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Suu Kyi: la Nobel de la Paz que permite un exterminio en Myanmar

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La 'superministra' y presidenta en la sombra de la antigua Birmania calla ante el asesinato masivo de la minoría rohingya por parte de los militares

Germán Aranda

02 Enero 2017 06:00

Cuando el periodista David Jiménez entrevistó en 2003 a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, sintió esa emoción de los grandes momentos, de mirar a los ojos a un verdadero mito en la lucha por la libertad de su pueblo.



Entonces era una opositora bajo arresto domiciliario. Hoy es superministra y presidenta en la sombra de Myanmar (antigua Birmania) después de que su partido, la Liga Nacional por la Democracia, se impusiera en las elecciones democráticas de noviembre del pasado año.

Pero un año después de tomar el poder, su gobierno permite —cuando no lleva a cabo— ejecuciones sumarias, violaciones, quema de casas y verdaderos exterminios de la minoría étnica rohingya, de religión musulmana.

Lo denuncia una carta abierta enviada el pasado día 29 a la ONU y firmada por 23 activistas internacionales, entre ellos doce premios Nobel como el arzobispo Desmond Tutu.

También impide la entrada de observadores internacionales en el país, según ha denunciado recientemente la ONU.


La ‘Mandela’ de Myanmar

“Era la persona a la que más ganas tenía de entrevistar en el mundo. Su vida había sido de sacrificio por su pueblo, U2 le acababa de dedicar una canción, era el único muro de defensa que tenía Birmania frente a la tiranía de los militares”, cuenta Jiménez, corresponsal en Asia del diario El Mundo entre los años 1998 y 2014.

Conocida como La Dama (título del ‘biopic’ que se le dedicó en 2011, aunque en España se tradujo como ‘La fuerza del amor’), Suu Kyi nació en Rangún en 1945. Cuando tenía dos años de edad, fue asesinado su padre Aung San, militar nacionalista que lideró las negociaciones por la independencia de la entonces colonia británica birmana.

Educada en las mejores escuelas y universidades de Gran Bretaña, Aung San Suu Kyi regresó a Birmania en 1988 para visitar a su madre, gravemente enferma. Durante su estancia en el país, un alzamiento militar llevó al país a una gran convulsión y se recrudeció la represión y violación de derechos humanos perpetrada por el ejército. Entonces, figuras políticas afines a su padre convencieron a Suu Kyi para que se quedara a liderar un movimiento de oposición democrática a la Junta militar birmana, dando lugar a lo que se conoce como el "segundo combate por la independencia nacional".

Suu Kyi eligió la lucha por su pueblo, renunciando a seguir con su vida, ya encaminada, en Reino Unido, el país donde se había críado y adonde nunca más volvió.



Aunque su partido venció de manera clara en las elecciones de 1990, los militares anularon el resultado y detuvieron a San Suu Kyi bajo arresto domiciliario. Así permaneció durante quince de los 21 años que pasaron hasta su liberación definitiva en 2010.

En el 91, recibió el Premio Nobel en reconocimiento a su lucha por la democracia.

Su marido, el médico inglés Michael Aris, con el que se había casado en 1972, contrajo un cáncer de próstata en 1997. Como vivía en Reino Unido y ella estaba bajo arresto domiciliario, no se veían desde 1995.

Pero ante la presión para que le tratara en sus hospitales, el gobierno birmano aseguró que no tenía infraestructuras para ello y en cambio presionó a Suu Kyi para que se fuera a Reino Unido. Se negó por miedo a que no le dejaran regresar y no pudo reencontrarse con su marido antes de que falleciera en en 1999.

Tras ser liberada en 2010, no pudo presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2015 porque la Constitución impide hacerlo a quien tiene hijos en el extranjero.

Ostenta sin embargo, después de la victoria de su partido, cuatro carteras ministeriales (Exteriores, Energía, Educación y Oficina de Presidencia), por lo que se la considera la presidenta de facto por detrás de Htin Kyaw, amigo íntimo de Suu Kyi que ostenta el cargo.


¿Estrategia o racismo?

Ya antes de llegar a la presidencia, la líder demócrata recibió duras críticas por su silencio ante los disturbios y masacres de rohingyas a manos de militares en 2012 en Rakhine y por la crisis de refugiados de la misma minoría en 2015. Incluso el Dalai Lama, líder espiritual de la religión budista que tanto Suu Kyi como la mayoría de birmanos profesa, le pidió que alzara la voz ante la marginación y exterminio de los rohingya en 2015.

