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Sheriffs contra Trump: “No estamos dispuestos a ser agentes de inmigración”

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Hablamos con tres sheriffs contrarios a aplicar una orden ejecutiva de Trump que les involucraría en los procesos de deportación.

David Meseguer

21 Marzo 2017 06:00

“Aquí yo soy la ley”. Esta proclama más propia del sheriff de una ciudad de los Estados Unidos del siglo XIX tiene vigencia en la actualidad.   

La Constitución de los Estados Unidos y el entramado de leyes de carácter federal y estatal, permite a los sheriffs de los condados actuar y tomar decisiones con un elevado grado de autonomía.

Es el caso de los más de 60 aguaciles y jefes de policía ­—algunos de ellos retirados— que el pasado febrero firmaron un manifiesto contra las intenciones del presidente Donald Trump, que pretende obligarles a desempeñar tareas migratorias. Ello les involucraría en la deportación de inmigrantes indocumentados, pero además, los sheriffs alertan de que eso convertiría a sus comunidades en lugares más inseguros.

“Me he negado a tomar parte en tareas migratorias porque los inmigrantes de nuestra comunidad deben confiar en nosotros y llamarnos si son víctimas de algún crimen”, explica a PlayGround Joe Pelle, sheriff del condado de Boulder (Colorado) y uno de los firmantes de la carta dirigida a la Casa Blanca.

Un discurso que comparte la también firmante y sheriff del condado de Fresno (California), Margaret Mims: “Me preocupa que existan falsas noticias sobre el aumento de redadas contra los inmigrantes. Son rumores infundados que han cobrado vida propia y que se propagan por toda la comunidad de inmigrantes generando un temor innecesario”, señala.

Y en la misma línea se posiciona el veterano sheriff del condado de Santa Cruz (Arizona), Tony Estrada, para quien “el trabajo de Inmigración no les compete  porque es una responsabilidad del Gobierno federal”.

El polémico programa 287(g)

El sheriff Joe Pelle.

Los más de 60 responsables de diferentes policías locales enviaron su misiva al Gobierno federal después de que el presidente Trump firmase una orden ejecutiva sobre inmigración el pasado 25 de enero.

El decreto solicita al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que “inmediatamente” tome las acciones necesarias para que las autoridades estatales y locales firmen más acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).


“Si una mujer es víctima de violencia doméstica no queremos que tenga miedo de llamar a la policía por su situación migratoria”



Este programa, respaldado con fondos federales, permite que las policías locales que se adhieren a él desarrollen funciones propias de oficiales de inmigración. Esto significa que si los agentes de la policía local detienen a un inmigrante sin licencia de conducción, pueden arrestarlo y llevarlo a la prisión del condado donde se investigará si tiene documentos o antecedentes penales que lo hagan deportable.

Es decir, un programa que convierte a los policías en agentes de inmigración y a las prisiones locales, en centros de detención de inmigrantes.

La decisión de acogerse al programa 287(g) compete a los sheriffs de cada condado, un cargo público y de orden político que los ciudadanos eligen en las urnas. Muchos de ellos concurrieron a las elecciones del pasado noviembre -coincidiendo con las presidenciales- con la propuesta electoral de eliminar el programa 287(g). Es el caso del sheriff Ed González, quien canceló el programa tras ganar en el condado de Harris (Texas) con el inestimable voto de la numerosa comunidad latina. 

Sheriffs contra Trump

El endurecimiento de las leyes antiinmigración por parte de la administración Trump preocupa, y mucho, a tres de los sheriffs firmantes del manifiesto con los que PlayGround ha podido conversar. 

“Como recoge nuestra Constitución, la inmigración es una cuestión que compete al Gobierno federal. No hay ningún artículo que obligue a los sheriffs locales a ejecutar las leyes federales sobre inmigración”, detalla Joe Pelle, aguacil del condado de Boulder (Colorado).

“No queremos ni estamos preparados para desarrollar esta actividad. Estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos, pero no a ser agentes de inmigración”, dice con firmeza el sheriff del condado de Santa Cruz, Tony Estrada.

A la competencia federal en cuestiones migratorias se une la falta de recursos económicos como otra de las razones que exponen los sheriffs para no ejercer de autoridades antiinmigración.

“No tenemos el personal suficiente para asumir tareas adicionales”, indica Margaret Mims, sheriff del condado californiano de Fresno.

“Por muchas razones, yo siempre he estado contra la 287(g). Una es su coste económico. Nosotros somos el condado más chico y más pobre de la frontera con México, de modo que no tenemos presupuesto para atender a las cuestiones federales”, explica Estrada por teléfono desde Nogales, una ciudad pegada a la frontera con México.

Un argumento con el que también coincide Joe Pelle, quien señala que no tienen “ni las celdas ni la capacidad ni los recursos” para aplicar unas leyes migratorias que no quieren ejecutar. “Queremos que el Gobierno Federal haga su trabajo y nosotros el nuestro”, comenta el sheriff del condado de Boulder.  

Pero, sin duda, la cuestión que más preocupa a los tres alguaciles es preservar la seguridad y la confianza de sus comunidades. Algo que cuesta mantener después de sucesos como la detención de una mujer indocumentada en la ciudad fronteriza de El Paso que acudió a la policía para denunciar violencia doméstica.

“Si una mujer es víctima de violencia doméstica no queremos que tenga miedo de llamar a la policía por su situación migratoria”, apunta Joe Pelle. El alguacil de Boulder cree que “si los indocumentados tienen miedo y no son libres para llamar, este hecho va en detrimento de la seguridad pública y dificulta su trabajo”.


"Las órdenes ejecutivas que está haciendo o pensando hacer el señor Trump tienen aterrorizada a la gente y con mucha ansiedad"



La sheriff Mims también anima a los indocumentados a seguir reportando los delitos que presencien: “La policía local puede ayudar a recomendar una Visa U a las autoridades migratorias para aquellos que están aquí ilegalmente y han sido víctimas de un crimen. La Visa U les otorga un estatus legal durante un período de tiempo”.

Tony Estrada señala que “las órdenes ejecutivas que está haciendo o pensando hacer el señor Trump tienen aterrorizada a la gente y con mucha ansiedad”.

Los tres sheriffs entrevistados destacan el esfuerzo que han tenido que hacer para ganarse la confianza, especialmente de los latinos, que son la mayor comunidad de inmigrantes en los tres condados. No están dispuestos a perderla. 

“La comunidad confía en que no vamos a realizar tareas migratorias ni estar buscando a indocumentados. Se produciría una falta de cooperación y de confianza”, sentencia el sheriff Estrada.



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