecuencias de reformar la Ley contra la Trata, que incluiría la necesidad de aportar pruebas que justifiquen que las víctimas han sido objeto de abusos. Expertas alertan: "Hay delitos que son casi imposibles de demostrar. ¿Cómo va a demostrar una víctima que fue golpeada y obligada a prostituirse hace cinco años?"

*Signe Pierce, Motelscape

Esta semana se celebraba en México el Foro Binacional de Prevención contra la Trata de Personas, un encuentro que ha servido para  retomar la  propuesta de reformar la Ley vigente contra la Trata de personas, presentada en 2012 y aprobada por el Senado en 2014. Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, ha reclamado “dar celeridad” a la aprobación de las reformas presentadas por Senado en materia de Trata.

Esta propuesta de modificación de la Ley se ha votado hasta dos veces en la Cámara de diputados. En las dos votaciones realizadas previamente, eso sí, no se ha conseguido la unanimidad de la Cámara. En un primer momento,  la iniciativa de reforma fue presentada en 2013 por cinco senadoras que conforman la Comisión contra la Trata: Adriana Dávila y María Calderón (PAN); Angélica de la Peña (PRD) y dos senadoras del PRI: Lucero Saldaña y Margarita Flores.

Desde entonces han sido varias las críticas vertidas a la reforma desde distintos ámbitos.  Juristas, abogados, periodistas y sociedad civil han criticado duramente varios puntos de la reforma. El principal tiene que ver con la introducción de medios comisivos, que obligan a las víctimas a demostrar que han sido objeto de la trata. Otros asuntos que han despertado críticas son la eliminación del fondo económico destinado a las víctimas de la trata y los vacíos legales que atienden a delitos relacionados con la explotación laboral.

México, en el punto de mira

“México está siendo señalado como paraíso de turismo sexual infantil.  Los delitos van en aumento al tiempo que no todos los estados están aplicando la ley. Existe una gran complicidad para que este delito se siga cometiendo”, sostiene Patricia Olamendi, abogada especialista en derechos humanos que ha trabajado para el Consejo de la ONU.

PlayGround avanzaba esta semana la delicada situación a la que se enfrenta el Estado de México, que en los últimos años ha visto aumentar el número de víctimas relacionadas con la trata de personas y, más concretamente, con la explotación sexual de mujeres y menores de edad.

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La normativa actual, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, fue aprobada en 2012.

Según explica Adriana González Veloz, que trabajó como investigadora en la Cátedra Extraorinaria contra la  Trata de Personas de la UNAM, la ley vigente “debe ser considerada como una de las más completas y complejas en su tipo”. Alude al hecho de que  contempla hasta 26 tipos penales sobre los delitos en materia de trata de personas, que incluyen desde tráfico de órganos, explotación laboral, servidumbre o explotación sexual.

Los delitos van en aumento al tiempo que no todos los estados están aplicando la ley. Existe una gran complicidad para que este delito se siga cometiendo —Patricia Olamendi, abogada especialista en DDHH

La aprobación de esta ley supuso un avance en materia de derechos humanos. Sin embargo, ha encontrado muchas dificultades en el camino para poder erradicar la comercialización de las personas en el país: aunque México es una República Federal donde cada estado tiene autonomía para interpretar las leyes y sancionar, las normativas de carácter general deben armonizarse y aplicarse de la misma manera en los 32 estados, y a día de hoy los estados de Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Neyarit no aplican la Ley.

Otra de las dificultades para hacer efectiva la Ley es la interpretación de la misma. Es decir, cómo la interpretan y qué sanciones llevan a cabo los jueces”, explica Adriana González.

Las reformas a la Ley

La Senadora Adriana Dávila es una de las principales impulsoras de la reforma de la Ley. Ella es presidenta de la Comisión contra la Trata y senadora por el estado de Txacala. “Las reformas que proponemos —explica a PlayGround Dávila— incluyen la modificación del artículo 10 de la Ley  donde incluimos los medios comisivos para que no haya dudas a la hora de juzgar un delito de trata”. Los medios comisivos consisten en demostrar con pruebas que una persona ha sido víctima de trata.

La senadora del PAN asegura que la normativa actual tiene vacíos legales y problemas de interpretación. “La inclusión de los medios comisivos eludirá cualquier duda a la hora de interpretar la Ley y permitirá endurecer las penas de los tratantes que comercialicen con personas. La Ley actual solo contempla los delitos de manera general. Con la reforma, si un tratante explota a 50 personas se le juzgará por cada una de las 50 personas, y no como si solo hubiese comercializado con una sola víctima, como ocurre con la normativa de 2012”.

