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Contra los genocidas: vuelve la ley que situó a España en la vanguardia del derecho internacional

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Gracias al principio de justicia universal, magistrados españoles han procesado a criminales como los de las dictaduras de Chile o Argentina. En 2009, con el PSOE, y en 2014, el principio fue modificado hasta quedar casi sin efecto, debido a tensiones diplomáticas con países como Israel, China o Estados Unidos

Rafa Martí

22 Febrero 2017 06:00

El Parlamento español dio ayer el primer paso para recuperar un principio jurídico del que España fue pionera y uno de los países más destacados: la justicia universal. En su nombre, jueces españoles han podido sentar en el banquillo de los acusados a genocidas y criminales de guerra de todo el mundo. Algunos de los casos más sonados fueron los juicios contra los crímenes de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Jorge Rafael Videla en Argentina.

La justicia universal, mutilada por PSOE y PP

Pero, en 2009, este principio se modificó. En enero de ese año, el abogado Gonzalo Boye interpuso una demanda contra Israel por el bombardeo de civiles en Gaza en el año 2002. Un mes más tarde, el estado hebreo presentó su malestar al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con mayoría parlamentaria, Zapatero modificó el principio de justicia universal meses después, limitando el ámbito de actuación de los jueces españoles a cuando hubiese víctimas de nacionalidad española.

El Gobierno de Zapatero (PSOE) negó que hubiese cualquier presión de Israel para modificar la ley. Entonces, los socialistas argumentaron que su decisión se basaba en no perjudicar los intereses diplomáticos de España con otros países. También expusieron que el principio de la justicia universal tenía sentido cuando no existían instancias como la Corte Penal Internacional.

A pesar de esto, España se había convertido en un refugio para las víctimas de decenas de dictaduras, genocidios y crímenes de guerra. La Audiencia Nacional y, sobre todo, el liderazgo del juez Baltasar Garzón, hicieron del tribunal uno de los más eficaces persiguiendo a criminales de todo el mundo.


Mientras hay varios países que reconocen una jurisdicción universal para sus jueces, con el objetivo que puedan perseguir este tipo de crímenes, España ha demostrado, hasta 2009, que era uno de los países que mejor sabía utilizarla —Gonzalo Boye, abogado



Laura González-Vera, viuda del funcionario de Naciones Unidas Carmelo Soria asesinado por el régimen dictatorial chileno, dice que el juez Garzón "puso en relevancia internacional" el proceso contra los crímenes de Augusto Pinochet. "La privación de los derechos humanos han costado miles de víctimas en España y en América Latina y estoy agradecida todos los días al juez Garzón por su determinación en tomar este caso".

Boye, el abogado, asegura por su parte: “Mientras hay varios países que reconocen una jurisdicción universal para sus jueces, con el objetivo que puedan perseguir este tipo de crímenes, España ha demostrado, hasta 2009, que era uno de los países que mejor sabía utilizarla”.

Sin embargo, la modificación de los socialistas en 2009 no fue la única. El Gobierno del Partido Popular (PP), de nuevo, con mayoría parlamentaria, redujo en 2014 la justicia universal a la mínima expresión.


El juez Baltasar Garzón

“De nuevo —enumera Boye— el caso de la flotilla de la libertad contra Israel, la acusación contra Estados Unidos por Guantánamo y contra China, por el genocidio del Tíbet impusieron nuevas presiones diplomáticas al gobierno del PP, que terminó de enterrar la justicia universal para complacer a sus socios internacionales.”

Así, desde 2014, los jueces españoles solo pueden juzgar a criminales y genocidas de nacionalidad española —sin importar las víctimas— o que hayan residido por un largo tiempo en España.

Una ley intocable, pero de intensidad dudosa

Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el grupo político que ha impulsado la iniciativa para recuperar el principio de justicia universal a como estaba antes de 2009, apunta: “Durante este tiempo, especialmente, desde 2014, ha aumentado la impunidad para este tipo de crímenes. Ahora que el Gobierno del PP no tiene mayoría parlamentaria es el momento de resucitar la justicia universal, y de enviar un mensaje a los genocidas del mundo de que no tienen garantías de salirse con la suya.”

La propuesta de ERC es una proposición de ley. Ayer, con la aprobación de la mayoría de la cámara —entre la que se encontraba el PSOE— pasará a ponencia: es decir, a una modificación de la ley. Esta incluirá enmiendas en los próximos meses y Tardà teme que el PSOE deje la justicia universal como cuando el Gobierno de Zapatero la cambió en 2009.


Nuestra intención, junto al resto de grupos progresistas, es devolver la justicia universal a como estaba antes de la modificación de 2009. Acabamos de abrir el melón y veremos adónde llegamos —Joan Tardà, diputado de ERC



“Nuestra intención —apunta Tardà—, junto al resto de grupos progresistas, es devolver la justicia universal a como estaba antes de la modificación de 2009. Acabamos de abrir el melón y veremos adónde llegamos. Dependerá de las negociaciones con el PSOE que lo logremos en su totalidad o que nos quedemos a mitad de camino.”

En todo caso, ya sea con las características anteriores a 2009 o con las posteriores, un PP sin mayoría parlamentaria no podría echar para atrás la nueva ley de ninguna manera, a pesar de nuevas presiones diplomáticas por casos que podrían ser reabiertos.

“Con esta nueva iniciativa y la futura modificación de la ley —concluye Boye— debería ser posible reabrir todos los casos. Todos los que yo llevaba fueron sobreseídos, lo mismo sucedió con otros. Soy bastante optimista con lo que pueda suceder en un futuro, aunque siempre quedará la duda de hasta dónde podrá llegar la recuperación de la justicia universal, más sabiendo que todo depende de un PSOE que en 2009 ya desvirtuó el principio”.

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