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Moix: el polémico historial del Fiscal Anticorrupción con una sociedad offshore

Esta mañana ha anunciado su dimisión.

Manuel Moix fue nombrado Fiscal Anticorrupción el 22 de febrero. No ha durado ni tres meses en la Fiscalía más sensible y que ha hecho caer a numerosos altos cargos del Gobierno en España. Esta mañana Moix anunciaba su dimisión voluntaria después de conocerse que es dueño del 25% de una sociedad offshore en Panamá. El resto de los propietarios son sus hermanos. Sin embargo este motivo solo es la punta del iceberg de una carrera laboral llena de decisiones polémicas y ligada a su estrecha colaboración con el PP, el partido en el Gobierno.

Una sociedad de la que Moix "no sabía nada"

Duchesse Financial Overseas, la sociedad de la que es dueño del 25%, fue creada en 1988 por el padre de Moix. Sus hermanos tienen la propiedad del resto de la offshore. Tan solo un mes después de su constitución, la empresa compra un chalé en Collado Villalba, Madrid. La hermana mayor del fiscal había sido apoderada por la empresa desde su creación.

Los cuatro hermanos Moix-Blázquez heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España tras el fallecimiento de su madre en 2008 y de su padre en 2011. El inmueble, valorado en 550.000 euros, consta de tres plantas, 6 dormitorios, 5 baños y dos salones. También cuenta con una bodega y piscina cubierta.

Después del fallecimiento de sus padres, ninguno de los hermanos, incluido el propio Fiscal, declaró la existencia de la sociedad panameña. Según dijo Moix a la Cadena Ser, esto se debió a que "no sabían a quién pertenecía la sociedad", en la que figuraba la compra de la vivienda familiar. Moix aseguró a la emisora que pagaron el impuesto de sociedades pero que no desactivaron la offshore porque costaba 90.000 euros hacerlo y "no se lo podían permitir".

La información fue descubierta por el diario InfoLibre, que además desmintió las informaciones del Fiscal. El coste de deshacer la sociedad es de 400 euros, no 90.000. Moix se negó a contestarles.

Los amigos de Moix: una trayectoria laboral unida a los altos cargos del PP

Moix fue nombrado Fiscal Jefe contra la Corrupción y la Criminalidad en febrero. Su votación no estuvo exenta de polémica, debido a su falta de experiencia en el cargo, pero la recomendación de José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, le facilitó la entrada.

El recién dimitido cuenta con 30 años de experiencia en el Ministerio Fiscal, pero carece de acreditación alguna en Anticorrupción. Aprobó la oposición de abogado Fiscal en el 86 y, tras rodar de destino en destino sin pena ni gloria, llegaba su primer ascenso en 2011. El entonces Ministro de Justicia (del Gobierno del PP), Ángel Acebes, le nombró Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Su titular era Jesús Cardenal, miembro, además, del Opus Dei.

Empieza entonces su lanzamiento hasta la cúspide.

Dos años después, otro Ministro de Justicia (también del PP), José María Michavila, le nombra Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. En este puesto se mantuvo durante 12 años. Ahí se aproximó a los altos cargos del PP en la Comunidad. Primero a Alberto Ruiz Gallardón, después a Esperanza Aguirre y posteriormente a Ignacio González. Este último también ha sido detenido recientemente con cargos por corrupción.

En junio del 2015 y con el beneplácito de Rafael Catalá (actual Ministro de Justicia) es nombrado Fiscal del Tribunal Supremo. Su nombre comienza a estar en boca de todos los altos cargos del PP para cubrir la plaza vacante en la Fiscalía Anticorrupción. Dicho y hecho. En febrero ocupa el cargo, pese a la negativa de la anterior Fiscal General, Consuelo Madrigal, y sin tener en cuenta los elogios del corrupto Ignacio González ni la nula experiencia en una Fiscalía tan sensible y complicada como es Anticorrupción.

Tres Fiscales Generales en menos de dos años.