Otra de las reformas que contempla la Ley es la eliminación del Fondo económico destinado a las víctimas de la trata y con el que se financian los cambios de identidad de las víctimas, los traslados a sus países, la protección a los testigos o los refugios para su rehabilitación.

Incluimos los medios comisivos [la demostración con pruebas de que una persona ha sido víctima de trata] para que no haya dudas a la hora de juzgar un delito de trata —Alejandra Dávila, senadora del PAN

No es que eliminemos el Fondo de las víctimas contra la Trata. Lo que sucede es que tras la aprobación de la Ley General de Víctimas (en 2013) también se creó un fondo. Lo que hemos hecho es evitar la duplicidad y dejar un solo Fondo destinado a las víctimas”, prosigue la senadora.

Además, la reforma distingue entre explotación laboral y trabajo forzoso, algo que la Ley actual contemplaba de forma conjunta. “El trabajo forzoso debe regularse por la Ley Federal del Trabajo y no mezclarse con la Ley de Trata. La Ley contra la Trata debe regular los casos de explotación laboral”, asegura Dávila.

La reforma también contempla la legislación en materia de maternidad subrogada y matrimonio infantil, algo que la anterior ley no contemplaba. Sin embargo, en este punto, la reforma distingue entre embarazo forzoso, que sería considerado como un delito de trata y maternidad subrogada, que debe ser legislado en materia de salud y no de trata.

Las críticas a la reforma

"La ley de 2012 es una Ley perfectible que necesita modificaciones, pero el problema es que esas modificaciones se están maquillando bajo otras intenciones y desviando hacia reformas que harán de la Ley contra la Trata una ley regresiva", explica Adriana González, que actualmente está finalizando su doctorado acerca de la Trata.  

La principal crítica que comparten juristas, abogados, especializados en Derechos Humanos y sociedad Civil es la introducción de los medios comisivos para probar que se ha sido víctima de Trata. Frente a la versión que señalaba anteriormente la senadora Dávila, en la que asegura que incluir los medios eliminará posibles errores de interpretación de la Ley, el abogado Samuel González mantiene que es un grave error que perdujica a las víctimas: " Hay delitos que son casi imposibles de demostrar. ¿Cómo va a demostrar una víctima que fue golpeada y obligada a prostituirse hace cinco años? o ¿Cómo demuestra una persona que ha sido obligada a mendigar o víctima del tráfico de órganos?

Patricia Olamendi asegura que las reformas impicarían un retroceso en materia de Derechos Humanos. " La Ley actual necesita reformas, es perfectible, pero no de la manera en que las senadoras quieren reformarla. Su modificación es puramente penalista, deja de lado los Derechos Humanos Internacionales. La Ley actual dice: tengo derecho a no ser esclavo, a no ser expotado, a no ser mercancía. Con las reformas van a eliminar esta interpretación de la Ley y las víctimas tendrán que demostrar que han sido esclavas, que han sido explotadas y que han sido mercancía que ha beneficiado a un tercero".

Hay delitos que son casi imposibles de demostrar. ¿Cómo va a demostrar una víctima que fue golpeada y obligada a prostituirse hace cinco años? —Adriana González, investigadora

Otra de las principales críticas es la relativa a la explotación y trabajo forzado  "La reforma plantea, eliminar la explotación laboral. La actual ley   integra los dos tipos penales pero la reforma señala que la explotación laboral es materia  de la Ley Federal del Trabajo. El problema es que, la Ley federal del Trabajo  solo sanciona violaciones a los derechos laborales (y no explotación laboral en los términos de la ley general de trata) y por tanto, la sanción es la  multa económica y en algunos casos (fraude laboral). Eso implica que los grandes empresarios no tengan problema en explotar, por ejemplo,  a los jornaleros agrícolas. Aunque les exploten, el delito será considerado como  una violación a derechos laborales. La empresa pagará una multa y seguirá operando. Así nunca podremos combatir la explotación laboral", explica González.

Otra de las principales críticas es la distinción que contemplan las reformas acerca de explotación y Trata de personas. "La reforma plantea, por ejemplo, distinguir entre trabajo forzoso y explotación laboral. La actual ley contempla ambas formas dentro de la Trata, pero la reforma aboga por legislar el trabajo forzoso a través de la Ley Federal del Trabajo. El problema es que, si se legisla sin que sea entendido como explotación laboral, la Ley federal del Trabajo tan solo sanciona a los explotadores con una multa económica y algunos días de cárcel. Eso implica que los grandes empresarios no tengan problema en utilizar a campesinos en el campo. Aunque les exploten, el delito será considerado como trabajo forzoso. La empresa pagará una multa y seguirá operando. Así nunca podremos combatir la explotación laboral", explica González.

