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Tiros, güiros y coquito: el fin de las “Navidades más largas del mundo”

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Puerto Rico tiene las autoproclamadas “Navidades más largas del mundo”, una fiesta reconocida que funciona bien como símbolo del precipicio económico y social al que se enfrenta

José María Tiscar García

23 Enero 2017 12:35

Como si de un encantamiento se tratase, el pueblo puertorriqueño se viste de gala para celebrar sus ineludibles Fiestas de la Calle San Sebastián. A pesar del abanico de tonos pastel que atesora el conjunto de fachadas balconadas, sobre las cuales rebota la luz de las cinco y media de la tarde confeccionando una súbita alegría colectiva, lo cierto es que algunas sombras se ciernen sobre esta estampa idealizada: ocurre que la isla se enfrenta a su mayor crisis económica y social en los últimos 80 años. Datos oficiales la sitúan al borde del colapso. Y ni siquiera puede gobernarse a sí misma.

Una franca y contagiosa positividad es la receta de un pueblo acostumbrado al peso de una crisis endémica que se prolonga desde el año 2006. No obstante, la bestia aletargada del caos económico, antes inmóvil mientras engordaba y multiplicaba sus males conscientemente, ha despertado de su falso estado de hibernación. Con una deuda pública de 69.000 millones de dólares y un –casi- indescifrable grupo de inversores dispuestos a recuperar su dinero a toda costa, a Puerto Rico le resulta imposible mirar hacia otro lado.

Este año, la celebración de las fiestas pareciera simbolizar la agónica esperanza de una sociedad que nunca se rinde al encanto de vivir, aunque tenga que bailar sobre sus propias cenizas. “Yo no me quito”, dice el mensaje impreso en la camiseta de un asistente cercano a la veintena, uno de los eslóganes más difundidos y reconocidos por la sociedad durante el último año y medio.

Nadie quiere irse, pero lo cierto es que, según datos aportados por el Censo de los Estados Unidos (US Census Bureau), se estima que 314.482 habitantes han abandonado la isla durante los últimos 6 años, una migración que podría haber superado, según confirman algunos medios locales, a la histórica diáspora de los años 50 del pasado siglo.  

Haciendo uso de su ciudadanía americana, concedida en virtud de la Ley Jones-Shafroth de marzo de 1917, el nuevo perfil del emigrante boricua, joven, educado y bien cualificado, se desplaza en masa a estados como la Florida, Texas u Ohio, dejando a la población más avejentada en sus municipios de origen. En la actualidad, solo el 30% de los puertorriqueños que residen en la isla trabaja. Casi un porcentaje similar vive de las ayudas federales.

Sin embargo, el peso de la juventud sí se siente con fuerza durante el broche final a las autodenominadas “Navidades más largas del mundo”, cuando entre 500.000 y 800.000 personas de todas las clases sociales, entremezcladas en una algarabía de salud caribeña moteada de turistas fundamentalmente norteamericanos, se agolpa en el pintoresco barrio colonial situado en la capital sanjuanera, joya indiscutible de su proyección turística internacional. El clima da un respiro en los primeros estertores de la tarde y el cielo luce despejado y fresco.

Al son de panderetas, güiros, maracas, tambores, bongós y trompetas, las plenas, compuestas por grupos de boricuas que entonan las melodías y ritmos populares del imaginario colectivo, arrastran a la población a lo largo de la Calle San Sebastián, sobre sus centenarios adoquines que portan la pulida historia viva del Nuevo Mundo. Le sigue la comparsa de los cabezudos, heredados de la tradición española y transformados a través del tamiz cultural de las últimas décadas en personajes propios del universo insular. Desde lejos, también puede alcanzar a verse los largos vestidos multicolor de los zancudos, saludando a los allí presentes entre piruetas de danza y sonrisas.

Aquí se bebe cerveza, mucha cerveza, y también coquito, una bebida preparada a base de ron, leche de coco y otros ingredientes, la cual puede presentar decenas de sabores distintos (incluido el de Nutella). El ambiente es amigable e impacta observar el alto destacamento de agentes policiales apostados en cada esquina. Una semana antes del inicio de las festividades, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, reveló que un total de “800 agentes estatales y 225 ujieres de seguridad” velarían por el bienestar de los asistentes.

Tal dispositivo no resulta extraño si se toma en consideración el problema de inseguridad que castiga con recurrencia a la isla, principalmente circunscrito al ámbito del narcotráfico. Con una población de tan solo 3.400.000 habitantes, el pasado año concluyó con un saldo de 679 asesinatos, según un informe preliminar publicado por la Policía de Puerto Rico.

A las 11.00 de la noche del viernes, en pleno apogeo festivo, las peores previsiones se cumplen: tras una discusión, dos hombres resultan heridos de bala en plena Calle San Sebastián. Al escuchar los disparos, la gente huye a refugiarse en los locales de copas aledaños, o descendiendo rauda por calles perpendiculares. Minutos después, se registra otro tiroteo, esta vez sin víctimas, en las inmediaciones del estacionamiento Doña Fela.

En hora y media, la policía consigue implementar con éxito el plan de desalojo destinado a estos casos. Sobre el casco viejo se respira una paz artificial. Afortunadamente, no hay víctimas mortales.

Lo cierto es que la sensación de inseguridad condiciona la forma de relacionarse y entender la vida del ciudadano puertorriqueño. Subyace la idea de que no existe lugar completamente a salvo. Siempre puede “suceder algo”, hay que ser precavido. Son comunes los atracos a establecimientos, asaltos con violencia o robos de vehículos, pero el miedo extendido multiplica y sobredimensiona las sensaciones de impunidad e inseguridad.

