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Los indígenas de Panamá en guerra contra la hidroeléctrica que inundará sus tierras

La comunidad indígena panameña de Ngabe Bugle está a punto de perder bajo el agua sus derechos, tierras y hogares ancestrales. Tú puedes ayudar a detener su desastre firmando aquí

Lejos de la creciente y ruidosa Ciudad de Panamá, el río Tabasará discurre rápido en el corazón de la selva tropical de Panamá. Discurre rápido pero, de pronto, su paso es interrumpido por una gigantesca pared de hormigón de casi 70 metros de alto.

De fondo, el ruido de la maquinaria pesada atrapa cualquier sonido natural, cualquier chillido de los pájaros. La central hidroeléctrica Barro Blanco corta en seco la vida a las orillas del río panameño.

A unos días de ser acabada, la central inundará cientos de hectáreas llevándose por delante buena parte de la comarca Ngabe Bugle, territorio indígena supuestamente protegido por el Gobierno. Las comunidades indígenas verán como bajo las aguas se quedan sus hogares, colegios, restos arqueológicos y toda su identidad ancestral.

A unos días de ser acabada, la central inundará cientos de hectáreas llevándose por delante varias hectáreas de la comarca Ngabe Bugle, territorio indígena supuestamente protegido por el Gobierno

La central, un tema candente en Panamá, lleva construyéndose durante años en nombre del desarrollo de América Latina. Promovida por tres bancos internacionales, el Banco FMO de Holanda, el Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones filial del Banco Federal de Alemania y el Banco Centroamericano de Integración Económica, el desarrollo que promocionan pasa por pisar los derechos de los pueblos indígenas.

"Los bancos europeos son bancos estatales que no pueden financiar proyectos que pongan en riesgo a las comunidades indígenas ni tampoco pueden financiar proyectos que generen violaciones a los derechos humanos", comenta Jonathan González Quiel, historiador panameño que apoya la lucha de los indígenas en contra de Barro Blanco.

La realidad es que este proyecto, además de estar financiado por bancos internacionales, está siendo construido por la empresa GENISA, cuyos gerentes son los libaneses Luís y Shucri Kafie, radicados en Honduras y con varios escándalos de corrupción a sus espaldas.

El proyecto de la hidroeléctrica, además de estar financiado por bancos internacionales, está siendo construido por la empresa GENISA, cuyos gerentes son los libaneses Luís y Shucri Kafie, radicados en Honduras y con varios escándalos de corrupción a sus espaldas

Aprobado en 2008, el proyecto ha pasado ya por 3 administraciones diferentes de Panamá. Primero lo apoyó el expresidente Martín Torrijos, que acabó siendo demandado por no haber consultado a la comunidad sobre la construcción del embalse. Después, su sucesor Ricardo Martinelli creó una mesa de diálogo con la ayuda de Naciones Unidas para estudiar de nuevo el proyecto. Mientras tanto, la empresa siguió con las obras.

Con la llegada de Juan Carlos Varela al poder, se suspendió el proyecto de manera provisional por 20 incumplimientos de los estudios de impacto ambiental. Tras aplicar una multa de un millón de dólares por daños ambientales a la empresa, el Gobierno volvió a levantar la suspensión provisional.

Sin embargo, desde el primer día del inicio del proyecto, un movimiento ciudadano se ha opuesto a la construcción de la hidroeléctrica. El Movimiento 10 de abril, formado por los habitantes de la zona, lucha incansablemente por sus tierras.

Además de perder sus hogares, su tierra con la que tienen una relación antiquísima que se remonta a cientos de generaciones, en el lecho del río Tabasará, que alimentará la presa, se encuentra un petroglifo precolombino que sirve de culto principal de la iglesia sincretista Mama Tadta  

En 2012, uno de los participes del movimiento, Jerónimo Rodríguez Tugrí, fue asesinado a manos de la Policía Nacional de Panamá lo que generó, manifestaciones masivas en las ciudades colindantes a la comarca. Al día siguiente de la muerte de Jerónimo, Mauricio Méndez, un joven de 16 años, era también asesinado por la policía en medio de una manifestación.

Pese a las manifestaciones y los ruegos de la comunidad indígena, el proyecto siguió adelante y actualmente se encuentra ya en la última fase, a un solo paso de que los habitantes de Ngabe Bugle pierdan su hogar.

"Las comunidades tienen una conexión permanente con los sitios arqueológicos ubicados en la zona de impacto directo. Además de la cosmovisión cultural que por muchos años ha sido parte de su identidad territorial", me explica Jonathan en una de nuestras conversaciones.

En este caso, no solo el impacto medioambiental es tremendo, ya que la construcción de hidroeléctricas, pese a ser considerada una fuente de energía limpia, rompe con el curso de los ríos y complica la vida de la fauna y la flora que anida en el lugar. El embalse conlleva además un impacto social enorme sobre la comunidad indígena.

Por el momento, la empresa propietaria de Barro Blanco sigue haciendo oídos sordos a las súplicas de la comunidad y en febrero de este año ya inició las primeras pruebas de inundaciones

Además de perder sus hogares, su tierra —con la que tienen una relación antiquísima que se remonta a cientos de generaciones—, en el lecho del río Tabasará, que alimentará la presa, se encuentra un petroglifo precolombino que sirve de culto principal de la iglesia sincretista Mama Tadta. La zona de culto quedará cubierta permanentemente por las aguas del embalse.

"Si nos vamos a lo legal, la ley 10 que crea la comarca Ngabe Bugle establece que son tierras colectivas y no podrán ser ni vendidas ni transferidas", declara Jonathan. Pese a ello, estas tierras ya han sido adjudicadas a la empres GENISA que, sin embargo, ni siquiera ha tratado de resolver conflicto con la comunidad indígena.

El Movimiento 10 de abril ha declarado que ellos no quieren ser desplazados de sus hogares, ni buscan recibir indemnizaciones; solo quieren cancelar el proyecto, recuperar sus tierras, que su terreno se quede tal y como estaba. Por eso han iniciado una petición de recogida de firmas para cancelar el desalojo y evitar la inminente conclusión del proyecto.

Por el momento, la empresa propietaria de Barro Blanco sigue haciendo oídos sordos a las súplicas de la comunidad y en febrero de este año ya inició las primeras pruebas de inundaciones. El Gobierno, mientras tanto, mantiene una mesa de diálogo a puerta cerrada a la que las comunidades indígenas ni siquiera tienen acceso.

Si a tí también te parece que esta injusta situación está mermando los derechos indígenas, mientras les despoja de sus territorios y derechos y silencia sus voces, puedes firmar su petición de parar el proyecto aquí.

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