Lo mismo sucede con el embarazo forzoso y la maternidad subrogada. "¿Es un avance que se legisle en materia de embarazo forzoso y matrimonio infantil?.La ley vigente no lo contemplaba, pero de nada sirve que se incluya sino existe legislación sobre maternidad subrogada que fije los parámetros para saber cuándo se está frente a un caso de "maternidad subrogada", explica González.

La experta en Trata de personas asegura que si no existe esa ley, todo podría caer en el supuesto de "embarazo forzoso", sobre todo si se toma en cuenta que quienes están en contra de la maternidad subrogada, piden su prohibición absoluta, de modo que todos los casos los denominan "vientres en alquiler". Bajo esta interpretación todo podría interpretarse como embarazo forzado. La discusión es la misma que con el sexo-pago. No es un problema de la ley general de trata vigente, el problema es que no hay legislación nacional que regule la maternidad subrogada, ni la hay para el sexo pago, entonces según quien aplique la ley general de trata vigente podrá ser sancionada (o no) una misma conducta, porque quien sancione interpretará como quiera el caso que tenga enfrente.

Por eso uno de los vacíos legales que también preocupan a los especialistas en la Trata es la legislación de la Prostitución o sexo pago. La Constitución mexicana no la prohíbe, pero tampoco la legisla. Muchas de las chicas, según explica González, son obligadas a decir que ejercen la prostitución como opción propia. Otras, las que la ejercen como salida laboral, cuando son detenidas en las redadas aseguran ser víctimas, porque si no, se las acusa de cómplices. Esto supone un problema a la hora de sancionar, y rebasa con mucho a la ley general de trata, que además, cundo se aplica en la lógica de que toda actividad de sexo pago es explotación sexual , vulnera los derechos de las personas que se reconocen como trabajadoras sexuale.

La gran mayoría de las organizaciones de sociedad civil   son contrarias a que se regule la prostitución, porque aseguran que, si sigue existiendo el sexo pago, siempre seguirá existiendo demanda. Sin embargo, el vacío legal en este aspecto seguirá favoreciendo a los explotadores y tratantes.

Lo que más nos asusta es que, de llevarse a cabo la reforma de la nueva ley, muchos de los proxenetas actualmente encarcelados salgan de la cárcel —Patricia Olamendi

"Lo que más nos asusta es que, de llevarse a cabo la reforma de la nueva ley, muchos de los proxenetas actualmente encarcelados salgan de la cárcel. En sus juicios no se incluyeron los medios comisivos y de entrar en vigor la modificaciónd el artículo 10, el juicio sería declarado nulo", explica Olamendi. "Tenemos un problema muy grave de trata en México, pero hay demasiados intereses para erradicar de raíz el problema", concluye.

La reforma implica también la eliminación del Fondo destinado a las víctimas de Trata. Con esa partida económica, que las organizaciones civiles critican que todavía no ha recibido un peso, se destinó a cubrir los gastos de protección de las víctimas y testigos; cambios de identidades; traslados a sus países...La reforma supondrá eliminar este fondo especializado y unificarlo con el Fondo de la Ley General de Víctimas, aprobada en 2013. "La eliminación del fondo supone que ya no se destine un dinero específico a las víctimas de trata. Ahora víctimas de género, de explotación y de trata tendrán que compartir recursos, lo que significará recortes y más dificultades para las víctimas", explica el abogado Samuel González.

Tanto defensores como detractores de la reforma coinciden en un punto: la cantidad de dinero que mueve la trata de personas, concretamente la explotación de menores y de mujeres para la prostitución.

La explotación sexual mueve ya 150 millones de dólares anuales. Se trata de unos interes que implican que ciertas autoridades, empresarios y sociedad civil dificulten los procesos para penalizar estos delitos. Las principales víctimas aquí son las más pobres, las más vulnerables y los menores de edad. "Todo el mundo sabe que en Cancún o Baja California se venden niñas menores de edad para turismo sexual", explica una periodista. "Y sin embargo —añade— Baja California no aplica la Ley contra la Trata. Si además incluyen los medios comisivos va a ser un verdero atraso para México".

La periodista concluye: "Ser pobre en México te hace tener menos derechos".

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