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"China pretende eliminar a su sociedad civil con la persecución de activistas pro derechos humanos"

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La ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD) detalla torturas a activistas, desapariciones forzosas, confesiones obligadas y violaciones de los derechos humanos en su último informe

PlayGround

16 Febrero 2017 14:15

En 2016, defender los derechos humanos en China se considera una actividad de alto riesgo. Bajo el gobierno de Xi Jinping, cualquier tipo de protesta, disidencia o defensa de los derechos humanos es reprimida con dureza. Y las torturas, confesiones forzadas, encarcelamientos o desapariciones son prácticas comunes dentro de los procedimientos judiciales del país. Así lo alerta la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) en su último informe anual, titulado Ellos etiquetan mi trabajo como un crimen.

Según CHRD, entre 2013 y el 2016 el gobierno chino ha detenido a 238 personas –entre activistas y abogados–, y la mitad de ellos acabaron arrestados formalmente con cargos como subversión, alteración del orden o poner en peligro la seguridad del Estado. Además, las autoridades del país pusieron en marcha una serie de leyes encaminadas a criminalizar las actividades de derechos humanos.

“El gobierno chino parece decidido a eliminar la sociedad civil a través de una combinación de nueva legislación que restringe la financiación y las operaciones de las ONG, y la penalización de las actividades pro derechos humanos como una supuesta amenaza para la seguridad nacional", comenta Frances Eve, una de las investigadoras del CHRD, en declaraciones a The Guardian.

Para ello, el gobierno estaría recurriendo a métodos que atentan frontalmente contra los derechos fundamentales y contra la propia ley del país. Es el caso de las confesiones mediante tortura. Aunque la regulación china prohíbe a los jueces aceptar confesiones obtenidas mediante torturas, según denuncian desde CHRD es una práctica que sigue ocurriendo.

El informe detalla métodos de tortura como palizas, ataques de otros presos por orden de los guardias, privación de alimentos, agua y sueño y privación de tratamiento médico.


Según datos de la organización humanitaria, entre 2013 y el 2016 el gobierno chino ha detenido a 238 personas –entre activistas y abogados –, y la mitad de ellos acabaron arrestados formalmente con cargos como subversión, alteración del orden o poner en peligro la seguridad del Estado


Entre los casos que se detallan se encuentra el de Xie Yang, un abogado chino que denunció haber sido víctimas de graves torturas mientras estaba detenido. Otros dos letrados, Li Heping y Wang Quanzhang, también denunciaron haber sufrido descargas eléctricas y otras torturas.

Otra de las prácticas que denuncia el informe se centra en las desapariciones forzadas de activistas durante varios meses. Según la ley china, las fuerzas de seguridad pueden mantener a una persona detenida en centros de detención secretos durante medio año. Durante este tiempo, el detenido no puede contactar con sus abogados, ni con su familia y a menudo se producen torturas como las detalladas anteriormente.

El informe de CHRD alerta también sobre las confesiones forzadas de activistas en los medios de comunicación. El caso más notable fue el de Peter Dahlin, un trabajador sueco de una ONG local que tuvo que declarar su culpabilidad a través de la televisión. “He violado la ley china a través de mis actividades aquí. He causado daño al gobierno chino. He herido los sentimientos del pueblo chino”, tuvo que confesar tras un mes detenido el activista.


El informe detalla métodos de tortura como palizas, ataques de otros presos por orden de los guardias, posiciones de estrés, privación de alimentos, agua y sueño, condiciones inhumanas y privación de tratamiento médico


Y más allá de torturas, desapariciones y de confesiones obligadas, CHRD denuncia que el sistema legislativo chino también va destinado a entorpecer el trabajo de la sociedad civil. El informe señala dos leyes aprobadas en 2016: la que regula las donaciones benéficas y una ley sobre ONG extranjeras.

La primera, sin exigir explícitamente que todas las ONG estén registradas ante el gobierno, hace mucho más difícil para aquellas que no lo están recaudar fondos en el país. Y la segunda, exige que las ONG que financien a organizaciones chinas estén registradas por la policía. “En conjunto, estas leyes dificultan el crecimiento de la sociedad civil china, limitando su financiación”, se lee en el informe.


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