Desde que Rafael Catalá ostenta el cargo de Ministro de Justicia (2015), han pasado por el desfiladero de la Fiscalía General hasta tres personas. Primero fue Torres-Dulce. Dimitió tras varios encontronazos con el Gobierno de Mariano Rajoy que pretendía contrarlo. Después llegó Consuelo Madrigal. Duro poco más de un año por la misma razón que su antecesor.

Madrigal se negó a obedecer al Gobierno con los nombramientos de varios fiscales claves para controlar los procesos penales que afectan al Partido Popular: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de Murcia, el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo. Y especialmente el fiscal jefe Anticorrupción. Su negativa le costó el puesto.

Como titular Anticorrupción, Moix ordenó a los fiscales del caso Lezo, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, que no solicitaran al juez el registro de una sociedad vinculada a delitos supuestamente cometidos en el entorno del Canal de Isabel II en el año 2001

Tras la jubilación de Antonio Salinas, Consuelo Madrigal quería poner de jefe a Alejandro Luzón. Este es un histórico de esa Fiscalía que, entre muchos otros casos, ha llevado el de las tarjetas Black de Caja Madrid. Sin embargo, el candidato en boca del Gobierno siempre fue Moix.

Las polémicas decisiones del Fiscal que siempre favorecán al PP

La desiganción de Moix ha sido cuestinonada desde sus inicios por sus compañeros de profesión y por la oposición del Gobierno. No solo por su escasa formación en Corrupción, sino porque desde que este fuera fiscal superior de Madrid, fue considerado desde el inicio un ariete del Gobierno para controlar una fiscalía que investiga causas que afectan al PP, como los casos Gürtel, Púnica y, en los últimos meses, Lezo.

Como titular Anticorrupción, Moix ordenó a los fiscales del caso Lezo, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, que no solicitaran al juez el registro de una sociedad vinculada a delitos supuestamente cometidos en el entorno del Canal de Isabel II en el año 2001. En esa época, Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid.

Los fiscales forzaron una junta de fiscales anticorrupción que, por mayoría aplastante, se opuso a la orden de Moix. Dio marcha atrás, pero a cambio impuso a los fiscales que no acusaran a la trama de un delito de organización criminal. Intentó retirar, sin éxito, al fiscal Yáñez de su fiscalía. Se negó, además, a permitir las escuchas de Ignacio González que, finalmente, fueron autorizadas.

También trató de apartar a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo de la investigación del caso del 3%, que se sigue en un juzgado de El Vendrell (Tarragona). Esta decisión fue llevada por los afectados al Consejo Fiscal, y ante la polémica, el fiscal general Maza optó por paralizarla de manera cautelar.

Antes de su estelar entrada en Anticorrupción, el Fiscal había sido también criticado por sus decisiones.

Siendo Fiscal Anticorrupción, y antes de ello, Moix obstaculizó los principales procesos judiciales que afectaban al partido del Gobierno (el PP) para que la Justicia no procesase a los responsables

En el Caso Rato, a pesar de las evidencias, se negó a que el exministro y exirector del FMI fuera a prisión. Con respecto a las manifestaciones del 15M, de las que sugiría más tarde el embrión de Podemos, se sumó a las descalificaciones que previamente había hecho la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En el Caso Blesa, Moix dio las órdenes de que Fiscalía se querellase contra el juez Elpidio José Silva, que ordenó el ingreso del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en prisión. Según Moix, le acusaba de  un delito contra la libertad individual, otro de prevaricación y un último continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Además, no vio ningún delito en los mails privados de Blesa, fundamentales para la causa y para destapar más tarde el Caso de las Tarjetas Black. Si vio un delito en los medios de comunicación que lo hicieron público.

En el Caso Madrid Arena, donde murieron cinco jóvenes por los fallos de seguridad en un concierto, la Fiscalía de Madrid redujo de 25 a 14 las personas imputadas, dejando fuera a todos los responsables políticos y policiales del Ayuntamiento de Madrid.

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