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Cómo el 1-O ha transformado la 'Cultura de la Transición' en la 'Cultura de la Violación'

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La extrema derecha y la izquierda española coinciden: a Cataluña le va la marcha

víctor parkas

14 Septiembre 2017 11:58

“Escuchando a Arrimadas en el debate de T5”, escribía en su Facebook Rosa M. Miras, “solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa”. El episodio, la publicación volviéndose viral cuando la propia Arrimadas la denunció públicamente –haciendo público, también, el nombre de su autora, despedida de su empresa a las pocas horas–, marcaba de alguna manera el inicio de curso político catalán: en el amor y en el desafío soberanista, todo vale, pero todo tiene un precio.

Si el rape shaming de Arrimadas fue secundado, sin peros, por políticos de todo el arco parlamentario –de compañeros de C's y PP, a Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero–, este consenso no bastó para que cesaran los ataques sexistas a políticas catalanas: ayer mismo, Anna Gabriel, de las CUP, llegaba a la Universidad de Valencia, para participar en un acto a favor del referéndum, cuando se ha encontrado con pintadas que, decoradas con esvásticas y cruces célticas, rezaban “Ana Gabriel eres una puta” o “tiro a Ana Gabriel” –obviemos las más moderadas “fuera CUP” o “viva España”.

Como en el caso de Arrimadas, las reacciones han sido de repulsa, y lo ha sido desde todas las posiciones políticas. La líder naranja, que también se ha sumado a la “condena rotunda y absoluta” por las pintadas, ha querido hacer un matiz importante: Arrimadas recordó que Arrán (organización integrada en las CUP) realizó, el pasado mayo, una acción a pie de calle llamada 'Assenyalem-los' ('Señalémolos').

Pese a que la iniciativa pretendía, según la izquierda independentista, “señalar los espacios y las instituciones que promueven la violencia machista”, la líder de la oposición en Cataluña ha dicho que, con acciones así, “¿qué esperan?”.

Aunque escueto, el “¿qué esperan?”, es la cristalización y la síntesis del cambio de ciclo en el que está el proceso soberanista catalán: si semanas atrás todavía resultaba, a ojos de muchos, una opción política que rezumaba violencia y agresividad, ahora, el Procés, ha pasado a ser un ente pasivo-agresivo que tiene bien merecido todo aquello que le pase –ese “todo” incluye detener, si no comparecen ante la Fiscalía General del Estado, a cada uno de los 712 alcaldes catalanes que apoyan la celebración del referéndum.

En este sentido, periodistas como Guillem Martínez, en las antípodas ideológicas de Inés Arrimadas y de las de una formación como Ciudadanos, en su última columna escribía que “el Procés, aún hoy, no necesita que el referéndum se haga. Necesita –y, al parecer, quiere y busca– la represión, para ser inmortal por décadas. Los catalanes, en fin, somos culés. Nos gustan las derrotas por causa arbitral”.

El análisis de Martínez, llamado con malicia “equidistante” por los medios procesistas, entronca aquí con el que usan aquellos que dan cobertura ideológica a la cultura de la violación: los “si no querías que te pase nada, ¿por qué sales con shorts pasadas las doce de la noche?”; los “la culpa es de los padres, que las visten como putas”; los “si van provocando... ¿qué esperan?”.

El victim blaming –considerar a víctima de un abuso culpable, en parte, de dicho abuso–, en un ambiente tan viciado como es el del proceso de autodeterminación catalán, es un marco mental en el que parecen encontrarse cómodas voces, a priori, enfrentadas: es el único desde el que, aunque tienes la superioridad moral de reconocer a la víctima como tal, puedes normalizar el hecho de ver cómo otro le pone el pie en el cuello.

“¿Qué esperan?”.

Desde el constitucionalismo, es fácil enfrentar y discutir la insumisión en que se han declarado CUP y Junts Pel Sí; basta con fiscalizar, con ahínco de TSJ, las medidas de desconexión que han ido aprobando los últimos días. Lo que resulta más complicado, sin embargo, es sostener que el objetivo último de los procesistas es, lejos de cumplir con su agenda, ver como un tercero la garbatea y llena de tachones: convertirse, vía martirización, en público entregado de la revocación de sus leyes, de los registros a periódicos afines, de las amenazas a sus homólogos municipales, y del apagón, en vano, de la página web sobre la dichosa –en su equidistante sentido intrínseco– consulta.

Anna Gabriel, según esa tesis, necesitaría –y al parecer, querría y buscaría– que la amenacen de muerte y la llamen “puta”. Lo necesitaría, lo querría y lo buscaría, además, en la Comunidad Valenciana, donde en 1993 unos neonazis, apasionados de las esvásticas y las cruces célticas, “¿qué esperan?”, asesinaron al militante independentista Guillem Agulló.

El peligro de aplicar retórica prestada de la rape culture al soliloquio político, lo que bien podría llamarse quesperanismo, es que se retira una silla del debate, la destinada a la víctima-kamikaze, y (por extensión) cualquier derecho a réplica que ésta pueda tener. La Cultura de la Transición, término que precisamente acuñó Guillem Martínez, sirvió justamente para eso: establecer el marco de discusión que, del 78 en adelante, delimitó y delimita lo posible y lo imposible en el Estado Español –lo imposible suele conocerse popularmente como la ETA, incluso en aquellos casos, del 11-M al ascenso de Podemos, en que la ETA tiene poco o nada que ver.

Subalterna de aquella, la Cultura de la Violación, sus construcciones, parecen haber irrumpido en una arena política dónde todavía, con el caos reinando, no existen unos marcos consensuados. De imponerse, la cultura del “te lo advertí”, la soflama del “¿qué esperaban?”, no puede proyectarse siquiera, y entre gente cuya condena es entenderse, marco alguno que consensuar.

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