Ya en la presidencia, Suu Kyi ha llegado a reírse ante las acusaciones de genocidio asegurando que “son sólo inventos” y ha culpado a la Comunidad internacional de difundir una imagen para “que la realidad parezca peor de lo que es”, informa el diario El Mundo.

“Es una grandísima decepción”, lamenta David Jiménez, que ve un “cálculo electoral” en ese silencio basado en que “la inmensa mayoría de los birmanos odia visceralmente a los rohingya".



Recuerda Jiménez la recurrente comparación de Suu Kyi con Mandela y cómo el sudafricano al llegar a la presidencia “tuvo el coraje de decir a la comunidad negra que no practicara revanchismos ni se comportara como hizo la minoría blanca” con ellos mismos durante el ‘apartheid’.

“Cuando le preguntan por el tema, entra en una ambigüedad que te recuerda a un politiquillo español o a un funcionario de la Unión Europea o de la ONU de esos que tan sólo usan la retórica. Pero sorprende en ella, que se enfrentó a los militares durante décadas y con esto ha decidido no hacerlo. Surge la pregunta legítima de si no pensará ella también que son ciudadanos de segunda y no merecen esos derechos”, reflexiona Jiménez.

El también periodista español Carlos Sardiña no se lo pregunta, lo afirma: “Suu Kyi es tan racista como los militares o como el 99% de los birmanos”.

El reportero freelance, que ha visitado Arakán (estado donde viven la inmensa mayoría de rohingyas al noroeste de Myanmar) siete veces en los últimos cuatro años, piensa que la líder intenta en algunas cuestiones “no hacerse enemigos entre los militares” que dominan parte del gobierno, como los ministerios, pero tiene claro que en referencia a la minoría rohingya “es una cuestión de racismo puro”.


Un pueblo condenado al ostracismo

Aunque no hay un censo porque no son considerados ciudadanos de Myanmar, se calcula que 1,2 millones de rohingya viven en el país, la inmensa mayoría en el estado de Arakán, fronterizo al norte con Bangladesh y con salida al océano Índico por el Golfo de Bengala.

“No tienen libertad de movimientos, viven en un apartheid absoluto, no están considerados ciudadanos de Myanmar ni pertenecen a una de las 135 etnias a quienes se reconoce una ciudadanía de pleno derecho”, cuenta Sardiña.

Cientos de miles de rohingya viven en “campos de confinamiento”, según los define Sardiña, y dependen de la ayuda humanitaria internacional, que en algunos de los campos tiene prohibido el acceso por el gobierno.

La violencia brotó por última vez a raíz de un ataque a un puesto fronterizo el pasado mes de octubre protagonizado por un grupo de insurgentes rohingya. Después, los militares vienen atacando de manera indiscriminada y su ofensiva ha sido calificada de  “limpieza étnica”.

Ese es, de hecho, el término escogido por los 23 activistas, entre ellos más de una docena de premios Nobel, que han enviado una carta abierta al Consejo de Seguridad de la ONU alertando de que la ofensiva militar habría matado a centenares de personas, entre ellos niños.

La violencia institucionalizada es posible gracias al racismo de la inmensa mayoría de birmanos, que consideran a los rohingya inmigrantes de Bangladesh que llegaron con la colonización británica y no deberían ser ciudadanos de su país.



Aunque de hecho muchos llegaron para trabajar con la colonia británica en el siglo XIX, los rohingya tienen también raíces más profundas en el estado de Arakán. Es probable que esa inmigración de Bangladesh se haya mezclado con oleadas inmigrantes de musulmanes anteriores y los historiadores rohingya datan en el siglo VII la llegada de los primeros.

Los rohingyas son hoy en día considerados uno de los pueblos más perseguidos del mundo. Unas 150.000 personas que dependían de la ayuda humanitaria han quedado desasistidos desde que se inició la reciente operación militar que les impide el acceso y la ONU ha advertido que 3.000 niños malnutridos corren riesgo de morir de forma inminente.

En Bangladesh, las autoridades están devolviendo a los refugiados que llegan de Myanmar acosados por los ataques. Desde 1992, su política es no concederles asilo.

Durante una época, a raíz de los ataques de 2012, la única salida para los rohingya era ponerse en manos del tráfico de personas camino a Malaysia, donde en muchas ocasiones eran encarcelados en celdas de bambú y se les pedía rescate a las familias.

En pobreza extrema, marginados, masacrados y odiados por los birmanos, sin ciudadanía ni libertad de movimientos y rechazados en todos los países colindantes, los rohingya no tienen escapatoria. A no ser que San Suu Kyi decida de una vez dar un paso al frente para frenar la limpieza étnica y, de paso, estar a la altura que se presupone de un Premio Nobel manchado de sangre y silencio.


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