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Los Ángeles ya no detendrá a los vendedores ilegales de comida callejera

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La primera ley anti-Trump nace en las calles: "No, vosotros no tenéis que trabajar en la sombra”

rosa molinero

06 Febrero 2017 17:31

Foto: New York Times

Las esquinas de Los Ángeles huelen a carne y cebolla frita. Es un hecho.

La capital mundial del cine con 4 millones de habitantes respira comida callejera como parte fundamental de su cultura popular. Esta debe ser una de las grandes razones por las que se ha propuesto dejar de detener a vendedores ambulantes de comida y otros productos, en su mayoría latinoamericanos indocumentados, para combatir las órdenes de deportación que el presidente de Estados Unidos firmó la semana pasada.

“Si Los Angeles quiere apoyar a los inmigrantes no podemos solamente hablar de oponernos a las políticas de Trump. Tenemos que tomar acciones serias como esta”, dijo el concejal Joe Buscaino, uno de los promotores de la ley.

El deseo de la nueva administración es deportar entre 2 y 3 millones de inmigrantes sin papeles que “tengan antecedentes penales, sean miembros de bandas o mafias o traficantes”, incluso aquellos que todavía no han sido juzgados y los que no han sido acusados “pero que se cree que pueden haber cometido actos que constituyan un delito”. dijo el presidente en diálogo con el periodista Lesley Stahl.

Esto incluye a los vendedores ambulantes que son entre 10 mil y 50 mil según una estimación de la Oficina del Defensor del Pueblo puesto que hasta esta semana la ciudad de Los Angeles consideraba sin lugar a dudas un delito menor el comercio ilegal en las calles. Y sobre todo afecta especialmente a los vendedores que ya han sido inculpados, puesto que en su historial aparece como un crimen menor.

Un sinfín de iniciativas ciudadanas de largo recorrido han mostrado su apoyo durante años, como East LA Community Corporation, Los Angeles Food Policy o CHIRLA (Coalition for Human Inmigration Rights of Los Angeles), que ahora aúnan esfuerzos en la campaña Street Vendors for LA encabezada por Mike Dennis.

La ralentización de este proceso se explica por las contínuas objeciones de grandes grupos de negocios, según razona Víctor Narro, director del Centro de Trabajo de la Universidad de California en Los Angeles, para el LA Weekly.

Estos y la Coalición para Salvar los Pequeños Comercios suponían los mayores escollos de la voluntad de legalización, puesto que sostenían que la venta ambulante supone una competencia desleal hacia los negocios comunes, puesto que no pagan los mismos impuestos ni tienen capital invertido en bancos.

Pero frente al endurecimiento de las políticas de inmigración del actual gobierno, ambos han cedido a favor del borrador de ley que fue aprobado por 11 votos a favor y 2 en contra en el pleno de la alcaldía de la semana pasada y que fue impulsado por los ediles Joe Buscaino y Curren Price.

“Este paso es una señal que hacemos para la administración Trump, que representa que no cederemos ante el miedo que infunde, ni ante sus intentos de demonizar y buscar cabezas de turco en la comunidad de inmigrantes. No, vosotros no tenéis que trabajar en la sombra”, dijo el edil José Huizar para defensar la futura ley.

No obstante, la posición de la alcaldía ante la regularización de los vendedores callejeros todavía dista mucho de la que mantienen las organizaciones ciudadanas. Si bien los primeros quieren que se fijen un número determinado de permisos por manzana, que se prohíba en algunos barrios y que se tenga que pedir permiso a los comerciantes, los segundos están en contra de estas limitaciones.


El activista Mike Dennis afirma que todavía quedan por delante muchas negociaciones pero indica para el LA Times que, aunque los vendedores todavía van a seguir recibiendo avisos y multas, ya no se los va a encausar para que no aumenten las posibilidades de que los deporten.

El alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, no es el primero en plantar cara a las políticas antiinmigración del nuevo gobierno; Nueva York y San Francisco ya hicieron oír la semana pasada su negativa a aceptar cualquier tipo de medida que perjudique a su población aunque se las amenace con una retirada de los presupuestos federales.

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