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Ira y protestas masivas por la despenalización de la corrupción en Rumanía

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El Gobierno rumano ha conseguido que 150.000 personas salgan a protestar a las calles, cifras que se vieron por última vez en la revolución que derrocó el comunismo

Margaryta Yakovenko

02 Febrero 2017 13:48

Los gritos de protesta resuenan en las calles de Rumanía. Decenas de miles de personas, entre 150.000 y 200.000 según los cálculos, han salido a la calle la noche del miércoles para protestar por un decreto de urgencia aprobado por el gobierno que despenaliza la corrupción.



Hacía 27 años, desde la revolución que provocó en 1989 la caída del régimen comunista, que Bucarest no había estado tan inflamado de enfado y rabia ciudadana. Entre gritos de "ratas", "ladrones" y "traidores" dirigidos a los políticos, los rumanos han pedido la dimisión del Primer Ministro socialista Sorin Grindeanu y la revocación de la medida que despenaliza una serie de delitos, incluídos delitos de corrupción pública, si el perjuicio económico de esas conductas —hasta ahora punibles— es inferior a 44.000 euros.

"No puedes publicar las leyes de noche y decir 'cállate, nosotros ganamos las elecciones'", ha declarado a The Guardian el manifestante Dragos Stanca. "Nunca creí que fueran capaces de una cosa así. Siempre he pensado que las leyes son producto de la lógica y el sentido común pero ahora veo que estaba equivocado", ha asegurado en Euronews el escritor Florin Iaru.



El propio presidente rumano, Klaus Iohannis, ha mostrado su total desacuerdo con el decreto a través de un mensaje en su muro de Facebook. "Hoy es un día de luto por el estado de derecho", ha escrito el presidente.

Las protestas, que llevan en activo desde que se conocen los planes del Gobierno, jamás habían sido tan multitudinarias. Desde la Unión Europea, tanto Jean-Claude Juncker como Frans Timmermans han declarado en un comunicado conjunto que siguen los últimos avances en Rumanía "con gran preocupación" y las embajadas de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, EEUU y los Países Bajos han expresado en una declaración común que "las acciones del Gobierno han socavado los progresos de Rumanía de los últimos diez años".



Según recoge El País, Laura Codruta Kovesi, jefa de la Fiscalía Anticorrupción, considera que las medidas tienen como objetivo exonerar a todos los funcionarios de alto y medio rango.

Actualmente la fiscalía investiga más de 2.000 casos de abuso de poder y corrupción y más de 3.000 ministros, senadores, diputados, alcaldes o altos funcionarios han sido condenados por penas de corrupción desde 2010. Corruptos que, gracias a decreto aprobado, pueden volver a salir a la calle y sentirse impunes como nunca antes.

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