Muchas calles y carreteras, sobre todo aquellas situadas en ciertos sectores deprimidos de las principales urbes, evidencian un gran número de inmuebles en estado de abandono, y la sensación de amenaza se amplifica en horas nocturnas por la escasa iluminación que presentan estas áreas.

En claro contraste, otras zonas urbanas se mantienen en perfecto estado. Grandes urbanizaciones cercadas y con sistemas privados de seguridad mantienen sus residencias, jardines y aceras impolutas, lo que deja entrever una realidad si cabe mucho más lacerante: Puerto Rico es uno de los cinco territorios con mayor desigualdad social en todo el mundo, según un informe hecho público en 2016 por el Proyecto de Naciones Unidas de Desarrollo del Perú.


Génesis de un monstruo económico sin precedente histórico


Si bien la violencia se había constituido históricamente como el principal tema de preocupación del ciudadano medio, ese lugar lo ocupa ahora la economía. Los tiempos cambian, y en el caso de Puerto Rico las transformaciones acontecen muy rápido. Ya no se produce tanto como antes: un amplio porcentaje de la industria ha ido abandonando la isla para encontrar mercados laborales e impositivos más ventajosos. República Dominicana es uno de ellos.

La caída del sector industrial en Puerto Rico comenzó con el fin de las ventajas fijadas en la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal de los Estados Unidos, mediante un proyecto de ley que sería firmado por el expresidente demócrata Bill Clinton en 1996. Una década más tarde, la isla perdería definitivamente su posición privilegiada en materia de exención contributiva federal. El sólido tejido industrial, labrado durante casi cuarenta años y constituido principalmente por compañías farmacéuticas y de manufactura estadounidenses que antaño repatriaban sus productos libres de impuestos a territorio continental, se debilitó con rapidez.

Esta nueva coyuntura recrudeció ciertos males endémicos y actuó como pistoletazo de salida a la crisis. El gobierno dejó de percibir ingresos suficientes para mantener su amplia estructura y, durante las últimas cuatro legislaturas, los distintos gabinetes implementaron conservadoras políticas de aumento de impuestos que debilitaron a las clases medias. Ninguna de estas medidas pudo atajar el problema.

Ante tal escasez de efectivo en las arcas públicas, la emisión de deuda se antojó como la solución más factible a corto plazo. El dinero obtenido no se implementó en proyectos de desarrollo, creación de industria o revitalización de estructuras, sino que sirvió para sostener los gastos corrientes del gigantesco aparato gubernamental. Los recursos se fueron por el desagüe.

Con el tiempo, las distintas agencias de gobierno comenzarían a emitir deuda pública por su cuenta, cada una bajo particulares condiciones y tipos de interés —con emisiones de bonos que serían comprados en gran medida por fondos de inversores opacos o fondos buitres—, lo que terminó por configurar un laberíntico sistema de préstamos, muchos de ellos destinados a pagar financiaciones anteriores. El globo explotó cuando, en mayo de 2016, el exgobernador Alejandro García Padilla reconoció que el gobierno no podría asumir el pago de cerca de 2.000 millones de dólares previsto para el mes de julio.

Se calcula que cerca del 80% de la deuda pública puertorriqueña descansa en manos norteamericanas, por lo que el gobierno federal decidió tomar cartas en el asunto ante la posibilidad de un estancamiento indefinido en los impagos. En una rápida maniobra desde el Congreso de los Estados Unidos, la mayoría republicana en ambas cámaras elaboró la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

Firmada por Obama el 30 de junio del pasado año, la ley promovió la constitución de una “Junta de Control Fiscal”, ente supragubernamental que, por tiempo indefinido, tendrá la decisión final sobre todas y cada una de las iniciativas de gasto del gobierno puertorriqueño. También se encargará de que la deuda sea devuelta a sus acreedores.

Esta decisión ha sido considerada como la constatación definitiva de la naturaleza colonial del estatus político insular. El conocido como “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” se antoja un espejismo caduco, el moribundo vestigio de otra época.

Tras la victoria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las pasadas elecciones generales celebradas el 8 de noviembre de 2016, el nuevo gobierno ha implementado con rapidez una serie de polémicas decisiones, siempre supervisadas desde la Junta de Control Fiscal. Una de ellas es el Proyecto de Ley 453, o futura “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, que conllevará una dura reestructuración de las condiciones laborales de los trabajadores, y cuyo texto presenta un corte similar a las regulaciones aprobadas por España, Portugal o Grecia. También se redefinirán las condiciones laborales de los empleados públicos. Y esto es solo el principio.

Pero a pesar del difícil panorama descrito, de entre el mar de malas noticias aflora el buen sentir puertorriqueño: a primera hora de la mañana del sábado, las calles del Viejo San Juan comienzan a llenarse de nuevo. El fin de semana se antoja prometedor.

Los pequeños puestos de artesanías crepitan bajo el sol en ascenso, y el debilitado orgullo nacional parece resarcirse ante la única buena noticia que ha dejado la semana: la liberación del preso político independentista Óscar López Rivera, en prisión desde hace ya 35 años, quien recibió la conmutación de su pena de la mano de una de las últimas decisiones del ya expresidente Barack Obama.

El próximo mes de mayo, Rivera regresará a una tierra distinta a la que una vez le vio crecer, pero su asombro tal vez no sea tan distinto al de sus contemporáneos. En realidad, todo el mundo asiste a la mágica celebración del fin del encantamiento. Pronto la carroza se convertirá en calabaza, y el pueblo, caracterizado por el sacrificio histórico de pasadas generaciones, deberá alzar su mentón con determinación para volver a mirarse sin engaño al espejo.


*José María Tiscar García es un periodista español que reside desde hace años en Puerto Rico. Ha publicado en medios locales y colaborado con la Universidad de Puerto Rico.

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